Pronto, los policías del estado de Virginia, en la costa este de Estados Unidos, tendrán una nueva ocupación: detener a migrantes indocumentados.

Esta semana el departamento de policía de esa entidad anunció un “acuerdo tentativo” con el Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés), para detener a quienes se encuentren sin permiso de residencia en Virginia. Las capturas serán únicamente en casos especiales, dijo el jefe policiaco Steven Flaherty, pues no se planea “ninguna barrida de inmigrantes ilegales”, afirmó. Vaya consuelo.

Sin embargo, la decisión de las autoridades de Virginia es apenas una probadita de lo que viene, pues en el Congreso estadunidense se discute ya una iniciativa de ley que convierte a todos los policías locales de la unión americana en agentes de migración.

Se llama Clear Act y entre sus virtudes se encuentra la posibilidad de congelar fondos federales a las corporaciones locales que se nieguen a detener indocumentados.

La iniciativa ya provocó las protestas de los activistas por los derechos de los migrantes como la Fundación Mexicoamericana para la Defensa Legal (MALDEF, en inglés), que anunció una severa batalla legal pues el proyecto viola la Constitución estadunidense, y abre la puerta para que se multipliquen los abusos por motivos raciales contra los indocumentados, en especial los mexicanos.

El proyecto de permitir que las policías locales estadunidenses capturen a indocumentados no es nuevo, pues desde 1996 existe una ley que autoriza estas detenciones. Sin embargo, hasta ahora sólo dos estados, Florida y Alabama, han realizado esa práctica, y eso a partir de convenios firmados con el DHS.

Quién sabe cuál sea el destino de la Clear Act que por estos días encuentra un terreno más propicio para su aprobación, sobre todo por la paranoia antiterrorista que invade a Estados Unidos. Uno de sus principales impulsores, el senador republicano Saxby Chambliss, de Georgia, no se cansa de repetir que tres de los autores del ataque a a Nueva York en 2001 fueron detenidos por infracciones de tránsito y los policías locales los dejaron ir. “Hay que aprobar la iniciativa para detener a los malos”, insiste el congresista quien casualmente olvida que los terroristas de las Torres Gemelas tenían permiso de su gobierno para permanecer en Estados Unidos.

Qué importa. En tiempo de elecciones, cualquier indocumentado es un buen maloso. Y la pretendida lucha contra esos malosos da votos.
 

GRACIELA MIJARES*

El grupo de ciudadanos que apoya a la Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales del Pasado, tiene prietitos en el arroz, ya que entre ellos hay quienes dicen ser militantes de izquierda y decidieron ponerse al servicio de los intereses de las minorías. El caso tal vez más representativo es el de Ramón Sosamontes Herreramoro, quien recién abandonó el Partido de la Revolución Democrática (PRD), envuelto en un escándalo de corrupción.

Otros casos son los de Mario Ramírez, responsable del Programa de Participación Ciudadana y Vinculación Institucional, y Vicente Estrada, miembro del Comité de Apoyo, quienes viajaron a Washington con el fiscal Ignacio Carrillo Prieto para rendir su testimonio como ex militantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre y del Partido de los Pobres ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), para convalidar la actuación de la Fiscalía en el caso de los detenidos-desaparecidos mexicanos.

Ramírez y Estrada hicieron equipo con Carrillo Prieto para mostrar que se investiga a fondo, en contra de los familiares de los desaparecidos, quienes sostienen que las averiguaciones están mal integradas, que la Fiscalía se niega a escalar la cadena de mandos en la comisión de los delitos, a realizar diligencias, a citar al ex secretario de Gobernación y ex presidente Luis Echeverría, al general Miguel Angel Godínez, que le dan largas, etcétera.

Ramón Sosamontes, ex militante del PMT, el PSUM y el PRD, fue contratado por la Femospp. Sosamontes fue delegado en Iztapalapa, donde favoreció a las empresas de Carlos Ahumada.

La relación entre Rosario Robles, entonces secretaria general del gobierno del Distrito Federal y Carlos Ahumada nació en 1999, en la inauguración de un dique de contención en la delegación Iztapalapa, en ese entonces a cargo de Sosamontes.

De acuerdo con el relato del ex jefe delegacional, Robles y Ahumada sostuvieron sus primeras pláticas durante ese año y de ahí se derivó una relación de funcionario-empresario.

Respecto a Ahumada, Sosamontes lo considera “un empresario que ha actuado bajo los mismos cánones que otros empresarios mexicanos. Es decir, apoyan campañas de uno u otro partido a cambio de recibir beneficios posteriores”.

Un Sosamontes inquieto, nervioso, aceptó que meses después de haber tomado posesión Imaz como delegado en Tlalpan, acudieron a un encuentro en la oficina del funcionario perredista.

“Yo fui con Juan Guerra, es cierto, Rosario llegó con Ahumada, luego entramos y ahí Imaz nos recibió. Y ahí fuimos testigos de algo que no habíamos visto antes, la entrega del dinero a Imaz. Ahí vimos cómo Ahumada le pide a entonces delegado que le pagaran el donativo con obras y dos carteras administrativas”.

Coincide con Imaz en que también recibieron donativos de precampaña los ahora jefes delegacionales de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Azcapotzalco, Tláhuac, Xochimilco y Coyoacán, vía el ahora ex líder de la ALDF, René Bejarano.

¿Tienen autoridad moral?

Me pregunto qué autoridad política y moral pueden tener quien trafica con influencias y recursos de la población.

Sosamontes, Estrada y Ramírez fueron contratados porque no tienen escrúpulos, precisamente para intentar controlar y desviar la demanda de los familiares. Para dividirnos. Vergonzante la tarea de la Fiscalía que en las oficinas del estado de Guerrero promueve créditos, proyectos productivos, becas, a través de Vicente Estrada. ¿Nos preguntamos a cambio de qué o con qué propósito? Son viejos métodos corporativos, de cooptación y exclusión. Así, ellos trabajan también para la impunidad.
 

*Graciela Mijares fue compañera de Ignacio Salas Obregón, fundador de la Liga Comunista 23 de Septiembre, desaparecido en abril de 1974.