Comisión senatorial demanda reducir trámites

Sin escrituras, más de la mitad del territorio del país

Se deben destinar recursos a legalizarlos: legislador panista

ANDREA BECERRIL

Más de la mitad del territorio nacional, un millón 150 mil kilómetros cuadrados, no están legalizados, lo que significa que no tienen documentos que garanticen el título inmobiliario de propiedad, y ello motiva situaciones conflictivas como los casos del Paraje San Juan y de El Encino, advirtió el presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial, Francisco José Fernández de Cevallos.

El senador panista dijo que se trata de "un lastre que se padece de toda la vida", que impide el cobro de impuesto predial y requiere una solución urgente, que en primera instancia sería actualizar el catastro nacional, además de reformas legales encaminadas al reordenamiento territorial.

Dijo que hay miles de asentamientos irregulares en las grandes ciudades, entre ellas el Distrito Federal, donde las familias se han asentado en terrenos comunales, ejidales o pequeñas propiedades desde décadas atrás, otras más recientemente, sin que se les pueda sacar de ahí, ya que se trata de personas de buena fe que no tienen donde vivir.

Fernández de Cevallos hizo notar que además de las deficiencias en varias leyes en la materia, otro elemento que agrava la situación es la falta de recursos de la Secretaría de la Reforma Agraria para levantar el inventario nacional de bienes, lo que acabaría con la duplicidad de dueños presentada, por ejemplo, en el predio El Encino o el Paraje San Juan, este último que resultó "a fin de cuentas propiedad de la nación".

Se requiere, detalló, la modernización absoluta de los catastros, de los registros públicos a escala estatal y municipal, y para ello los congresos locales deberán expedir las legislaciones respectivas, con el objetivo de legalizar los terrenos en cada región, toda vez que un obstáculo para escriturar las propiedades es el elevado número de trámites burocráticos.

Por lo pronto, la comisión que él encabeza tramita ante las autoridades hacendarias que se otorguen a la Reforma Agraria los recursos financieros necesarios para la actualización del Registro del Catastro Nacional, además de promover las reformas legales requeridas.