Habrá ayuda jurídica y médica a familiares de víctimas

Ofrece Soberanes apoyo permanente en Juárez

Empresarios empiezan reunión objetando al ombudsman y terminan con la promesa de trabajar con la CNDH

VICTOR BALLINAS Y RUBEN VILLALPANDO ENVIADO Y CORRESPONSAL

Ciudad Juarez, Chih., 14 de julio. En la colonia Anapra, ubicada en el desierto juarense, muy cerca de donde hace años fueron arrojados los cadáveres de niñas y jovencitas ultrajadas y asesinadas, el ombudsman nacional, José Luis Soberanes, escuchó el reclamo generalizado de los familiares de las víctimas: "ya estamos hartas; autoridades van y vienen, y no hacen nada. No queremos dinero, sino justicia''.

Bajo un sol quemante y en medio de una polvareda, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) fue testigo, una vez más, del dolor de las familiares de las mujeres asesinadas. Con coraje e indignación, las madres volvieron a exponer sus penas, sin poder evitar las lágrimas ante la impotencia.

En ese ambiente de dolor y sufrimiento, Soberanes les aseguró: ''la CNDH sigue con ustedes. Hicimos el informe -hace más de seis meses- sobre los crímenes de mujeres, niñas y adolescentes en esta ciudad, pero nuestro trabajo no acaba ahí. Vamos a seguir trabajando con ustedes".

Se comprometió a que cada ocho días habrá personal jurídico, médico y sicológico para ayudar a los familiares de las víctimas, y "yo desde la ciudad de México continuaré insistiendo ante el presidente de la República, Vicente Fox; ante el Congreso, y ante las instancias necesarias, con el reclamo de ustedes, que es muy claro: justicia, justicia para ustedes y para sus hijas".

Empresarios cuestionan cifras

Antes, el ombudsman nacional se reunió con empresarios. Estos primero reclamaron las cifras que la CNDH ha publicado sobre las más de 4 mil 500 desaparecidas. "De dónde salieron esas cifras que le han hecho mucho daño a la ciudad", argumentaron.

Se quejaron ante el titular de la CNDH de que "con sus espots en radio y tv, donde habló de esos miles de desaparecidas, afectó la imagen de Ciudad Juárez". Soberanes, tranquilo, sin inmutarse, les respondió: "las cifras de las niñas y mujeres desaparecidas nos las proporcionaron la Procuraduría General de Justicia del Estado y la fiscalía especial; esas cifras no las inventamos nosotros".

Luego de la explicación, los empresarios aceptaron que ''quienes han fallado en Ciudad Juárez son las autoridades, todas. No han hecho su trabajo. Incluso -denunciaron-, dos días antes de la elección dijeron que ya nada más había 30 desaparecidas. Son cifras políticas".

Acordaron trabajar junto con la CNDH para llegar a las cifras reales de desaparecidas y mujeres asesinadas, además de que se unieron a la exigencia de que se haga justicia.

Indelebles huellas de dolor

En el desierto, las madres de las víctimas narraron una vez más al ombudsman el desprecio, la prepotencia y la indolencia con la que han sido tratadas en las instancias de impartición y procuración de justicia.

"Reconocí el cadáver de mi hija en la morgue por sus chamorritos; tenía una mordida de perro. Pero en la PGJE me dijeron qué cómo la había reconocido. Les dije: 'por su ropa', que fue encontrada junto al cuerpo de mi hija.

"Me dijeron que iban a mandar a hacerle exámenes de ADN a un huesito de ese cuerpo. Al año me dijeron que lo habían extraviado. Entonces me dijeron que iban a mandar otro huesito a analizar. Un año más tarde, me aseguraron que el examen fue negativo. Pedí que me lo entregaran, no quisieron. Ni siquiera me mostraron el papel con el resultado.

"Seguí insistiendo y a los tres años me corrieron. Me dijeron: 'váyase a su casa a lavar trastes'. Gracias a Esther Chávez, de Casa Amiga, que me acompañó, mandamos a hacer el examen de ADN y salió positivo. Me tuvieron que entregar los restos que quedaban de mi hija", relató Esther, madre de una jovencita de 15 años asesinada.

Justicia, fue el reclamo. ''No queremos sanciones administrativas para los funcionarios, para que salgan libres bajo fianza. Francisco Barrio, el ex gobernador, y Patricio Martínez, el actual mandatario estatal, así como los procuradores y subprocuradores, son responsables, no sólo por omisión y negligencia, sino por complicidad y corrupción", denunció Norma Andrade.

"Fueron indolentes, abusaron de sus cargos para maltratarnos, nunca investigaron, no les importaron nuestras hijas. Justicia, queremos justicia.''