El Barzón anuncia la Jornada Nacional de Lucha

Cada mexicano debe ahora $32 mil por beneficiar a bancos

ISRAEL RODRIGUEZ Y ANTONIO CASTELLANOS

Apoyados en la complacencia del gobierno federal con las instituciones bancarias, ese sector de privilegiados, en su mayor parte compuesto por bancos extranjeros, ha reiniciado su política de despojo del patrimonio familiar, al consumarse el intercambio de pagarés Fobaproa-IPAB en violación a la ley, coincidieron en afirmar por separado El Barzón, el consultor financiero del PRD, Mario Di Costanzo, y la Asociación Nacional de Industriales de Transformación (ANIT).

Por el contrario, analistas internacionales y los bancos beneficiados de este nuevo esquema (Banamex, Bancomer, Banorte y Bital, ahora HSBC) consideraron que el acuerdo es benéfico para la banca mexicana en general, porque se reducen las pérdidas y se elimina la incertidumbre sobre el cobro de los títulos ante el próximo vencimiento.

Di Costanzo afirmó que no hay voluntad de transparentar el rescate bancario, que estuvo plagado de irregularidades, porque los bancos no se desistieron del amparo que interpusieron para evitar que el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) conozca las discusiones en la junta de gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

Además, Hacienda y los banqueros convertirán en deuda pública, sin el aval del Congreso y en franca violación a la ley que creó el instituto, los pagarés del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) por un monto bruto de más de 223 mil millones de pesos incluidos en el Programa de Capitalización y Compra de Cartera, advirtió Di Costanzo.

Por su parte, Crescencio Morales Avila, dirigente del Barzón Metropolitano, aseguró que a partir del 2 de agosto participarán en lo que llamó la Jornada Nacional de Lucha por la solución de la cartera vencida y la pretensión de los banqueros de canjear los pagarés sin cumplir con los requisitos de ley, en perjuicio de los intereses de los mexicanos.

Entrevistado durante la toma pacífica de las instalaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Morales Avila resaltó que debido a los compromisos asumidos en el rescate de la banca por el gobierno, anualmente esas instituciones reciben jugosos intereses por los pagarés Fobaproa-IPAB, fortaleciendo sus utilidades, pero también restando recursos a la inversión pública en renglones prioritarios que podrían fortalecer al país o beneficiar a los más desprotegidos.

Las acciones, dijo, incluirán toma de sucursales bancarias, bloqueo de carreteras, puentes fronterizos y puertos, así como la participación en la eventual huelga nacional, convocada por otras organizaciones sociales, que se manifestarán contra la política privatizadora del sector energético, de la nueva ley laboral y del cambio del régimen de pensiones, entre otras.

A su vez, Di Costanzo manifestó que con esta acción el total del rescate bancario superará el billón de pesos y a partir de mañana, cada mexicano tendrá una deuda de 32 mil pesos. Urgió al Congreso, al igual que los dirigentes de la ANIT a revertir esta medida, a todas luces ilegal. Explicó que el IPAB requerirá para el presupuesto de 2005 al menos 55 mil millones de pesos.

En tanto, los bancos beneficiados por este bondadoso esquema y el IPAB acordaron dejar sin efecto los diversos procedimientos judiciales, pero se mantienen los amparos en contra de la información que deben entregar al IFAI.

Igualmente, con el objeto de eliminar el obstáculo que dificultaba la consecución de un acuerdo, tres de los cuatro bancos han decidido recomprar al Fobaproa ciertos créditos relacionados o irregulares, por un total de 9 mil 477 millones de pesos, de los cuales 6 mil 211 millones de pesos corresponden a Banamex, 3 mil 264 millones a BBVA-Bancomer y 2.5 millones de pesos a HSBC, antes Bital.

Mediante un comunicado los bancos, en su mayoría extranjeros, informaron que combinando la recompra de créditos relacionados, el traspaso de la cobranza y los ajustes pactados por participación de pérdidas y esquema de incentivos, la reducción total de la deuda a asumir por el IPAB en relación con el PCCC alcanza 115 mil 832 millones de pesos, pasando por lo tanto del actual monto de 223 mil 25 millones a uno modificado -en virtud de este acuerdo- de 107 mil 193 millones, es decir, 52 por ciento menos.

Por otro lado, el banco de inversión Merrill Lynch en un reporte citado por Reuters señala: ''Esperábamos que esta solución impusiera algún costo para los bancos, y los montos involucrados, aunque no menores, parecen ubicarse cerca del límite máximo de nuestro rango considerado aceptable''.

Bear Stearns destacó que ''el acuerdo es positivo porque remueve una fuente de riesgo para el sistema financiero''. La prolongación del conflicto ante la cercanía del vencimiento podría haber elevado el riesgo país de México al tratarse de títulos respaldados por el gobierno y podría haber sacudido al sistema, ya que las entidades involucradas, que poseen cerca de 75 por ciento de los depósitos, podrían haber sufrido una fuerte descapitalización.