Afirma que en la isla fue obligado a firmar documentos; su viaje, 舠de descanso舡

Arcipreste se reserva derecho a declarar; denuncia ante la prensa presiones cubanas

AGUSTIN SALGADO

Minutos después del mediodía, Enrique Arcipreste del Abrego fue presentado ante la rejilla de prácticas del juzgado 36 de lo penal, con sede en el Reclusorio Norte, presunto responsable del delito de fraude procesal.

Enrique Arcipreste 舑que ingresó al centro de readaptación social el pasado martes por la noche, después de haber sido deportado de Cuba舑 se apegó al artículo 20 constitucional, por lo cual se reservó su derecho a declarar ante las autoridades; sin embargo, durante el tiempo en que se imprimía el acta para las firmas correspondientes, respondió a las preguntas de los representantes de los medios.

Arcipreste del Abrego dijo que durante su estancia en Cuba fue encerrado en una 舠mazmorra durante 14 días舡, que fue 舠obligado a firmar documentos舡, que sus familiares recibieron llamadas telefónicas por parte de las autoridades de la isla para que lo convencieran a declarar que 舠conocía a un tal Ahumada舡 y que su estancia en el país caribeño fue por motivos 舠de descanso舡.

En momentos sonriente, en otros cabizbajo, el individuo que exigió una indemnización millonaria al Gobierno del Distrito Federal por el predio denominado Paraje San Juan se presentó ante el juez Enrique Gallegos vestido con el uniforme de los internos, escuchó las imputaciones en su contra y únicamente utilizó sus gafas cuando se le solicitó que reconociera su firma en documentales anteriores.

Afirmó ser comerciante de profesión, haber cursado hasta la preparatoria, tener 51 años cumplidos y no recordar ningún domicilio 舠al haberse mudado recientemente舡.

Además del personal adscrito al juzgado 36, en la diligencia estuvieron presentes el fiscal del Reclusorio Norte, Roberto Ibinarriaga, y el subprocurador de Procesos de la procuraduría capitalina, Rosendo Gómez Piedra.

Por su parte, Arturo Vázquez Ayala, abogado defensor de Enrique Arcipreste, asistió acompañado por más de 10 personas y adelantó que solicitarán la duplicidad de término ante la ley, por lo cual la situación jurídica de su cliente se determinará en 144 horas a partir del momento en que fue notificado el juez de la consignación.

Minutos antes de la diligencia, el litigante afirmó que Enrique Arcipreste es inocente de los delitos que se le imputan y que todo ha sido un 舠artificio creado por la procuraduría capitalina, que está al servicio del jefe de Gobierno舡.

Vázquez Ayala argumentó que la figura jurídica por la cual es procesado su cliente fue creada expresamente por la Asamblea Legislativa en contra de Arcipreste, y que además pretenden 舠aplicarla retroactivamente舡.

De acuerdo con el artículo 310 del nuevo Código Penal del DF se le impondrán de seis meses a seis años de prisión a quien 舠para obtener un beneficio indebido, para sí o para otro, simule un acto jurídico, un acto o escrito judicial o altere elementos de prueba y los presente en juicio, o realice cualquier otro acto tendiente a inducir a error a la autoridad judicial o administrativa舡.

Una de las acusaciones en contra de Enrique Arcipreste es haber alterado elementos de prueba e incluso falsificar la firma del actual secretario de Seguridad Pública, Marcelo Ebrard Casaubón, en un oficio apócrifo con fecha de 29 de marzo de 1993 舑año en que este último se desempeñaba como secretario general de Gobierno del Departamento del Distrito Federal, durante la administración de Manuel Camacho Solís舑, en el cual supuestamente se reconocía al padre del procesado como 舠único propietario del predio denominado Paraje San Juan舡.

Por último, el subprocurador Rosendo Gómez Piedra negó que la procuraduría actúe bajo las órdenes de la jefatura de Gobierno, y en torno al supuesto carácter retroactivo del delito explicó: 舠Hay delitos instantáneos, que son los que se consuman en el mismo momento de los hechos, y hay delitos permanentes o continuos. En este caso estamos ante un delito continuo, en que la violación a la ley es permanente. Durante varios años esta persona ha exigido un pago basado en documentos que se ha acreditado que son falsos舡.