Se trata de convenios al margen de la ley, afirma el investigador Rodríguez-Padilla

El gobierno contrata a firmas extranjeras para explorar y explotar hidrocarburos

El presidente Vicente Fox es un violador contumaz de la Constitución, afirma Bartlett

DAVID CARRIZALES CORRESPONSAL

Monterrey, NL, 23 de julio. Mediante engaños, el gobierno federal ha comenzado a contratar empresas trasnacionales para que se encarguen de todo el ciclo completo de exploración y producción de hidrocarburos, pasando por la administración de los yacimientos, la extracción de hidrocarburos, así como la separación y procesamiento de los mismos, aseveró el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Víctor Rodríguez-Padilla.

Sin embargo, dijo, se busca hacer creer que se trata de contratos de obra a precios unitarios, "cuando en realidad se trata de contratos de explotación, totalmente al margen de la Constitución y de la legislación secundaria".

Al participar en la primera sesión pública de la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos, a la que asistieron campesinos, alcaldes, autoridades federales y legisladores locales y del Congreso de la Unión, Rodríguez-Padilla puso como ejemplo el contrato de servicios múltiples (CSM) firmado con la española Repsol para el bloque Reynosa-Monterrey de la referida cuenca, donde "queda claro que no se trata de obras, sino de un conjunto de actividades concatenadas que sólo puede llevarlas a cabo el Estado a través de Petróleos Mexicanos (Pemex) y sus organismos subsidiarios.

Asentó que el contrato le permite a Pemex controlar la etapa final de la explotación, pero no el resto del proceso; controla la venta, pero no la exploración, la extracción y la elaboración de productos derivados del gas natural. Además no tiene la última palabra en la toma de decisiones, especialmente las de mayor relevancia, por tratarse de la inversión, el riesgo y la rentabilidad.

Pemex no le puede imponer su criterio a la firma extranjera; el contratista oye su opinión pero no está obligado a hacer como dice. Y "cuando no logran ponerse de acuerdo, interviene un tercero, llámese perito independiente o Tribunal Arbitral con sede en París, Francia, que le da la razón a uno u a otro.

Con lo anterior, el Estado comparte con un particular las decisiones de cómo realizar el aprovechamiento de un recurso natural estratégico propiedad de la nación y "al compartir decisiones de soberanía y al transferir la operación directa a una empresa privada, el Estado pierde el control de la explotación".

Según el investigador, el contrato trata de ocultar que Repsol se encarga de la explotación sustituyendo a Pemex. "Sin embargo, del cuerpo del contrato se deduce en forma inequívoca que el contratista se asume del proceso completo de exploración, incluyendo la toma de decisiones fundamentales".

Expresó que "con una redacción engañosa, el contrato trata de esconder que el contratista elabora gas metano y otros hidrocarburos que la ley clasifica como pertenecientes a la petroquímica básica (etano, propano, butano, pentano, hexano y heptano).

Asentó que la elaboración de estos productos derivados del gas natural, se realiza en las plantas de procesamiento, donde se lleva a cabo la separación física de los componentes del gas saturado, que se extrae de los yacimientos, y Repsol será el operador de dichas plantas.

Por otro lado, el contrato establece que Pemex ejercerá el control y supervisión permanente de las obras y tomará las decisiones fundamentales, pero se trata de una declaración sin contenido real, pues "ese derecho está acotado a lo que diga el contrato, que está diseñado para dar amplia libertad operativa al contratista, el cual decide a su criterio cómo, cuándo, cuánto, a qué ritmo perforar, producir y abandonar los yacimientos.

La comisión especial de la Cuenca de Burgos, que preside el diputado federal priísta Humberto Cervantes Vega, dio a conocer las conclusiones y propuestas para impulsar un sano desarrollo en la región y en el país, teniendo como base la industria petrolera.

Durante el acto, el senador priísta Manuel Bartlett Díaz dijo que no obstante que 80 por ciento de los mexicanos están en contra de la privatización de la industria petrolera y el Banco Mundial que era el impulsor de estas políticas acaba de publicar un estudio donde reconoce una creciente oposición en toda América Latina, el gobierno de Vicente Fox insiste en su postura de entregar esa riqueza al capital extranjero.

Igualmente, una minoría de empresarios avala la posición foxista, pero están equivocados, porque a ellos mismos las trasnacionales los van a hacer pedazos. "Los empresarios no entienden, están cerrados por una posición ideológica o por compromisos internacionales que tienen sus patrones, pero no han visto lo que está pasando en Argentina, donde tenían una espléndida compañía petrolera que se fundó en 1923 y desapareció a base de contratos de servicios múltiples".

Estos empresarios que hoy exigen la privatización del gas, son los mismos que demandaban la privatización de los bancos, y ahora se quejan porque estas transnacionales no dan créditos y cobran una fortuna por cualquier servicio. Se dedican a robar al país, a llevarse todo el dinero, porque ganan mucho más de lo que les permitirían en sus países.

No obstante estas realidades, dijo Bartlett, el presidente Fox sigue empecinado en privatizar la industria energética. "Es un violador contumaz de la Constitución, le importa muy poco que la Suprema Corte le diga que está violando la Carta Magna, o que la Auditoría Superior de la Federación le diga que los contratos de energía eléctrica son anulables, está entregando el país y ahora Fernando Elizondo, secretario de Energía, va de comparsa para terminar de entregar esta riqueza a los intereses extranjeros".

Bartlett señaló que hace falta un cambio de régimen fiscal en Pemex, porque lo están matando al llevarse a otras áreas los recursos que genera. Comentó que la inversión que van a hacer las cinco empresas extranjeras en Burgos, es muy poco, "están obligadas a invertir poco más de 200 millones de dólares, y lo demás, los más de 4 mil millones de dólares que representan los cinco contratos, van a salir del gas que será explotado por ellas mismas, por eso esto es un atraco a la nación, pues Pemex tiene esos recursos sin ningún problema, y estas empresas llegan con créditos de grandes bancos extranjeros.