Para que tenga un buen funcionamiento
Urge reformar la Ley del Inmujeres: diputadas


Lo importante para que el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) tenga un buen funcionamiento, es trabajar en la reforma a la ley que lo constituyó y discutir de forma calendarizada los diferentes temas a los que se enfoca su trabajo, fue la conclusión a la que llegaron integrantes de la Comisión de Equidad y Género (CEG) de la Cámara de Diputados, con la presidenta de ese organismo, Patricia Espinosa, durante su comparecencia.

La Ley del Inmujeres, aseveró Diva Hadamira, presidenta de la CEG "adolece de muchas cosas que es necesario regular, como son los consejos consultivos, los consejos sociales, la junta de gobierno, las secretarías técnicas y ejecutivas, así como las atribuciones que tiene el instituto. Sentimos que lo urgente es la reforma que se está pidiendo a gritos porque todos los partidos políticos han coincidido desde la anterior legislatura en esta necesidad, este periodo no va a salir sin que se presente al pleno de la comisión y luego al pleno de la cámara para la aprobación del dictamen, llevamos muy buen avance"

En breve entrevista, la legisladora informó que se llegó a un acuerdo con Espinosa para reunirse periódicamente con objeto de "estar al tanto" de lo que se hace a favor de las mujeres.

Luego de que tanto grupos de la sociedad civil y consejeras de ese instituto mostraran su inconformidad por la serie de "anomalías" presentadas en el Inmujeres en los últimos años y ante el rechazo de la ratificación de Espinosa hecha por el presidente de la República, Vicente Fox, ésta fue llamada a comparecer ante las diputadas, quienes, en "intensa discusión" que duró tres horas, la cuestionaron acerca del manejo que se le estaba dando al instituto.
Se le pidió se trabaje en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 para que se incorpore la perspectiva de género, y vele por los intereses laborales de las trabajadoras de ese instituto, a fin de que no se violen sus derechos al contratar "agencias privadas que sustituyen su colocación y acceso al trabajo".

Fortalecer la institución, "reconociendo errores para su corrección de manera oportuna, pertinente y con voluntad política, generar mayor certidumbre en las acciones que realiza el instituto. Dialogar con las organizaciones de mujeres y los partidos políticos, así como promover una mayor armonización de las instancias estatales y municipales de las mujeres a través de una mayor vinculación del instituto".

De igual forma, añadió la diputada priista, se le requirió difunda los programas del Inmujeres a toda la población y la manera en la que pueden acceder a ellos. Diva Hadamira, dijo que aunque fue una comparecencia "muy complicada", en la que tanto legisladoras del PRI y PRD la increparon, Espinosa presentó un avance de las auditorías que le han hecho.

"La gran pregunta fue la salida de mucho personal... Marcela Lagarde pidió la recolocación de la discusión. Que nos sentemos periódicamente a evaluar y por temas, es tan compleja e intensa la situación del instituto que por ejemplo del lado de los recursos tenemos que entrar a detalle porque la presidenta nos entregó un archivo con una serie de información financiera donde el órgano mayor de Auditoría de la Federación la libera de cualquier problema, solamente nos faltan tres asuntos por solventar, trajo el documento donde están en proceso, pero eso no es suficiente porque cada uno de los partidos debemos revisar y luego hacer una valoración".

Evaluación de propuestas legislativas de PRD, PAN y PRI

De las tres propuestas de reforma a la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, la del PRD, es la que mejores aportaciones realiza, señalan integrantes del Consejo Consultivo del Inmujeres en un análisis entregado a la Cámara de Diputados.

La propuesta entregada por la legisladora perredista, Angélica de la Peña, el 9 de diciembre de 2003, "aporta una mejora", ya que propone entre otras cosas, incluir en la Junta de Gobierno del Inmujeres a dos representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Señala como facultad de la Junta de Gobierno la aprobación del Reglamento de Procedimientos y los apéndices administrativos que correspondan y señala el plazo de 120 días para su elaboración.

Establece un mecanismo de rendición de cuentas al determinar que quien presida el Inmujeres deberá someter a la Junta de Gobierno su informe anual y señala que quien ocupe la presidencia de ese organismo debe ser avalada por las dos terceras partes de los y las vocales de la Junta de Gobierno.

En tanto que la propuesta panista, expone el documento, "como reforma legal resulta inadecuada" pues imposibilita la transparencia, la vigilancia y el control, además de que "la concentración de un control casi total de la Presidencia, lo hace un modelo que implica una grave inequidad institucional".
La iniciativa de reforma presentada por la diputada panista Blanca Eppen Canales, el 4 de diciembre de 2003, presenta un modelo que "no corresponde a una lógica democrática, de rendición de cuentas y equidad institucional".
Por su parte, el PRI, a través de las modificaciones transmitidas por la diputada Consuelo Muro en la sesión del 21 de enero de este año, "no tienen carácter integral y se reduce a distintas propuestas sobre determinados artículos. Mantiene el principio de participación ciudadana y hace algunos señalamientos sobre la integración de la Junta de Gobierno".

Finalmente, el Consejo Consultivo del Inmujeres, concluye que el dilema enfrentado por este órgano descentralizado, es "optar por un modelo institucional que, en aras de una supuesta eficacia, adopte un sistema de naturaleza autoritaria que ponga en riesgo criterios de equidad y legalidad como son la rendición de cuentas y la participación ciudadana; o elegir un modelo de institución pública verdaderamente eficiente, con funcionarios públicos respetuosos de los marcos legales y valores democráticos, con mecanismos reales de vigilancia-control, transparencia y rendición de cuentas, dentro de un respeto profundo a la legítima pluralidad en un marco de unidad y que incluya la observación y la evaluación de las tareas gubernamentales y no únicamente la participación ciudadana en decisiones marginales". (Aleyda Aguirre)

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