Antecedentes

El municipio de Huitiupán (en náhuatl significa lugar de templo grande) se ubica en la región norte de Chiapas y limita con el estado de Tabasco y con los municipios chiapanecos de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Sabanilla, Simojovel y Amatán. Ha sido una región productora de ganado, algodón, café y maíz. Especialmente en las fincas de café se mantuvieron durante décadas a los acasillados indígenas en condiciones de humillación y explotación.

En la década de los 80, cuando se pretendía inundar el municipio de más de 24 mil hectáreas de superficie, éste contaba con alrededor de 16 mil habitantes de los cuales el 80 por ciento era indígena, principalmente tzotziles y en menor medida choles y zoques. El ejido de Huitiupán fue dotado de sus tierras ejidales por una resolución presidencial en 1938.

Entre la fauna se encontraba el mapache, tepezcuintle, ardilla, tuza, nutria, tucán, venado, loro, cotorra, clarín, tórtola, coral, iguana, tortuga plana, tortuga cocodrilo, zopilote rey, armadillo, jabalí, murciélago, puerco espín, tejón y tlacuache. Entre la flora, ceiba, cedro, caoba, hormiguillo, ocote, amate, jumba, palo de danta, guanacastle, mirasol, jopi, entre otros muchos.

Entre 1961 y 1963, personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizó los estudios geológicos para el proyecto de la presa Itzantún. La CFE quiso contratar a trabajadores de la comunidad pero tuvieron miedo, decían que la montaña "tiene dueño" y que había tigres, como efectivamente existían. Al final reclutaron personal de la región, abrieron brechas y caminos para la maquinaria y el paso de los explosivos con los cuales abrieron túneles por las montañas.

Diez años después regresaron (1973 a 1975) y se abrieron más túneles, se construyeron caminos e incluso pistas para avionetas. Sin embargo, los pobladores no sabían qué era una presa, no sabía quién era la CFE quien además no les proporcionaba información.

La CFE regresa en 1978, una vez decretada la zona como un proyecto viable, adonde se unen en el valle tres grandes ríos: San Pedro, Cuculho y Santa Catarina que pasan por un estrecho entre las montañas. Según el proyecto, bajo el agua quedarían sepultados la cabecera municipal de Huitiupán y los ejidos de Santa Catarina y Competencia. También afectaría tierras de los municipios de Amatán, Simojovel, El Bosque, Chalchihuitán, Pantelhó e incluso San Andrés Larráinzar. La CFE pagaba jornales hasta tres veces más de lo que los pobladores acostumbraban ganar.

Muchas personas abandonaron sus tierras y acudieron al llamado para agrandar los túneles y abrir caminos. La comisión instaló una planta de alta tensión y la infraestructura para los ingenieros.

"Teníamos lo que necesitábamos, todo lo cultivábamos, cosechábamos lo suficiente, éramos más felices, no necesitábamos tanto el dinero, era más tranquilo", manifiestan los pobladores locales, pero también había condiciones de "pobreza extrema, no había organización, ni orientación", y había problemas de comercialización: "los precios eran bajos y no había mercado". Cuando llega la comisión, muchos abandonan sus tierras, se vuelven obreros y comerciantes y, aunque algunos mantienen su trabajo como agricultores, hay un sentimiento de alejamiento y abandono a esa actividad: "le perdimos el amor a la tierra". Con todo ello también llegaron las cantinas, tiendas y restaurantes. El pueblo de Huitiupán cambió y el gobierno no quiso invertir en infraestructura educativa, de salud y desarrollo ya que todo ello quedaría bajo el agua. Y así pasaron los años y fue en 1978 que los habitantes supieron que su pueblo se inundaría.

Toma de conciencia

Mientras, el personal de la CFE hacía negocios turbios con la venta de la madera preciosa de la región. Los pobladores comenzaron a comprender lo que era una represa. En 1980, cuando se inicia el proceso de levantar encuestas para el avalúo, los habitantes empiezan a hacer conciencia de lo que significaría el reasentamiento. Comienzan entonces a organizarse, a tener asambleas y reuniones de discusión, información y análisis.

Visitan a los desplazados de otras presas en Chiapas como los de La Angostura, Chicoasén y Malpaso con el fin de aprender de sus experiencias y obtener más información sobre la dimensión de lo que se les venía encima. Se dieron cuenta que no sólo el proyecto de la presa Itzantún había dejado ya cuatro muertos durante las obras, sino que también en otras construcciones de represas habían muerto por accidentes cientos de personas por las condiciones de inseguridad en el trabajo, la inexperiencia en el manejo de explosivos, etcétera.

Al visitar a los otros desplazados se encontraron en el municipio de La Concordia con que "las casas eran malas, no tenían puertas, ni piso ni baño"; en Nuevo Osumacinta "el poblado es pura piedra, no se puede sembrar ahí, las tierras que les dieron para trabajarlas quedaron del otro lado de la presa por lo que tienen que ir en lancha a sus trabajaderos", y "en Malpaso fue donde les fue peor, fue una injusticia lo que cometieron con esa gente, sólo les dieron su cheque, no les construyeron el nuevo poblado".

Entonces, iniciaron en Huitiupán el proceso de organización entre los ejidatarios. Un papel importante en esta lucha de concientización la realizó la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC). Unos luchaban en contra de la construcción de la presa, otros por la indemnización y restitución de sus tierras. Los comerciantes organizaban ya el negocio del transporte de las lanchas para cuando el embalse estuviera lleno.

En 1980 se registra la primera marcha desde el municipio aledaño de Simojovel hasta la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez, donde participaron más de 2 mil campesinos e indígenas, con el fin de exigir la indemnización justa de las tierras. La Confederación Nacional Campesina oficialista (CNC) y la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) también estaban en el terreno político de las luchas.

Los acasillados que trabajaban en las fincas se quedarían sin nada una vez que los dueños entregaran sus tierras para el proyecto de la represa. En aquel entonces, los afectados directos no se oponían a la represa sino que exigían al gobierno vivienda, restitución de tierras, inventarios y todas las indemnizaciones.

Promesas y promesas

El 26 de marzo de 1981 se firmó entre la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP), la CFE y el gobierno del estado de Chiapas el llamado "Programa de reacomodo agropecuario para la dotación de vivienda, infraestructura urbana básica y apoyo social Proyecto Hidroeléctrico Itzantún". Incluía los asuntos de afectación de tierras, el reacomodo agropecuario y urbano de toda el área del embalse que se calculaba en 11 mil hectáreas, el reasentamiento de la población, construcción de nuevas viviendas, vías de comunicación, etcétera. Sin embargo, todo eran promesas. Entre 1982 y 1984 la tensión fue subiendo.

La movilización campesina tomó auge. Marchas, plantones, líderes encarcelados, amenazas y de todo se vio en este tiempo. Se llegó incluso a bloquear por 18 días la entrada del poblado de Huitiupán y no se permitió el acceso del personal de la CFE ni su salida. Incluso al mismo gobernador del estado se le cerró el paso. Entonces, la CFE tomó otra actitud: solicitaba permiso para entrar, para realizar censos, para los trazos de la curva del embalse, para hacer los trabajos de topografía, etcétera. En esos años, la lucha se centró en las negociaciones sobre las tierras.

Para 1985 ya se habían restituido o pagado gran parte de las tierras, los árboles frutales, hortalizas y las plantaciones por lo que se iniciaría la construcción del nuevo poblado dando prioridades a los panteones, templos, clínicas, escuelas. Se estaba a punto de iniciar las contrataciones y las capacitaciones de los pobladores locales en carpintería, albañilería y demás oficios. También faltaban el pago de las viviendas para los ejidos de Huitiupán, Catarina Las Palmas, Chitamucúm Las Limas y La Competencia.

Sin embargo, todavía quedaban residuos de protestas. Ejidatarios de Emiliano Zapata y Cacateal Pital del municipio de Huitiupán llegaron armados con palos y machetes impidiendo la continuación del trabajo de deslinde de terrenos. Mientras, en los ejidos Villa Luz, Morelos y La Sombra Carrizal los pobladores habían invadido las tierras que la CFE había adquirido.

Con todo ello se esperaba iniciar el llenado del embalse en 1988. Pero nadie se esperaba el sismo de septiembre de 1985 en la Ciudad de México que cambió radicalmente las prioridades y el presupuesto del gobierno federal y de la CFE por un rato.

En 1986 se iniciaron las entrega de las nuevas tierras y hasta 1988 los ejidatarios trabajaban ambas: las nuevas que les habían entregado la CFE y donde serían reinstalados y las de su ejido. Para 1989, la población conoce de la suspensión de la represa e inician nuevas divisiones. Grupos de campesinos que no tenían tierras iniciaron la invasión de quienes tenían doble terreno. Muchos cafetales ya estaban abandonados. Otros pobladores habían dejado sus tierras por recibir buenos sueldos con la CFE en los trabajos de la represa; ya no estaban dispuestos a regresar al trabajo del campo, por lo que decidieron emigrar a otras ciudades, incluso a estados vecinos.

El 12 de julio de 1991, el comisariado ejidal dirige un oficio al gobernador José Patrocinio González Garrido, uno de los gobernadores más represores del movimiento popular e indígena que ha tenido el estado, donde le solicita su intervención ante el presidente Carlos Salinas de Gortari para que el proyecto Itzantún se cancelara de manera definitiva "ya que, mientras esta situación no se defina, siempre habrá zozobra e inseguridad en toda la zona afectada por el proyecto, no se regularizará la tenencia de la tierra generando atraso en la producción de cultivos de largo y mediano plazo".

También agregó que " [...] no deseamos que se construya el proyecto hidroeléctrico Itzantún, porque de la mano con la CFE llega a nuestra apacible y humilde comunidad la drogadicción, alcoholismo, prostitución y finalmente una gran pobreza como la reflejada actualmente en Osumacinta y Chicoasén, que podemos tomar como ejemplo".

El 17 de marzo de 1994, a dos meses del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), la CFE acordó entregar gratuitamente a la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) más de 6 mil 640 hectáreas ubicadas en la zona de embalse del proyecto Itzantún. La CFE también donó al gobierno de Chiapas los terrenos que adquirió a los campesinos por más de 6 mil 555 hectáreas que no se encontraban sujetas a régimen de dominio público.

"La donación que se autorice es con el fin de que el gobierno del estado de Chiapas pueda llevar a cabo las acciones para la regulación de la tenencia de la tierra y la ejecución de un amplio programa de desarrollo integral en la zona, a favor de los grupos de campesinos beneficiados y sus familias". Pero nada se hizo durante todo este tiempo.

El 25 de octubre de 1999, la CFE ratifica esta decisión pero tampoco se hizo efectiva, nunca se hizo la entrega y reposición de las tierras a sus antiguos propietarios.

En enero del año 2000, nuevamente la CFE por medio de su director general, Alfredo Elías Ayub, pide al gerente de producción sureste de la CFE que realice las gestiones para hacer entrega de las tierras con la instrucción de que "en la escritura en la que conste la donación deberá indicarse que el motivo y fin de la donación es que el gobierno del estado de Chiapas lleve a cabo las acciones necesarias para la regulación de la tenencia de la tierra y la ejecución de un amplio programa de desarrollo integral en la zona, a favor de los grupos de campesinos beneficiados y sus familias".

Hasta diciembre de 2000, el gobierno de Chiapas fue propietario legal de algunas de estas tierras. Sin embargo, su distribución a los campesinos no se llevó a cabo.

Ante el descontento social y político por el desempeño en su administración, previo a las elecciones federales y estatales del año 2000, el gobernador Albores Guillén anunció públicamente que el proyecto Itzantún se cancelaba, pero nunca entregó las tierras. Pese a esto, el pueblo votó en contra del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que por años ostentó el poder, ganando así un ex miembro de ese partido por medio de la coalición opositora: Pablo Salazar Mendiguchía.

Encuentros internacionales

En el 2002, pobladores que iban a ser afectados por la represa Itzantún asistieron al I Foro Mesoamericano contra las Represas que se llevó a cabo en la selva del Petén, Guatemala, a orillas del río Usumacinta donde la CFE pretende construir cinco represas en el cauce del río que desembocaría en la gran presa de Boca del Cerro en Tabasco.

Ahí denunciaron nuevamente el proyecto Itzantún que llamó la atención de los más de 350 delegados de todos los países de Mesoamérica y otras regiones. En el Petén, las autoridades del municipio de Huitiupán solicitaron que el siguiente encuentro internacional se llevase a cabo en su municipio. En ese mismo año y meses después del encuentro, la Secretaría de Administración de la CFE solicitó a la Secretaría de Gobierno de Chiapas iniciar el trámite administrativo de desincorporación para regularizar la tierra que conformaría el embalse. Pero tampoco se hizo nada.

En el II Foro Mesoamericano contra las Represas en Honduras (2003), los pobladores de Huitiupán nuevamente denunciaron el intento del gobierno de construir Itzantún. Lo mismo hicieron durante la III Semana por la Diversidad Biológica y Cultural llevada a cabo en Guatemala.

La situación actual

Durante el II Encuentro Chiapaneco frente al Neoliberalismo llevado a cabo en la comunidad de Nuevo Huixtán en febrero de 2003, los asistentes de Huitiupán propusieron que el III Encuentro Chiapaneco se llevara a cabo en sus tierras, en las tierras del proyecto de la presa Itzantún. Y así se hizo del 19 al 21 de marzo de 2004. Un día antes de la llegada de casi 600 personas de más de 80 organizaciones e instituciones, 25 municipios de Chiapas, nueve estados y 10 países distintos, el gobierno de Pablo Salazar anunció nuevamente la cancelación definitiva de la hidroeléctrica Itzantún y por fin la restitución de las tierras a los campesinos.

Después de tantos años en que la CFE aceptó devolver las tierras, el 10 de febrero de 2004 el Congreso del estado de Chiapas, a través de su Decreto 155, autorizó al gobernador para que desincorporara del patrimonio del estado 14 predios rústicos y 23 polígonos, ubicados en los municipios de Amatán, Huitiupán, Pantelhó y Simojovel que iban a ser inundados por la represa.

Sin embargo, de las más de 13 mil hectáreas que la CFE decidió devolver varios años atrás, el gobierno de Chiapas sólo regresa poco más de 5 mil 258 hectáreas. ¿Dónde quedaron las otras 8 mil? Parece que algunas se perdieron. En el Decreto 155 se especifica que en agosto de 2003 se "llevó a cabo la rectificación de la superficie total de los predios [...] que dieron como resultado la cantidad de 5 mil 258 hectáreas, 15 áreas, y 54.381 centiáreas, que son las que se tuvieron a la vista como las que real y verdaderamente existen; así como la rectificación de las colindancias de predios y la fusión de los predios que conformaban una unidad topográfica, resultando 14 predios y 23 polígonos".

Así, hay dos elementos en los que habrá que tener cuidado. Uno de ellos es que no fueron restituidas todas las tierras inicialmente adquiridas por la CFE. En segundo lugar, el esquema de regularización de tenencia de la tierra se encamina a su privatización bajo el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Solares Urbanos (Procede), en una región donde se ve ya un aumento considerable de migración campesina hacia Estados Unidos y donde la producción campesina está destrozada. Otros intereses se despliegan por la región.

De nueva cuenta, observamos la pura intención y la declaración de los gobiernos que intentan capitalizar políticamente la lucha y resistencia de la sociedad civil. De cualquier manera, los pobladores decidieron no permitir la obra de la represa Itzantún. En el encuentro se festejó la victoria luego de muchos años de lucha. Aunque al final de este proceso de tantos años la población quedó más pobre, tiene su tierra. Ahora el reto es verla florecer con alternativas de desarrollo sustentable.