Una petición de juicio político que no ha prosperado

Antonio Echevarría Domínguez ganó la gubernatura de Nayarit en 1999, bajo las siglas de una coalición que integraron PAN, PRD y PT, aunque hizo su carrera política con el PRI desde mediados de la década de 1970. Es dueño del Grupo Empresarial Alica, que incluye concesionarias de Coca-Cola, Chrysler, Volkswagen y TV Azteca, además que posee gasolinerías, inmobiliarias, hoteles y ganaderías, entre otros variados negocios.

Durante su larga estadía en el PRI Echevarría Domínguez fue alcalde suplente de Tepic, la capital nayarita (1976-78). Ocupó la Secretaría de Finanzas con los gobernadores Rogelio Flores Curiel (1976-81) y Emilio M. González (1981-87), y durante los dos primeros años de la administración estatal que encabezó Rigoberto Ochoa Zaragoza (1993-1999) estuvo al frente de la Secretaría General de Gobierno.

Cuando el PRI lo descartó como sucesor de Ochoa Zaragoza, lo acogió en 1999 la citada alianza partidista pero en 2000 se afilió al PAN, lo que le ganó el repudio de los perredistas, quienes sin éxito han intentado procesarlo por presunto desvío de fondos.

A su vez, el PRI le ha imputado enriquecerse al amparo de los gobiernos emanados del tricolor. Entre las acusaciones priístas han figurado supuestas mentiras en cuanto a sus bienes pues durante noviembre de 1999, en la declaración patrimonial que presentó dos meses después de que asumió la gubernatura, Antonio Echevarría dijo ser poseedor de 17 inmuebles pero en el Registro Público de la Propiedad constaban 86.

El 18 de septiembre de 2002, cuando se instaló la actual Legislatura de Nayarit, de mayoría priísta, la bancada del PRD solicitó juicio político contra el mandatario, por "actos de corrupción, desvío de recursos, compras sin licitación y contratación ilegal de parientes y compadres en puestos públicos". A esta querella se sumó el PRI el 20 de enero de 2003; sin embargo, al momento el procedimiento no ha prosperado.

REDACCION ESTADOS