Las pretensiones de Marta Sahagún y de María del Carmen Ramírez de suceder en el cargo a sus respectivos maridos -abortada, hasta ahora, la de la primera, y convertida ya la segunda en candidatura formal- muestran el largo camino que debe recorrer aún la clase política del país desde el apego a la letra de la normatividad democrática al respeto por el espíritu de la ley, y de ahí a la decencia y el decoro. No hay, en efecto, una disposición expresa y manifiesta en la legislación nacional que prohíba a una persona postularse para el cargo que ejerce su cónyuge. Pero el sentido común y la más elemental lógica institucional indican que semejante maniobra, con independencia del género de los involucrados y de la relevancia de la posición en juego, son éticamente inadmisibles porque vulneran dos principios fundamentales de la vida republicana del país: la no relección y la debida imparcialidad de los gobernantes ante quienes aspiren a sucederlos en sus cargos.

Por el momento, Marta Sahagún no ha resucitado sus afanes de buscar la Presidencia de la República, afanes que fueron objeto de críticas plenamente justificadas. María del Carmen Ramírez, en cambio, logró anteayer que el Partido de la Revolución Democrática la postulara para ocupar la gubernatura de Tlaxcala, que actualmente encabeza su marido, Alfonso Sánchez Anaya. Tal candidatura es repudiable desde varios puntos de vista.

Por principio de cuentas, la pretensión de Ramírez mancha y enturbia la gestión de Sánchez Anaya, porque resulta imposible saber en qué medida el gobernador tlaxcalteca saliente actuó para servir a sus paisanos, en qué medida lo hizo para fortalecer la posición de su esposa en el proceso de su propia sucesión y hasta qué punto Ramírez ha cogobernado, de facto, en la entidad, durante el mandato de su marido. Pero incluso en el remoto e indemostrable caso de que el ejecutivo estatal se hubiese desempeñado, como asegura, con espíritu imparcial y equitativo en ese proceso, el simple hecho de ser cónyuge de una precandidata introdujo, necesariamente, una distorsión en la competencia interna por la candidatura. Si Sánchez Anaya deja el cargo de manera inmediata puede evitar una distorsión semejante en las campañas electorales formales, pero, por lo que se refiere al proceso interno de designación de la aspirante perredista, el daño ya está hecho. Por lo demás, si María del Carmen Ramírez ganara la elección y se convirtiera en gobernadora, su esposo, ya ex gobernador, conservaría, por la vía conyugal, una influencia indeseable en los asuntos públicos de Tlaxcala, situación que quebrantaría el espíritu de los preceptos de no relección y alternancia en el poder.

El desempeño de puestos de representación popular debe ser concebido como una misión -eminentemente personal e intransferible- de servicio a la ciudadanía, la cual elige, para tales cargos, a individuos, no a matrimonios. Cuando los miembros de una pareja buscan pasarse el uno a la otra, o la una al otro, una posición de poder político, resulta inevitable sospechar que el espíritu de servir a la sociedad se ha desvirtuado y que impera, en cambio, el afán de servirse mediante el ejercicio del poder.

Desde otra perspectiva, no puede ignorarse que ha sido precisamente de las filas del PRD de donde han salido algunas de las más severas y fundadas críticas a los coqueteos de Marta Sahagún con la perspectiva de postularse a la Presidencia. La candidatura perredista de Ramírez en Tlaxcala constituye, en esa medida, un golpe demoledor a la credibilidad, la congruencia y la imagen pública del partido del sol azteca, no sólo en Tlaxcala sino en toda la República. Tal vez sea cierta la crítica que María del Carmen Ramírez formuló contra su propio partido justo en momentos en que éste le entregaba la candidatura, en el sentido de que las filas perredistas están llenas de machos; pero es indudable, en todo caso, que en el PRD ha habido al menos dos mujeres sumamente inescrupulosas. Una de ellas renunció recientemente al partido y otra fue ungida, anteayer, candidata al gobierno de Tlaxcala.