La Procuraduría General de Justicia de Chihuahua dio a conocer ayer el inicio de una investigación interna a 54 de sus funcionarios y ex funcionarios que podrían tener responsabilidades penales o administrativas en los asesinatos de mujeres que ocurren en esa localidad fronteriza desde hace una década o que habrían podido obstruir, por negligencia o con dolo, la procuración de justicia. Se trata de ocho fiscales, 21 agentes de la Policía Judicial estatal, dos funcionarios de Averiguaciones Previas, siete agentes del Ministerios Público, 12 peritos y cuatro subagentes, de una lista de 81 empleados públicos señalados por la fiscalía especial que investiga los feminicidios.

Aun si se concede el beneficio de la duda al procurador estatal, Jesús Antonio Piñón, y a sus propósitos de iniciar, de una vez por todas, el esclarecimiento de los centenares de homicidios, es inevitable dudar que la procuraduría chihuahuense sea capaz de investigarse a sí misma -por medio de su contraloría interna, según informó ayer el propio Piñón-, habida cuenta de la extensión de la red de ineficiencias y complicidades policiales que ha hecho posible la comisión, hasta ahora impune, de asesinatos atroces de mujeres a un promedio mensual de más de tres, en un lapso de diez años.

La participación activa de grupos policiales en esa actividad criminal es más que una ocurrencia. Diversas investigaciones independientes realizadas por organismos no gubernamentales y por periodistas llegan, una y otra vez, a la misma conclusión: el estado de violencia asesina que priva en Ciudad Juárez contra mujeres -en su mayoría jóvenes, trabajadoras y de escasos recursos- tiene en la descomposición de las corporaciones policiales uno de sus componentes más importantes, si no el más. Por ello, cualquier pesquisa adicional emprendida por la procuraduría estatal carece de credibilidad desde el principio y cuenta, en cambio, con grandes probabilidades de culminar en una nueva acción de encubrimiento.

Desde otra perspectiva, los datos recabados por la fiscal especial para los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, María López Urbina, quien señaló a 81 elementos policiales en activo o dados de baja como presuntos responsables, por acción u omisión, en los asesinatos o en la imposibilidad de esclarecerlos, obligan a preguntarse por la responsabilidad de los jefes policiales, los procuradores estatales, los gobernadores y los presidentes de la República que, en sus respectivas administraciones, han sabido de la sostenida serie de homicidios en la ciudad fronteriza y no han movido un dedo para impulsar el esclarecimiento de los crímenes y ni siquiera para detener la indignante serie de asesinatos.

Como señaló recientemente el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, es inevitable señalar al Estado mexicano en su conjunto por su incapacidad para proteger la integridad física y la vida de esas mujeres que, en su mayoría, fueron torturadas, violadas y mutiladas, y por su falta de interés para detener los feminicidios de Ciudad Juárez. ¿Cuántas muertas más se necesitan para que las autoridades federales, estatales y municipales pasen de las palabras a los hechos, lleven a juicio a los asesinos y sus cómplices, sancionen a los funcionarios indolentes, pongan un alto a los crímenes y terminen de una vez por todas con este motivo nacional e internacional de dolor, rabia y vergüenza?