De acuerdo con información obtenida por este diario, el ex presidente Luis Echeverría Alvarez y dos de sus ex colaboradores -Mario Moya Palencia, quien fungiera como secretario de Gobernación, y Julio Sánchez Vargas, ex procurador federal- solicitaron amparo contra la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), con el propósito de evitar que esa dependencia, encabezada por Ignacio Carrillo Prieto, los consigne penalmente por su participación en la masacre del 10 de junio de 1971.

Dejando de lado, en la medida de lo posible, los formulismos legales del caso, el argumento de fondo de la petición de amparo es que el grupo paramilitar conocido como los halcones, que ese día llevó a cabo la violenta represión de una manifestación estudiantil, no estaba bajo el mando de la Secretaría de Gobernación ni del Estado Mayor Presidencial. El extinto Alfonso Martínez Domínguez, quien por ese entonces se desempeñaba como regente del Distrito Federal, negó que el grupo de matones hubiese pertenecido al gobierno capitalino; la Secretaría de Seguridad Pública federal, por su parte, afirma en un oficio que los halcones no dependían tampoco de la Dirección General de Policía y Tránsito de la ciudad.

El propósito de la maniobra es claro: desvanecer la estructura de mando en la que se encuadró el grupo paramilitar para, de esa forma, desaparecer las responsabilidades penales de los ex funcionarios señalados como responsables intelectuales de la masacre del 10 de junio y lograr, por esa vía, la preservación de la impunidad de la que disfrutan desde hace 33 años.

No había, parece decir el recurso de amparo, ninguna relación entre el gobierno que presidió Luis Echeverría y los halcones, y que la sociedad piense lo que quiera: que los asesinos materiales no tuvieron nada que ver con el gobierno y que las autoridades del país no conocieron su existencia. Este intento de los antiguos jerarcas priístas de eludir la acción de la justicia acaba por parecerse, en suma, al discurso oficial de aquella época, cuando se afirmó lisa y llanamente que el grupo paramilitar no existía.

Sin embargo, varias personas fueron asesinadas a mansalva aquel día, existen numerosos testimonios de la actuación criminal de las autoridades, incluido el de un ex integrante del grupo represivo, y el hecho incuestionable de que Luis Echeverría Alvarez era, por ese entonces, el responsable máximo del Estado Mayor Presidencial, del Departamento del Distrito Federal, de la Secretaría de Gobernación, de la Procuraduría General de la República y del resto de las dependencias que pudieron haber tenido alguna injerencia en los cruentos acontecimientos. Es irrebatible, también, que Mario Moya Palencia era el coordinador del gabinete presidencial y responsable de la política interior y de la seguridad pública y que, si no ordenó la masacre, debió cuando menos impedirla. Hay el dato indiscutible de que Julio Sánchez Vargas, en su carácter de procurador general de la República, debió esclarecer de oficio los asesinatos y las lesiones que dejó la represión. Es pertinente y necesario, por ello, que esos tres ex funcionarios respondan ante un tribunal por las responsabilidades que les correspondan.

Por lo demás, las imputaciones contra ésos y otros servidores públicos de hace tres décadas deben ampliarse a muchos más asuntos que la masacre del jueves de corpus: las desapariciones forzadas, las torturas y las eje- cuciones extrajudiciales de cientos de luchadores sociales y políticos, guerrilleros y personas sin ninguna vinculación con la política. En vez de buscar amparos, quienes son señalados públicamente como culpables de crímenes de lesa humanidad deberían tener el valor civil de acudir ante un juez a exponer lo que a su interés convenga. Para ello disponen del pleno respeto a sus garantías individuales, un respeto que ellos, desde el poder, negaron a incontables ciudadanos.