Se agudiza conflicto político entre Joaquín Hendricks y el alcalde García Zalvidea

En huelga, empleados municipales de Cancún; exigen pago de $9 millones

El edil señala que el mandatario estatal maniobra para sacarlo de la jugada por la gubernatura de 2005

DAVID SOSA FLORES CORRESPONSAL

Cancun, QR, 6 de julio. A las cero horas de este miércoles más de mil 200 trabajadores sindicalizados colocaron las banderas de huelga en la presidencia municipal y demás oficinas del ayuntamiento de Benito Juárez, don- de se ubica Cancún, en deman- da del pago de 9 millones 200 mil pesos que les adeudan por retenciones de la caja de ahorro, cuotas sindicales y seguros de vida.

Lo anterior, a pesar de que la representante legal del ayun-tamiento, Paula Martínez, refrendó anteayer ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en Chetumal, un acuerdo firmado con el sindica- to, median- te el cual se pagarían los adeudos en seis parcialidades de un millón 500 mil pesos cada una; la primera se entregaría este martes en el palacio municipal, pero nunca llegaron los representantes de los sindicalizados.

Por esto, el alcalde Juan Ignacio García Zalvidea señaló que el subsecretario de Gobierno estatal, Pedro Flota, presionó a los dirigentes sindicales con el propósito de que desconocieran los acuerdos y exigieran que el ayuntamiento les liquidara el adeudo en sólo dos pagos y que este martes les diera los primeros 4.5 millones de pesos.

Comentó que algunos regidores de la "nueva mayoría" sacaron sus pertenencias de los cubículos que ocupan en el palacio municipal, "seguramente porque ya tenían línea" del gobernador Joaquín Hendricks Díaz.

Felipe Cohuo, secretario de Finanzas de la agrupación sindical, informó que quedarán de guardia sólo 226 trabajadores en áreas sustanciales de la prestación de servicios, como la recolección de basura, dotación de agua, atención del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia municipal, el Registro Civil y los correspondientes a los servicios funerarios.

Personal de las direcciones de Seguridad Pública, Tránsito, Protección Civil y las demás áreas del ayuntamiento donde labora el resto de los 5 mil 900 empleados del ayuntamiento mostraron disposición de seguir laborando. Al cierre de esta edición el alcalde permanecía en sus oficinas a pesar de que la bandera rojinegra ya había sido colocada en el acceso principal del palacio municipal.

DAVID SOSA FLORES CORRESPONSAL

Cancun, Q. Roo, 6 de julio. Desde el 28 de junio, la fotografía oficial del gobernador Joaquín Hendricks Díaz, que debería lucir en el despacho del alcalde de Benito Juárez, Juan Ignacio García Zalvidea, está volteada. En lugar de la imagen sólo hay un letrero que dice: "fuera de servicio".

Es apenas uno de los indicios del enfrentamiento que ambas autoridades sostienen desde el 23 de febrero pasado, cuando la televisión dio a conocer el video en que Jorge Emilio González, senador y líder nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aparece en un presunto intento de soborno por 2 millones de dólares con el propósito de "ayudar" a empresarios a conseguir los permisos para dos proyectos turísticos en Cancún.

Fue el pretexto, porque, según el alcalde, desde mucho antes Hendricks maniobra en su contra para sacarlo de la jugada por la gubernatura, que se renovará en febrero de 2005. Dice el alcalde que el gobernador ha conseguido, desde distintas instancias, promoverle cinco solicitudes de juicio político ante el Congreso local.

La última maniobra es el estrangulamiento mediante la obstrucción del flujo de recursos, que le ha provocado deudas a proveedores por casi 200 millones de pesos y rezagos en servicio por más de 600 millones.

A lo anterior hay que sumar la pérdida de control sobre los regidores del PVEM, partido que lo llevó a la alcaldía, luego de perder la contienda interna en el PAN, donde había militado.

Al darse a conocer el escándalo del video, García Zalvidea deslindó a su administración del supuesto tráfico de influencia en que habría incurrido el senador y de inmediato los seis regidores del PVEM le dieron la espalda. El 28 de abril pasado, la "nueva mayoría" en el cabildo, formada por los seis del PVEM, dos del PRI, uno del PRD y uno del PAN, de un total de 17 miembros, no le aprobó la cuenta pública del ejercicio fiscal 2003.

Al mismo tiempo, el Organo Superior de Fiscalización (OSF) le inició sendas auditorías que el alcalde, la síndico y sólo tres regidores (dos del PVEM) califican de ilegales.

Días después, el OSF presentó una solicitud de juicio político ante la legislatura local y una demanda penal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado contra el alcalde.

Según el presidente de la Gran Comisión del Congreso, Javier Zetina, y el gobernador Hendricks Díaz, estos procesos contra García Zalvidea son por diversas irregularidades en el manejo de recursos públicos.

A esa demanda se acumuló la presentada por ocho regidores de Benito Juárez y ambas se turnaron a la Comisión de Justicia para su análisis de procedencia.

Hendricks Díaz, quien según su esposa "se la pasa en la zona hotelera de Cancún" y no en Chetumal, capital del estado, informó hace apenas tres días que la administración estatal prepara los mecanismos para atender a los trabajadores de ese municipio que desde hace varios meses enfrentan retrasos en el pago de sus salarios, pero lo condicionó a que el edil "reconozca su incapacidad declarada". Informó que para esto su gobierno usaría los recursos que se tienen para atender cotingencias.

Pero dado el nivel del enfrentamiento, el edil confía en que prosperen las gestiones para que deudores de impuestos municipales, como Fonatur, Aeropuertos del Sureste, la Comisión Federal de Electricidad, y hoteleros paguen al erario municipal más de mil 200 millones de pesos que tienen pendientes.

A pesar de instalarse una mesa de negociación entre Fonatur, Nafin y el ayuntamiento para que la primera institución pague más de 560 millones de pesos que debe del predial "sólo de los recientes cinco años", el director del organismo, John McCarthy, decidió no continuar el diálogo.

Calificó de irresponsables "las declaraciones que hizo John McCarthy, titular de Fonatur, ante medios informativos, en las que afirmó que no va a pagar los más de 560 millones de pesos del predial que debe al ayuntamiento, eso sin contar los traslados de dominio que ha realizado en los recientes cinco años, hasta que no se resuelvan los conflictos políticos".

El gobierno estatal, según el munícipe, le retuvo en los dos meses recientes las participaciones federales y dispuso de las mismas para un pago de 32 millones.

Además, en los últimos dos meses el IMSS descontó al ayuntamiento 32 millones de pesos, de los que sólo entre 4 o 5 millones, más 2 millones de pesos de un convenio, debieron descontarse.

Administraciones municipales anteriores acumularon adeudos con el IMSS por más de 400 millones de pesos y, según el alcalde, "en acuerdo con el gobernador, los directivos del IMSS se cobraron más bien a lo cochino, poco más de 16 millones de pesos de las partidas federales que debería entregar el gobierno estatal".

García Zalvidea precisó que el gobierno del estado lo quiere perjudicar, por lo que ya se reclamó por las vías legales, entre ellas la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los juzgados federales, de los cuales obtuvo sendos recursos para preservar sus garantías constitucionales, ya que también existe intimidación contra él y funcionarios del ayuntamiento.

El edil anunció que pedirá en la ciudad de México al secretario de Gobernación, Santiago Creel, "un arbitraje porque hay un conflicto político" entre el gobierno estatal y el municipio de Cancún.

El ex hotelero y ex diputado federal panista advirtió que cuando el diálogo regrese con el gobernador volteará de nuevo el retrato del titular del Ejecutivo estatal.