Doce legisladores colombianos siguen secuestrados

Mano dura de Uribe a las FARC cancela la posibilidad de diálogo

GEORGINA SALDIERNA Y BLANCHE PETRICH

El gobierno de Alvaro Uribe optó por exacerbar el conflicto armado que enfrenta Colombia desde hace décadas, al apostar por una derrota militar de las guerrillas, lo que alejó todos los mecanismos posibles para crear espacios de interlocución y gestión humanitaria para rescatar con vida a una docena de parlamentarios -todos del opositor Partido Liberal- que sigue secuestrada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), lamentó Juan Pablo Letelier, presidente de la comisión de defensa de los derechos de legisladores, de la Unión Interparlamentaria (Uip), quien mañana emitirá su resolución anual.

El grave caso de la vulnerabilidad de los legisladores colombianos acompaña las situaciones más extremas en el mundo, como los casos de Myanmar (donde hay un congreso disuelto, con más de 50 diputados que han sido detenidos, torturados y algunos asesinados), Zimbabwe (con más de 30 legisladores presos y torturados) e Israel, el único caso en el mundo donde un legislador fue detenido en su propio territorio por una fuerza extranjera y trasladado a otro Estado para ser juzgado. En estos cuatro países se encuentran los más graves cuadros de violaciones a los derechos humanos de los parlamentarios.

Juan Pablo Letelier, diputado socialista chileno, presidente de esta comisión, expresó la preocupación de la Uip por la "insuficiente acción" del gobierno colombiano para echar a andar mecanismos para rescatar a los parlamentarios secuestrados. "Esto -dijo- no es humanitario, democrático ni correcto". Bogotá -insistió- tiene la obligación de buscar por todas las vías, incluso el diálogo informal, para lograrlo".

El año pasado el secretario general de la Uip, Anders Johnsson, encabezó una misión a Colombia, entrevistándose con funcionarios y líderes de la oposición para explorar las posibilidades políticas que permitieran acelerar los contactos con las FARC, rescatar a estos parlamentarios y pedir que el Congreso colombiano incorpore en su agenda la discusión del tema.  No obtuvo respuesta. ''No pretendemos dictarle cátedra al gobierno colombiano sobre cómo enfrentar el conflicto armado, pero percibimos que en el país no hay voluntad política para enfrentar esta agenda", dijo Letelier.

Añadió que la vía militar elegida como estrategia por el gobierno para enfrentar el conflicto armado no deja espacios para establecer interlocución o gestiones humanitarias para el rescate. La vía "dura" de Uribe es respaldada por Estados Unidos, que tiene otros intereses en el conflicto.

Otro indicio de impunidad en estos casos es el hecho de que a pesar de que un tribunal señaló a Carlos Castaño, ex dirigente de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), como responsable directo de algunos atentados contra legisladores, el gobierno de Uribe no ha actuado contra él. "Ahora Castaño se disfraza de paloma de la paz; no le creemos".

El legislador chileno estuvo en misión de la comisión en Zimbabwe hace tres semanas. Describió la compleja situación en esa nación africana que en el marco de un conflicto de tierras muy grave sufrió en 2002 una ruptura institucional en el Congreso. Ahí las rivalidades políticas se dirimen quemando las casas del rival o arrojando a los techos tal cantidad de piedras que estas se colapsan. "Sin una tradición democrática, hace falta un largo aprendizaje de tolerancia política", concluyó.