Para la Afadem, la autoridad lo único que hizo fue asumir correctamente su obligación

La negativa de amparo a Nazar, un pequeño paso para la justicia: ONG

Rechazan que se aplique una ley de amnistía a los responsables de la guerra sucia

Defensores de derechos humanos consideraron como un "un pequeño paso para la justicia" la negativa del juzgado quinto de distrito en materia penal, con sede en Monterrey, Nuevo León, de conceder un amparo a Miguel Nazar Haro, ex titular de Dirección Federal de Seguridad, acusado del delito de privación ilegal de la libertad de uno de los fundadores de la Liga Comunista 23 de Septiembre, Ignacio Arturo Salas Obregón, desaparecido en 1974.

Julio Mata Montiel, secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos (Afadem), consideró que si bien resulta importante juzgar a uno de los responsables de los crímenes cometidos durante la llamada guerra sucia "la negativa para otorgarle un amparo tampoco resulta un hecho extraordinario, porque lo único que hizo la autoridad judicial fue asumir correctamente su obligación".

El problema más grave en la procuración de justicia, agregó, es que las investigaciones y la presentación de responsables ante las autoridades únicamente llega a unos cuantos, mientras los autores de estos hechos "siguen en la impunidad, como el ex presidente Luis Echeverría Alvarez y todo el aparato de Estado que hizo posible la comisión de crímenes de lesa humanidad, y que aún son intocables".

En entrevista por separado, Alejandra Ancheinta, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, destacó que si bien la negativa para conceder amparo a Nazar Haro es una "actuación apegada a derecho, aún enfrentamos serias carencias en el sistema de justicia mexicano para poder procesar a todos los responsables de las violaciones cometidas durante la guerra sucia".

La actuación de las autoridades judiciales, afirmó, es un primer paso que debemos evaluar con cautela ante un ambiente jurídico inadecuado, que no facilita el acceso a la justicia de las víctimas ni a sus familiares, lo que ha permitido que muchos responsables de estos delitos no sean juzgados.

Las organizaciones defensoras de los derechos humanos manifestaron su rechazó a la posibilidad de que se aplique una ley de amnistía que beneficie a los responsables de la guerra sucia, que violente el derecho a la justicia y la verdad que tienen las víctimas y sus familiares.

Señalaron que las declaraciones del titular de la Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, Ignacio Carrillo Prieto, quien consideró "loable" la propuesta del secretario de la Defensa Nacional, Clemente Ricardo Vega García, de aplicar una ley de amnistía para buscar la reconciliación de los ciudadanos con el Ejército, indica "un profundo desconocimiento de los criterios internacionales respecto a las leyes de amnistía".

Las organizaciones indicaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera estos marcos normativos "incompatibles con los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos", ya que contravienen las leyes y conducen a la indefensión de las víctimas y a la "perpetuación de la impunidad".