Hay mexicanos que no tienen derecho a votar en ningún lado, ni en su lugar de residencia ni en su país natal. Mientras en México se discute si los connacionales que viven en el exterior pueden votar, en Estados Unidos se libra una batalla por lograr su derecho a sufragar a nivel local en varios estados, entre ellos en dos de los lugares donde viven muchos mexicanos –Nueva York y Los Angeles. Y así como van las cosas, quizá logren primero votar allá

Pagan impuestos, trabajan en la comunidad, hasta llegan a pelear en la guerra, pero no tienen derecho a elegir a sus autoridades locales, y por lo tanto, no tienen voz en las decisiones concernientes a sus escuelas, servicios públicos, transporte. Incluso no se les permite participar en las juntas escolares donde se toman decisiones que afectan la educación de sus hijos.

Son casi 20 millones de residentes en Estados Unidos que no son ciudadanos, de los cuales la mayoría es de origen latino.

Sólo existe un puñado de lugares que sí garantizan su derecho a votar y ser votados en elecciones locales, todos en el estado de Maryland: Chevy Chase Section Three (773 habitantes), Chevy Chase Section Five (641), Takoma Park (17 mil 299), Martin’s Additions (875), Barnesville (161) y Somerset (mil 124). Es un logro relativamente reciente, desde hace poco más de una década.

En Chicago se permite su participación en las juntas escolares. Hasta el año pasado también se les permitía en la ciudad de Nueva York, pero se suprimieron esas juntas.

No siempre fue así. Durante los primeros 150 años de vida de Estados Unidos como nación independiente los inmigrantes residentes de 22 estados tenían derecho a votar en elecciones locales e incluso federales. Era una consecuencia lógica del argumento esgrimido contra los ingleses: “No puede haber impuestos sin representación”, explica a Masiosare –vía telefónica– Ron Hayduk, profesor asistente de la City University of New York/Borough of Manhattan Community College y uno de los principales activistas en este tema.

Pero a fines del siglo XIX y principios del XX la oleada de inmigrantes provenientes de Europa del este y del sur asustaron a las elites políticas, tanto demócratas como republicanas, que los vieron como una amenaza potencial y decidieron acabar con el derecho a votar de quienes no tuvieran la ciudadanía. Esto tuvo un fuerte impacto en las urnas: en la elección presidencial de 1924 sólo votó el 49% de la población registrada en el padrón, antes la participación alcanzaba el 80%.

La constitución no prohíbe ni establece el derecho a votar para quienes no sean ciudadanos. Así que, en la práctica, cada estado puede definir si lo permite o no.

En el pasado hubo algunos intentos fallidos por restablecer este derecho. Hoy se reabre el debate con más fuerza gracias a las campañas a favor del derecho al voto en elecciones locales (no federales ni en materia de política exterior) para quienes no sean ciudadanos en los estados de Minnesota, Texas, Carolina del Norte, Connecticut y New Jersey, y en las ciudades de Nueva York, Washington DC, San Francisco y Los Angeles, California; Denver, Colorado; y Cambridge, Massachusetts (donde sólo falta la aprobación legislativa estatal), entre otros lugares.

En Nueva York, donde más de un millón de personas sin ciudadanía y en edad de votar podrían modificar la balanza electoral, hace unos días el alcalde Michael R. Bloomberg, dejó clara su oposición: “En el curso de los años ha habido mucha gente que ha luchado y muerto por el derecho al voto –para darnos a ti y a mí ese derecho–, y no creo que debamos alejarnos de ese concepto. Si quieres tener derechos plenos, conviértete en ciudadano”.

La respuesta la da, en entrevista telefónica, Jamin Raskin, profesor de ley constitucional en la American University y principal promotor de la campaña a favor del voto en Takoma Park: “Sí, muchos lucharon y murieron, pero muchos no eran ciudadanos, y murieron durante la lucha por la independencia y ahora mueren en Irak”.

Más allá de este razonamiento, en la práctica, el proceso para convertirse en ciudadano puede ser sumamente tardado y “tremendamente burocrático”, aclara Raskin, incluso puede tardar hasta 10 años.

La iniciativa no es algo excepcional: en unos 20 países se permite la participación en elecciones locales a quienes no son ciudadanos.

Takoma Park, ubicado a las afueras de Washington DC, es visto como modelo para garantizar la participación en todo el país de las personas que no son ciudadanos. De unos 17 mil habitantes, poco más de 3 mil no tienen ciudadanía. Es la población más grande en la que se les haya permitido votar.

El lugar fue nombrado ciudad “asilo” (sanctuary city) y ha recibido sobre todo a centroamericanos (especialmente de Guatemala y El Salvador). Hoy es el sitio donde un mayor número de migrantes no ciudadanos pueden sufragar, derecho aprobado el 31 de marzo de 1992. Votan por alcalde, miembros del ayuntamiento, en iniciativas y referéndums.

“La campaña fue fascinante”, cuenta Jamin Raskin, uno de sus promotores. “Hicimos una campaña educativa sobre la historia del voto de las personas sin ciudadanía y sobre quiénes eran los inmigrantes que obtendrían ese derecho; describimos el trabajo que hacen y las razones que podrían tener para no ser ciudadanos”. The Washington Post entrevistó a un corresponsal inglés que vivía en Estados Unidos desde 1976, que tampoco tenía derecho a sufragar.

“Nos dimos cuenta de lo fácil que es asustar a la gente; fue una campaña muy dura”, prosigue Raskin.

Y sí, los grupos antiinmigrantes intentaron “crear tensión”. Usaron el mismo argumento que ahora esgrime Bloomberg: hubo gente que murió por el derecho al voto.

Se realizó un referéndum el 5 de noviembre de 1991 para decidir el asunto. El “sí” ganó por un estrechísimo margen: mil 199 contra mil 107.

Diez años después de aprobado este derecho, según Raskin, “no se justificó el miedo de los opositores (decían, entre otras cosas, que provocaría una ola de inmigración hacia el pueblo) ni se cumplió con las expectativas de los que apoyaban la iniciativa”.

La participación electoral de la población general es baja, y de los que no son ciudadanos, un poco menor. Al principio, en algunos lugares de Maryland, la votación de los que no eran ciudadanos fue más alta. Pero en 2003, bajó la asistencia a las urnas. El diario Houston Chronicle reporta que ese año, de una población de 9 mil 832 electores, 494 no tenían ciudadanía pero sólo 14 votaron. Hayduk sugiere dos razones del fenómeno: el ambiente antiinmigrante post 11 de septiembre provocó miedo (“los migrantes no querían hacerse visibles”) y la falta de información: los nuevos residentes no sabían que podían votar.

Más allá de la baja participación en las urnas, para Raskin el derecho a votar tiene un “significado simbólico e instrumental”. Simbólico, porque se reconoce que no hay diferencias entre miembros de una comunidad.

Además, el éxito en Maryland ya ha llevado a que en otros lugares se quiera seguir su ejemplo.

En las ciudades de Washington y Nueva York, en cambio, sí representaría un cambio determinante.

En Nueva York, de la población en edad de votar (6 millones), casi un millón no son ciudadanos (predominantemente hispanos y asiáticos). “El impacto sería enorme”, dice Ron Hayduk.

“Hoy los políticos pueden darse el lujo de ignorar muchos asuntos relacionados con la inmigración, pero si se aprobara el voto, esto ya no sería posible”, subraya.

En la urbe de hierro, la campaña fue lanzada por la Coalición para Expandir los Derechos al Voto (Coalition to Expand Voting Rights), integrada por más de una docena de organizaciones, sindicatos, grupos comunitarios y representantes populares. Ahora, esa coalición y el ayuntamiento elaboran una iniciativa de ley que esperan presentar en los próximos meses.

La campaña ha tenido un bajo perfil, aseguran los organizadores: reuniones comunitarias para dar información y foros educativos. “Nos interesa aumentar la información del ciudadano común”, explica Hayduk, que colabora en la coalición. Y es que muchos estadunidenses ignoran que hasta los años veinte del siglo pasado todo residente tenía derecho a votar; muchos también desconocen que hay lugares donde esto ya es posible.

En el distrito de Columbia (de 535 mil 500 habitantes, 51 mil residentes no tienen derecho a votar –7 mil europeos, 10 mil asiáticos, 7 mil 500 africanos, 5 mil caribeños y cerca de 20 mil latinos) también se va a presentar una iniciativa de ley. La coalición en Washington realiza encuentros con líderes comunitarios de diversos orígenes –asiáticos, afroamericanos, latinos– a escala barrial y distrital, informa Mario Cristaldo, de la Coalición por el Derecho al Voto para todos los Residentes de DC.

A diferencia de Nueva York, en la ciudad de Washington el alcalde Anthony Williams ha declarado que está a favor de la iniciativa. El problema podría estar a la hora en que la iniciativa pase al Congreso, donde los republicanos podrían votar en contra.

A pesar de su relativo bajo perfil, las campañas en Nueva York y en la capital han permitido que el asunto se vuelva noticia nacional, propiciando que más personas se interesen en promover el voto en sus localidades, cuenta Ron Hayduk.

“Es por el interés de todos que los residentes se involucren en las actividades de la comunidad”, recalca Ron Hayduk.

“Es mejor enfrentar los problemas sociales de una manera no violenta en los salones de gobierno que violentamente en las calles”, argumenta Cristaldo.

“El asunto parece tener un poder político explosivo”, considera Raskin, “sin embargo, el derecho a votar no hará que la situación cambie de la noche a la mañana”. Será lento, como ocurrió con el sufragio de las mujeres, explica el investigador.

Así las cosas, quizá los mexicanos residentes en Estados Unidos logren primero votar en las elecciones locales antes de que puedan elegir a sus autoridades acá, en su país natal.