Pendientes, recursos de revisión de terceros perjudicados

La resolución debe ser invalidada, afirma la abogada de Arcipreste

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

Antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva los recursos de revisión que interpusieron terceros perjudicados que se ostentan como dueños del Paraje San Juan, deberá tomar en cuenta el anuncio que dio a conocer ayer la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) respecto a que el predio en litigio es propiedad federal y no de Enrique Arcipreste del Abrego, coincidieron en señalar funcionarios del Poder Judicial y Adolfo Treviño Garza, presidente de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México.

En tanto, Cristina Padilla, abogada de Arcipreste, aseguró que la resolución que dio a conocer la SRA debe ser invalidada porque ''en ningún momento fuimos citados a comparecer como representantes legales del poseedor del predio, para manifestar lo que a su derecho corresponde, y la ley establece que se nos debió haber notificado''.

Para los jueces de distrito consultados, el asunto debe ser resuelto por el máximo tribunal del país de manera integral. Es decir, debe ser revisado al mismo tiempo el análisis de la queja que en su momento presentó el gobierno capitalino contra la resolución judicial que le obligaba a indemnizar a Arcipreste, los incidentes de revisión relativos a los otros terceros perjudicados que no habrían sido tomados en cuenta durante el juicio de expropiación, y el supuesto de que la Federación es la legitima propietaria del Paraje San Juan.

En tanto, Treviño Garza indicó que la juez octava de distrito en materia administrativa, Gabriela Rolón -quien en octubre pasado otorgó un amparo a Arcipreste, tras reconocerlo como legítimo propietario del Paraje San Juan, y por ello ordenó al gobierno capitalino que lo indemnizara con mil 810 millones de pesos-, no tenía necesidad de haber ordenado una investigación por su cuenta para detectar si aparte del quejoso había otros presuntos propietarios del terreno o si la Federación es la legítima dueña.

Aclaró que la juzgadora no tenía manera de haber conocido -durante el juicio de garantías que desahogó el año pasado- que el predio en litigio era propiedad de la nación, simplemente porque lo acaba de descubrir hace unos días la SRA.

''Su única obligación era desahogar las pruebas que constan en autos (expedientes) y que las partes incluyeron durante el juicio'', puntualizó el abogado litigante.

Treviño Garza refirió que al máximo tribunal del país le corresponderá "determinar si es legal la actuación del gobierno federal en relación con el procedimiento que siguió para determinar que se trata de un predio propiedad de la nación y no propiedad privada, y en el supuesto de que se confirme eso (los presuntos propietarios del predio) podrían iniciar un juicio contradictorio para intentar demostrar sus posibles derechos de propiedad''.

Por su parte, la abogada de Arcipreste dijo en entrevista que no le sorprendió el oficio que la SRA ya envió a la Procuraduría General de la República (PGR), porque ''estamos como en una guerra'' en donde todo parece indicar que el gobierno federal ''acaba de hacer un milagro para salvar al jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador''.

Aseguró que hasta el momento no conoce la resolución de la SRA, por lo que no descartó que ''el milagroso descubrimiento que hizo la Federación haya salido, en estos momentos de turbiedad política, para salvar a alguien, pero Ƒa cambió de qué?'' La abogada -experta en asuntos de índole agrario- indicó que existe la posibilidad de que la SRA haya inventado documentos oficiales, aunque para cerciorarse dijo que solicitará copia de los oficios.

Interrogada respecto a qué interés tendría el gobierno federal en apoyar a López Obrador, si es su contrincante político, Padilla respondió que aunque no cuenta con pruebas para opinar con fundamento, ''no se nos debe olvidar que entre gobernantes hay intercambios de favores y seguramente hubo algún acuerdo''.