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México D.F. Sábado 7 de agosto de 2004

García Zalvidea, único edil reconocido: Sánchez Cordero; no dejaremos la alcaldía: Marisol Avila

Guerra verbal entre ministra y concejal por el asunto Cancún

El PAN solicitará juicio político contra Hendricks, "por negligencia y abuso de autoridad"

DAVID SOSA Y GEORGINA SALDIERNA CORRESPONSAL Y REPORTERA

Una guerra de dimes y diretes se desató ayer entre la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, y la presidenta del concejo municipal de Benito Juárez (Cancún), Quintana Roo, Marisol Avila, a quien el máximo tribunal del país le ordenó entregar el poder a Juan Ignacio García Zalvidea.

entrevista1_gFue la segunda quien abrió fuego, al retar a la Corte: "quiero ver que metan a la cárcel a 20 diputados locales, al gobernador y a los 15 integrantes del concejo municipal, pues en ningún momento estamos desacatando sus resolutivos", dijo hoy en entrevista afuera del palacio municipal.

Más tarde, la ministra Sánchez Cordero reiteró que los efectos del decreto por el cual se creó el concejo municipal en esa localidad, están suspendidos, de lo cual ya fue notificada Marisol Avila.

La ministra explicó que mientras el máximo tribunal no resuelva si son legales las prácticas de auditorías por parte del gobierno estatal al municipio de Benito Juárez y la controversia constitucional contra la ejecución del juicio de desafuero al alcalde, la única autoridad reconocida para dirigir el ayuntamiento es García Zalvidea.

En diversas entrevistas, la ministra reiteró que los efectos del decreto 120 del Congreso de Quintana Roo están suspendidos, y señaló que eso de ninguna manera contradice lo ordenado por el ministro Salvador Aguirre Anguiano, quien determinó que en tanto la SCJN no resuelva la constitucionalidad del concejo y sus atribuciones, no proceden sus actos jurídicos.

Puntualizó que hasta el momento se han otorgado tres suspensiones, la primera de ellas tiene que ver con que se detengan las auditorías al ayuntamiento hasta que se determine si están apegadas a la ley; la segunda con un recurso promovido por García Zalvidea, para que cesara la ejecución del juicio político, y la tercera que impide la instalación del concejo municipal.

Respecto a Joaquín Hendricks, gobernador de Quintana Roo, la ministra refirió, a su vez, que "tiene que reconocer definitivamente las resoluciones de la Corte".

La ex diputada local y dirigente estatal del PVEM reiteró que no abandonarán la alcaldía y seguirán al frente de la administración hasta que la Corte le notifique por escrito que salgan de las instalaciones.

En entrevista por separado, y en sentido contrario a las declaraciones de la presidenta concejal, el síndico Xavier Cadena, reconoció que el concejo no tiene personalidad jurídica y que en breve entregarían el palacio municipal.

Por la noche, cuando personal del concejo municipal sacaba cajas con documentos oficiales del palacio municipal fue sorprendido por los reporteros, quienes les preguntaron porqué sustraían la documentación.

Inmediatamente, Marisol Avila convocó a una rueda de prensa en el despacho presidencial, e interrogada sobre si ya estaban abandonado las instalaciones, comentó que sólo entregaría el inmueble, siempre y cuando esté el Organo Superior de Fiscalización, diputados del Congreso local, notarios públicos y "obviamente Juan García".

Y preguntó a los reporteros: ¿Dónde está Juan García? No lo veo, ¿ustedes lo han visto? Ahora me pregunto yo con qué cabildo va a gobernar si no tiene regidores, e insistió en que el concejo no quiere entrar en desacato, pero tiene que haber una entrega recepción.

Libres 7 de los 9 detenidos

La madrugada de este viernes, siete de los nueve detenidos con García Zalvidea, fueron liberados por falta de elementos en los nueve cargos que les imputaban. Los inculpados permanecieron presos desde el miércoles de la semana pasada, luego de una manifestación que fue disuelta por policías municipales con gases lacrimógenos.

El juez segundo penal, Benjamín Navarrete Silva, les dictó auto de libertad al no encontrar elementos para condenarlos, tras ser acusados por Luis Felipe Saidén Ojeda, director de Seguridad Pública, por la presunta comisión de nueve delitos.

Cerca de la una de la madrugada del viernes, el ex director de la cárcel municipal Jorge Parra; el ex director de Participación Ciudadana, Juan Carlos Muñoz; el secretario particular de García Zalvidea, Roberto Wolf; el escolta del edil, Andrés García, así como los activistas Jorge Chi, Jorge Antonio Che y Candy Cruz, salieron por la puerta principal del penal de Cancún.

Los otros detenidos recuperaron su libertad a las 15 horas de este viernes, tras depositar fianza de 10 mil 500 pesos, ya que los delitos que les imputaron no son graves (daños dolosos contra una patrulla de seguridad pública por 8 mil pesos). Los nueve coacusados quedaron absueltos de los delitos de sedición, motín, rebelión y sabotaje, así como ataques a las vías generales de comunicación y ultraje a la autoridad.

Por otro lado, en la ciudad de México, el diputado panista de Quintana Roo Rogelio Márquez Valdivia informó que con el apoyo de la dirigencia nacional de su partido, solicitó ayer a la Cámara de Diputados que se realice juicio político contra el gobernador Joaquín Hendricks Díaz, por "negligencia y abuso de autoridad en el desempeño de sus funciones", lo que ha causado el quebrantamiento del estado de derecho en el municipio, señaló.

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