El gobierno incumplió disposiciones normativas en varias dependencias estratégicas

Detectan irregularidades por $77 mil 682 millones en el ejercicio presupuestal 2002

Diputados recomiendan aplicar auditorías especiales a IPAB, Cofetel y Consar, entre otros

ENRIQUE MENDEZ Y ROBERTO GARDUÑO

El saldo del ejercicio presupuestal del segundo año de gobierno de Vicente Fox Quesada presentó incumplimiento de disposiciones normativas por un valor de 77 mil 682 millones de pesos al no recuperar anticipos, adeudos y fianzas; omisión de recursos a reintegrarse a la Tesorería de la Federación; pagos improcedentes o en exceso; inversiones ociosas; falta de autorización o justificación de erogaciones; falta de aplicación de penas y sanciones; falta de comprobación de pagos; adjudicaciones fuera de norma; omisión de retenciones o entero de impuestos y omisión de cobro por servicios.

Las conclusiones y recomendaciones derivadas del análisis al informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública 2002, que junto a la cuenta pública de 2001 deberá ser aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados en el próximo periodo ordinario de sesiones, manifiesta que las auditorías de desempeño y especiales revelaron que entidades con "funciones estratégicas para el desarrollo del país no han cumplido satisfactoriamente sus objetivos".

Esa denuncia cobra relevancia porque si bien esas dependencias no tienen asignadas partidas presupuestales elevadas, constituyen elementos fundamentales para el éxito de las políticas públicas específicas, y en ese grupo se encuentran la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Nacional Financiera (Nafin), el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), la Comisión Nacional de Competencia, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

El documento resalta: "En específico se considera relevante insistir en la práctica de auditorías especiales que permitan conocer el nivel de cumplimiento de los objetivos de la CNBV, el IPAB (Instituto de Protección al Ahorro Bancario), Banxico (Banco de México), Cofetel, Instituto de Evaluación Educativa, CRE, Comisión Federal de Competencia, Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). En otro nivel, evaluar programas estratégicos como el de recaudación del Sistema de Administración Tributaria (SAT); verificar el desempeño de organismos de fomento y programas estratégicos en entidades como Nafin, Bancomext, Banobras, Sagarpa, Energía, Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Secretaría de Economía, Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) y Salud; y analizar grandes organismos ejecutores como Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Luz y Fuerza, Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado y Caminos y Puentes Federales (Capufe)".

También, por su naturaleza y efectos sobre las finanzas públicas nacionales, destacaron algunas auditorías en el proceso de revisión de la cuenta pública 2002, como en el proceso de desincorporación de Aseguradora Hidalgo; la enajenación, fusión y capitalización de BBVA-Bancomer; la evaluación del ejercicio del sector presupuestario; la auditoría de desempeño a Bancomext, el proceso de desincorporación del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Banasi) y Banrural; la situación y operaciones financieras de Banobras; el desempeño de la Consar; el proceso de liquidación de las empresas del sector azucarero; los programas de capitalización y compra de cartera, el programa de apoyo a ahorradores de la banca, la emisión de bonos de protección al ahorro; el fideicomiso Transforma México, y la evaluación de desempeño del SAT.

Sobre este último punto, "fue evidente la preocupación sobre los resultados de algunas auditorías, en particular las tres auditorías de desempeño practicadas al SAT, a la Consar y al Banco de Comercio Exterior, las cuales concluyeron que los objetivos de las tres entidades no han sido cumplidos a satisfacción, así como las realizadas al IPAB en materia de rescate bancario, y las practicadas a Banobras en relación al rescate carretero".

De acuerdo con los análisis realizados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Comisión de Vigilancia ordenó llevar a cabo un seguimiento puntual de las acciones para mejorar la eficiencia de Bancomext, fundamentalmente la estrategia de asignar crédito a las grandes empresas de exportación e importación y reducir la asignación crediticia a la pequeña y la mediana empresa.

Sobre el polémico tema de los fideicomisos, la ASF, por orden de la Comisión de Vigilancia y de la Unidad de Evaluación y Control, deberá evaluar los elementos jurídicos legales para formular una propuesta en materia de rendición de cuentas de los fondos y fideicomisos que, constituidos con recursos públicos, realicen actividades privadas y que, mediante la figura del secreto fiduciario, niegan la información para ser fiscalizados: "En estos casos se encuentran los fideicomisos creados para administrar los recursos de los ingenios expropiados, el fideicomiso Isosa, y los fideicomisos financieros creados al amparo del Programa de Capitalización y Compra de Cartera, cuyo fiduciario es el Fobaproa".

Sobre el particular, se considerará la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que "dentro del orden constitucional de los artículos 74, fracción IV, y 73, fracción VIII, de la norma fundamental, se desprende que las cuestiones de revisión de cuenta pública, por regla general, no interfieren directamente derechos de particulares; sin embargo, cuando excepcionalmente así acontezca debe concluirse que el interés resguardado por el secreto fiduciario no es oponible a dichas facultades, tal y como acontece cuando deudas privadas se convierten en deuda pública".