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Obituario   - NUEVO -

P O L I T I C A
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México D.F. Viernes 16 de julio de 2004

Luis Javier Garrido

El repliegue

El repliegue defensivo del gobierno foxista ante la avalancha de críticas que está recibiendo en todos los ámbitos está llegando también a la que fue una de sus promesas centrales: la de hacer justicia en el caso de los crímenes cometidos desde la cúpula del Estado.

1. La Fiscalía Especial para Movimien-tos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), creada por el gobierno de Vi-cente Fox en 2001 para investigar los crí-menes de Estado del pasado, ha agotado sus posibilidades sin haber llegado a gran cosa porque ese Ministerio Público creado ex profeso no representó jamás a la sociedad, sino los intereses del foxismo.

2. El gobierno foxista nunca tuvo la voluntad política de que los funcionarios de los últimos gobiernos priístas que hubiesen incurrido en graves ilícitos fuesen traducidos ante los tribunales, sino que tras conocer la propuesta de varios de sus cola-boradores de crear una instancia que investigara el pasado para saldar cuentas, como se había hecho en Argentina, entendió que ésta era una excelente oportunidad para alcanzar dos objetivos políticos: a) saldar cuentas con los gobernantes que desde su concepción empresarial de la historia mexicana ha llamado "populistas", y que fueron Echeverría y López Portillo, y b) distanciarse de los go-biernos surgidos del PRI y hacer valer así la tesis de "la transición democrática".

3. La fiscalía especial para el caso nació muerta, pues, a pesar de todo lo que se dijo, en los hechos sólo se le asignó un papel simbólico: tener una intensa presencia en los medios para contribuir a forjar al gobierno de Fox la imagen de ser un gobierno "de cambio", algo similar a lo que se pretendió al crear el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), que no ha tenido más función que dar relumbrón al régimen. El fiscal designado, Ignacio Carrillo Prieto, nunca tuvo un estatuto de independencia, sino que se le hizo depender del procurador Macedo de la Concha, militar de pasado nebuloso que había cumplido oscuras funciones de policía político a las órdenes de Fernando Gutiérrez Barrios en los años 70, y que había llegado al cargo con una encomienda: cuidar desde esa posición los intereses de las fuerzas armadas.

4. El aspecto clave del trabajo de la fiscalía especial fue que se creó para encausar, se dijo, a los responsables de delitos cometidos contra los movimientos sociales y políticos del pasado, pero que en realidad se acotó el periodo que debería investigar, el que se limitó a los sexenios de Díaz Ordaz, de Echeverría y de López Portillo y, habiendo desaparecido la mayor parte de los responsables de la administración diazordacista, a los de los dos presidentes populistas: Echeverría y López Portillo. No se buscó esclarecer crímenes anteriores, como tampoco investigar lo acaecido durante los gobiernos de los tecnócratas De la Madrid, Salinas o Zedillo, y esto último fue lo más significativo. Es decir, desde un principio el gobierno foxista estableció que quienes podrían haber cometido graves crímenes eran los presidentes que él llamaba "populistas" y no los "tecnócratas" o modernizadores, a los que de antemano exoneró.

5. En vísperas de que el fiscal especial consigne a los presuntos responsables por el genocidio del Jueves de Corpus de 1971, según él mismo ha ofrecido, y que se dice que podrían ser Echeverría, Mario Moya y Pedro Ojeda Paullada, la cuestión sigue en el aire. ƑPor qué se les está procesando? ƑPor su muy probable responsabilidad o por motivos políticos? Pues si de hacer justicia se trata no puede ser selectiva, y ahí están libres e influyendo en las grandes decisiones del ré-gimen foxista los tecnócratas neoliberales Salinas y Zedillo, amigos de Washington y de Fox, sin que el brazo de la justicia se atreva a tocarlos, a pesar de los gravísimos crímenes que presuntamente cometieron.

6. La fiscalía especial tuvo un vicio de origen, y éste es el que ha determinado que no haya llevado a cabo investigaciones serias limitándose en lo esencial a las evidencias reunidas por los agraviados, el que a tres años de su creación no se haya podido de-tener más que a un solo presunto responsable de esos crímenes "del pasado": el ex policía Miguel Nassar Haro, acusado de torturador y asesino, y el que a estas alturas nadie crea que algún responsable de importancia vaya a pisar la cárcel.

7. El clima que se respira en el país es el de la impunidad por los grandes crímenes cometidos en contra de los mexicanos, incluyendo a los de este sexenio. No puede extrañar, por lo mismo, que tras el discurso del general Clemente Ricardo Vega (secretario de la Defensa Nacional), demandando al gobierno "saber perdonar" (30 de junio), el subprocurador Santiago Vasconcelos haya abogado ese mismo día por una amnistía. Como tampoco que el juez cuarto de justicia militar haya exonerado por "desvanecimiento de datos" al general Arturo Acosta Chaparro, responsable de los vuelos de la muerte y acusado del homicidio de 22 campesinos en Guerrero (8 de julio).

8. El mensaje que Vicente Fox está enviando a los mexicanos es muy claro, y es que en el régimen foxista, al igual que en el priísta, al que tanto se asemeja, los militares y los miembros de las policías y de los cuerpos de seguridad del Estado son impunes por muy graves que sean los delitos que hayan cometido, y que siguen siendo tan intocables como los altos funcionarios de la administración pública. Lo que es un signo de que Fox está pensando ya en lo que podría acontecerle luego del 1Ɔ de diciembre de 2006.

9. El fracaso anunciado de la fiscalía especial deja en situación difícil también a dirigentes sociales que otorgaron al fiscal el beneficio de la duda, que coadyuvaron en la investigación y que, como miles de mexicanos, van a sentirse defraudados. Aunque no hay que olvidar que gracias a ellos, a Rosario Ibarra, a Raúl Alvarez Garin y a tantos otros y a su empeño por alcanzar la verdad sobre los desaparecidos y los muertos en nombre de "la razón de Estado", hoy se conoce mucho mejor lo acontecido a lo largo de esos años.

10. La tarea de la sociedad civil es continuar exigiendo justicia: una justicia imparcial y no selectiva, que profundice en lo acontecido en el 68 y en el 10 de junio de 71, en los años de la guerra sucia que no se terminan con el sexenio de López Portillo, y a lo largo de los sexenios de De la Madrid, de Salinas y de Zedillo: de los asesinatos de los miembros del FDN y del PRD a las matanzas de Aguas Blancas y Acteal, sin dejar de lado los otros crímenes de los que nadie quiere hablar: los cometidos en contra de la nación al entregar sus recursos básicos a intereses del extranjero.

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