Ojarasca 86  junio 2004


Hacía mucho que ninguna corporación policiaca de México se daba el gusto de torturar a placer a un gran número de personas como las detenidas arbitrariamente en las calles de Guadalajara la última semana de mayo. Que los desmanes policiacos (no sólo la represión y los gases) fueran tolerados por la sociedad tapatía, apenas aludidos por la mayor parte de los medios, y premiados con sonrisas y honores por el impresentable gobernador panista de Jalisco y su camarilla de gerentes cristeros, habla de un alarmante retroceso en la cultura de los derechos humanos. Esa que con tantos trabajos, penalidades y hasta muertes se ha venido construyendo en México en los pasados veinte años.
Con los gobiernos panistas último modelo ya se puede desnudar, vejar, fingir violar o violar a “revoltosos y revoltosas”, además de las “usuales” golpizas, descargas eléctricas y torturas psicológicas. Eso, con los toques de queda para los jóvenes y el uso faccioso del sistema de justicia, nos regresa de golpe al diazordacismo-echeverrismo, pero con un ingrediente de fascismo conosureño que no fue habitual en los como quiera muy “nacionalistas” cuerpos represivos del pasado.
Las sociedades “educadas” en la televisión comercial y fanatizadas en el frenesí del consumo son el mejor caldo de cultivo para la indiferencia. Parece ser el caso de Guadalajara, y de otras capitales y ciudades de la República gobernadas por el partido de presidente Vicente Fox.
Recordemos que el propio Estado priísta, ya en su etapa neoliberal, se vio obligado a establecer la figura de ombudsman y dotarlo de una Comisión Nacional de Derechos Humanos, supuestamente autónoma pero más paraestatal que las paraestatales. Esto, sin negarle algunos aciertos en materia de justicia y reconociendo que la CNDH dio aval a la defensoría de derechos humanos en todo el país, y los organismos civiles se convirtieron en parte del paisaje social. Sus promotores y abogados, aun incómodos, pocas veces eran “suprimibles” por sus enemigos (como Digna Ochoa y algunos otros). Aquí no es Guatemala, nos acostumbramos a suponer. Estos organismos independientes de denuncia y defensoría han operado con loables resultados.
De manera destacada, los derechos de los indígenas, parias de nuestra historia, ganaron un espacio y una legitimidad que las leyes (y quienes las redactan y aprueban) se niegan a reconocerles, pero ya son ineludibles.
En un giro inesperado, la CNDH se convirtió a últimas fechas en fiscal y perseguidor de... defensores de derechos humanos adscritos a la Comisión que preside José Luis Soberanes. Las “descalificaciones” oficiales a Guadalupe Morfín (comisionada especial para investigar los crímenes de Ciudad Juárez) y Pedro Raúl López Hernández (ombudsman chiapaneco nada grato para el gobierno estatal) ponen la forma sobre el fondo; la obediencia a la “necesidad” política del poder por encima de la protección —omitida en ambos casos— de los derechos humanos de la población.
No es casual que la política de los políticos esté cada vez más a cargo de personalidades peligrosas por su frivolidad: la consorte presidencial y precandidata idem; el diputado fraudulento, boxeador fraudulento y empresario fraudulento que “juega” a vedette en Big Brother cada noche en cadena nacional; el gobernador morelense que puede nadar en el fango y salir airoso con su cara de boy scout y su inmoral “helicóptero del amor”; el senador de la República y abogado gesticulador de todos los poderosos que requieren su tráfico (con fuero) de influencias.
Grave es que la sociedad mexicana tolere a esta gente como sus “representantes”. Algo se corrompe y ya hiede. El olvido paulatino de las garantías individuales y la ligereza ante violaciones flagrantes son un síntoma. Aún es tiempo de detener la barbarie ultraderechista. Su ascenso es un auténtico foco rojo. Hay que hacerle caso.
umbral

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