El ex presidente intenta ocupar los vacíos dejados por las autoridades, advierte

Salinas y sus cómplices amenazan los intereses del país: López Obrador

Considera inaceptable que instituciones del Estado se sometan a caprichos de poderes informales

ANGEL BOLAÑOS Y ALFREDO MENDEZ

El ex presidente Carlos Salinas de Gortari sigue siendo una amenaza para los intereses nacionales, y su red de complicidades incluye a dirigentes de partidos políticos y personajes de otros sectores de la sociedad, aseguró el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, al advertir que el complot para impedir que su proyecto político y económico sea una verdadera alternativa en las elecciones de 2006 -sin importar el candidato que lo postule-, constituye un hecho gravísimo, "porque podemos, incluso, estar ante la subordinación de instituciones del Estado a poderes informales.

"No podríamos aceptar que instituciones federales se sometan a designios y caprichos de poderes informales. Si lo permitimos no habrá estado de derecho y los vacíos dejados por el poder legal y legítimamente constituido serán llenados por grupos políticos con propósitos facciosos", advirtió.

Al dar a conocer el texto con el que respondió ayer a la denuncia que inició en su contra la Procuraduría General de la República (PGR) por obstrucción de la justicia, tras hacer públicos documentos sobre las operaciones del ex secretario de Finanzas de la ciudad de México, Gustavo Ponce Meléndez, en Las Vegas y México, el mandatario capitalino pidió a la PGR que en el contexto de esta indagatoria pregunte al secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, por qué dejó transcurrir tanto tiempo desde que tuvo conocimiento de las operaciones financieras irregulares de Ponce, en agosto de 2003, para solicitar información al Departamento del Tesoro de Estados Unidos y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, qué motivó realmente solicitarla y qué tipo de datos requirió.

Dijo que se malinterpretó el propósito de la audiencia que solicitó al presidente Vicente Fox para darle a conocer su punto de vista sobre el complot y a cambio le respondieron con dos averiguaciones previas, lo que consideró un acto de arbitrariedad y cinismo por parte de la PGR.

El jefe de Gobierno acudió al mediodía a las instalaciones de la PGR para entregar el documento y regresó un par de horas después a la sede del gobierno capitalino, donde ofreció una conferencia.

En su discurso, recordó que desde su regreso al país, Salinas de Gortari opera políticamente "en la sombra y con sigilo", pero de manera intensa, y entre sus tantas maniobras se ofreció como operador del gobierno foxista para sacar adelante las reformas fiscal y energética.

Al definir al ex presidente como uno de sus principales adversarios políticos, junto con el senador panista Diego Fernández de Cevallos, López Obrador dijo que no olvida lo que representó el salinismo para el movimiento democrático del país: "en su gobierno no sólo se hundió económicamente a México, sino que los opositores padecimos acoso y persecución; nos arrebataron triunfos electorales y fueron asesinados cientos de luchadores de la sociedad".

Ahora, explicó, sus adversarios "están preocupados por la forma en que la gente acepta y respalda nuestro proyecto alternativo de gobierno, y temen que se convierta en una verdadera alternativa nacional en las elecciones de 2006, sea quien sea el candidato a la Presidencia de la República que postule dicho proyecto".

Describió la forma en que se dio la alianza del legislador y el ex presidente con el empresario Carlos Ahumada Kurtz, quien decidió vengarse al verse rechazado como constructor de obras para el Gobierno del Distrito Federal, pero sobre todo al enterarse de la denuncia que inició la Procuraduría General de Justicia capitalina contra sus empresas por el fraude que cometieron en la delegación Gustavo A. Madero. "Seguramente les ofreció información sobre Ponce y (René) Bejarano, (Carlos) Imaz y otros, y entre ellos acordaron, sin que sepamos hasta ahora a cambio de qué, llevar a cabo un plan de ataque en mi contra".

En el documento, dirigido a los habitantes del Distrito Federal y a la PGR, López Obrador argumentó en su defensa que como jefe de Gobierno es su responsabilidad velar por el bien de los capitalinos, defender y representar a las autoridades de la ciudad, informar a la población y hacer efectivos los derechos humanos. "Dada la gravedad del asunto, y de los personajes que tomaron parte en el complot, tengo razones suficientes para haber dado a conocer a la opinión pública información relacionada con Gustavo Ponce", indicó.

Refirió que abogados peritos en la materia, tanto independientes como del mismo gobierno de la ciudad, determinaron que actuó de buena fe y no violó ninguna ley.

Antes, en su conferencia de prensa matutina, el mandatario local hizo un cuestionamiento a la PGR por esta denuncia: "¿Y yo, por qué?", dijo, cuando fue la Secretaría de Hacienda o la misma PGR las que filtraron antes, de manera facciosa, la información sobre Ponce y advirtió que si la PGR no determina la denuncia penal que presentó esta contra Carlos Ahumada y Ponce por lavado de dinero, a efecto de agregar la acusación al expediente de extradición del empresario, prácticamente lo estaría exonerando.

El informe que entregó al agente del Ministerio Público de la Federación Mauricio Huato Orozco contiene un "anexo único" con un dictamen técnico jurídico en el que explica las razones por las que no puede ser acusado por el delito de obstrucción de la justicia, según la legislación vigente.

Ayer, en medio de una multitud de reporteros y curiosos, el jefe de Gobierno acudió 10 minutos antes del mediodía a las instalaciones de la Unidad Especializada para la Atención a Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales de la PGR para comparecer como testigo respecto a una de las dos averiguaciones previas que esa dependencia empezó la semana pasada.

Vestido con traje gris, el mandatario capitalino intentó ingresar a las instalaciones de la PGR en cuanto llegó a las mismas -en punto de las 11:50 horas-, pero le fue impedido el paso porque a toda costa se pretendía obtener alguna declaración.

De acuerdo con fuentes de la Subprocuraduría de Investigación de Delitos Federales de la PGR, el agente del Ministerio Público que encabezó la diligencia hizo 11 preguntas a López Obrador, en todas se le cuestionó sobre el modo en que obtuvo los documentos que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos entregó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a finales de febrero pasado y que posteriormente, a partir del 4 de abril, fueron remitidos a la PGR.

Los informantes agregaron que el jefe de Gobierno no quiso responder a los cuestionamientos y sólo indicó al agente del Ministerio Público Federal que esa información se encontraba en el informe que entregó por escrito.

Después de permanecer en las instalaciones de la PGR durante casi 2 horas, el mandatario capitalino salió del lugar, y entre empujones de los representantes de los medios de comunicación y agentes de seguridad privada abordó su automóvil Tsuru blanco placas 168 NWF sin dar declaraciones a los reporteros.

-¿Declaró algo, señor? -se le preguntó.

-No, no, ya hablaré en la oficina de gobierno.