GARROTES Y ZANAHORIAS

Hay suficientes razones para justificar la intervención del Estado en la vida económica, pero nada garantiza que aquélla sea por sí misma eficiente. No es posible suponer que la acción de las instituciones públicas, por el mero hecho de serlo, tendrán éxito ahí donde los mercados fallan. Las intervenciones estatales, que a menudo son mal diseñadas y ejecutadas, pueden crear más problemas económicos de los que resuelven. Y en México tenemos una larga experiencia al respecto.

Todo lo anterior suscita directamente el tema de la calidad de las instituciones y las políticas públicas. A la luz de la experiencia mexicana, hay al menos dos aspectos generales a considerar. Uno es la sinergia institucional. Un sistema de instituciones no homogéneas, en el que el Poder Judicial o la administración tributaria sean deficientes, en tanto que otras áreas del poder público alcancen incluso la excelencia (como tanto gustan de percibirse a sí mismas en México algunas áreas financieras del Estado), no es seguro que esté en condiciones de mejorar su oferta de "externalidades" positivas y costos de transacción reducidos que de él esperan los agentes económicos. En este sentido, la calidad se refiere al conjunto del sistema institucional, a su arquitectura misma, y no solamente a uno o algunos de sus componentes particulares. Y se refiere también a sus "productos", es decir a las políticas públicas y a los servicios que ofrecen las instituciones en cumplimiento de su mandato legal.

El segundo aspecto tiene relación con la capacidad de las instituciones para cumplir sus propios mandatos y además hacer cumplir las leyes, los reglamentos. Este es un asunto sustantivo que se vincula con los mecanismos de control interno de las instituciones y con la fiscalización externa a ellas, así como con los recursos materiales, humanos y financieros con los que cuentan efectivamente para llevar a cabo su labor. En este punto radica el problema mayor de un diseño institucional eficiente y de la calidad de la intervención estatal en la economía: ¿qué arreglos institucionales pueden garantizar que el Estado haga lo que debe hacer al tiempo que también encuentre limitaciones que le impidan hacer lo que no debe? La respuesta a esta cuestión de gran actualidad en el país está, en una medida muy importante, en la transparencia y la eficacia de los sistemas de rendición de cuentas y de contrapesos entre los poderes instituidos. En este sentido, el funcionamiento efectivo del aparato de justicia es un factor de especial relevancia. Por desgracia, en México abundan las evidencias de la "imperfección" (llamémosla de algún modo) de ese aparato.

De acuerdo con este enfoque, la acción económica del Estado debe ser limitada (lo que, por cierto, no equivale necesariamente a ser reducida) por medio de un conjunto de mecanismos políticos y legales que induzcan la formulación y ejecución de políticas públicas adecuadas para impulsar y promover el desarrollo. Tales mecanismos deben impedir que las políticas públicas sean desviadas de la prosecución de objetivos colectivos para el beneficio de grupos de interés particulares. Es por ello que se afirma que la calidad de la intervención económica del Estado depende en última instancia de la calidad de la democracia.