El régimen del ISSSTE, sólo para instituciones públicas como UNAM, UAM e IPN

Desde 2002 se modifican los sistemas de pensiones en universidades de los estados

Entre los cambios, instauración de fideicomisos tripartitas similares a las Afore

JOSE GALAN

Las instituciones públicas de educación superior llamadas federales, es decir, las que se encuentran en la ciudad de México -a diferencia de las de los estados-, están sujetas al régimen de pensiones y jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); es el caso de casas de estudio como el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y las universidades Nacional Autónoma de México y Autónoma Metropolitana.

Los otros organismos respaldados por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) acordaron desde hace dos años establecer fideicomisos para el retiro con la participación de trabajadores, instituciones y gobiernos federal y estatal.

El sistema de educación superior pública nacional cuenta con unos 310 mil trabajadores entre académicos y administrativos, y en promedio existe un pensionado por cada 11 trabajadores en activo.

Se calcula que en 2010 habrá cinco empleados en activo por cada pensionado y, en algunos casos, uno por cada uno.

En el caso de las universidades estatales, las cuotas y aportaciones o primas en promedio del conjunto son de 2.8 por ciento de las nóminas del personal en activo, cuando estudios actuariales encargados por la ANUIES indican que debería ser de 43.6 por ciento, es decir, 15 veces superiores a las actuales.

De allí el proceso de modificación de los sistemas de pensiones y jubilaciones impulsado por la ANUIES, las universidades y sus sindicatos -con la participación de los gobiernos estatales- desde hace dos años, que ha logrado disminuir sensiblemente el monto total de los pasivos contingentes.

Se emprendieron principalmente dos modificaciones sustanciales, que implicaron reformar las leyes universitarias y los contratos colectivos de trabajo: se elevó la edad de retiro a 60 años en promedio y se eliminaron las llamadas jubilaciones dinámicas para personal de nuevo ingreso, al tiempo que aumentaron las aportaciones de los asalariados.

La llamada jubilación dinámica significa que un trabajador se jubila con ciento por ciento del sueldo que percibe al momento del retiro. Si un empleado permaneció 24 años en un puesto con determinado ingreso y, en el último año, antes de solicitar su jubilación -el periodo laboral comúnmente aceptado para otorgar la jubilación era hasta 2002 de 25 años y la propuesta aceptada es que ahora la jubilación sea a los 35 años de servicio o 65 años de edad-, fue ascendido en el escalafón, habría ganado el total de su último salario por concepto de jubilación. Se daban casos en que el trabajador recibía doble pensión: la otorgada por la institución más la jubilación a que tiene derecho por su afiliación al ISSSTE o al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Este sistema provocó un serio quebranto financiero a las instituciones públicas de educación superior, que llegaban a destinar hasta 20 por ciento de sus presupuestos totales para solventar pensiones y jubilaciones.

Sistemas de retiro dispares

Para impulsar las llamadas "reformas estructurales" de las universidades, la ANUIES recibió en 2002 y 2003 una bolsa extraordinaria de mil millones de pesos anuales por parte de la Cámara de Diputados dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, en una labor de cabildeo que tuvo como base, primero, el apoyo de la SEP, y luego la elaboración de un informe sobre pensiones y jubilaciones en las casas de estudio elaborado en 2001, que encontró "una gran dispersión" en la manera en que cada institución enfrentaba la problemática.

"No existe una universidad igual a otra en la forma, los montos, las políticas a seguir y las diferentes edades de jubilación y antigüedad."

De allí la necesidad de diseñar nuevas formas de contratación; la creación de fideicomisos similares a las Afore, por su conformación tripartita; el incremento de las edades y los tiempos de jubilación que, como ya se mencionó, se ubican en promedio en 35 años de servicio y/o 65 de edad, y la necesidad de trabajar hombro con hombro con los sindicatos para salvaguardar la viabilidad financiera de las fuentes de empleo.

En 2001 la ANUIES advirtió a universidades, sindicatos y autoridades educativas: "No hay suficientes reservas en ninguna universidad para resolver el problema, lo que implica problemas a mediano y largo plazo. Casi no existen aportaciones de los empleados a los fondos de reserva de las instituciones; el número de trabajadores con derecho a pensión es muy grande en relación con el número de pensionados, y la relación con los organismos de asistencia social como ISSSTE, IMSS y los sistemas estatales de seguridad social, es muy variada".

De ahí siguieron dos años de reformas, que se reflejan en ejemplos como la Universidad Autónoma de Nuevo León: los trabajadores actuales aportan 12 por ciento de su salario, mientras los pensionados y jubilados 26 por ciento; los empleados contratados antes de los cambios se jubilan con ciento por ciento líquido, a los 30 años de servicio. Pero los nuevos se retirarán con 50 por ciento del último ingreso líquido en promedio y con 65 años de edad y/o 35 de servicio.

Otro ejemplo es la Universidad Autónoma de Nayarit: los trabajadores contratados antes de las reformas aportan entre 5 y 10 por ciento de su salario; los jubilados y pensionados, nada; se jubilan con ciento por ciento de su último salario, a los 65 años y/o 35 años de servicio. Para las nuevas generaciones de trabajadores, la jubilación será de 50 por ciento líquido del último salario en promedio, complementario al IMSS.