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P O L I T I C A
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México D.F. Lunes 9 de agosto de 2004

Para el gobierno federal tiene futuro promisorio

La industria azucarera, "en jaque": investigadoras

MATILDE PEREZ U.

Considerada entre los sectores de alta prioridad para la economía agrícola nacional, la industria azucarera es mirada por las autoridades con futuro promisorio y con inquietud por productores e investigadores. Los agricultores pugnan por mantener su espacio productivo, pues es el único cultivo que les permite tener seguridad social y una pensión; los estudiosos se preguntan si el Estado seguirá financiando los ingenios poco competitivos y si éstos sobrevivirán hasta 2008, año en que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte establece la eliminación de los aranceles para el producto.

Sesenta y cinco por ciento de los 19.5 millones de hectáreas de la superficie mundial sembrada con caña de azúcar se localiza en México, Brasil, India, China, Tailandia y Pakistán. En los últimos seis años la superficie destinada en el país a la siembra de la gramínea ha oscilado entre las 615 y 630 mil hectáreas y, según el Sistema Integral de Información Agroalimentaria y Pesquera de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), el rendimiento promedio es de 72 toneladas por hectárea, es decir por arriba del nivel promedio de los principales países productores, excepto India.

En Veracruz, Jalisco, San Luis Potosí, Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas se sembró 76 por ciento de las 639 mil hectáreas que se plantaron para la zafra 2003-2004, y se han mantenido como los principales estados productores. Chiapas ha incrementado su participación como productor, ya que entre 1998 y 2002 la superficie destinada a la gramínea creció 48.4 por ciento y el rendimiento promedio por hectárea ha superado 90 toneladas por hectárea.

Producción mundial

Si bien México desde hace casi una década se mantiene entre los 10 principales productores mundiales -séptimo lugar con 5.4 millones de toneladas- ha dejado de figurar entre los exportadores de azúcar, pues destina el mayor volumen al consumo interno (4.6 millones de toneladas). En la zafra 1995-1996, las exportaciones del país representaron 1.7 por ciento del total mundial, con 587 mil toneladas; para 2002-2003 fueron de apenas 0.1 por ciento, con 66 mil toneladas; en ese periodo la caída fue de 92 por ciento, indica la Sagarpa en un análisis sobre la caña de azúcar. Además, es difícil colocar en el mercado externo los excedentes producidos debido a la reducción de cuotas impuestas por Estados Unidos a México.

Sin embargo, la Sagarpa insiste en que si bien los niveles de producción están muy lejos de los de Brasil, India y China, en el país hay potencial productivo y podría ir más allá de la autosuficiencia. "El volumen de compras al exterior no superó las 60 mil toneladas en los últimos cinco años, excepto en el lapso 2002-2003, cuando se importaron cerca de 100 mil toneladas".

Respecto a la situación de los 27 ingenios expropiados, la Sagarpa asegura que hay avances en su saneamiento y actualización tecnológica. José Manuel Tapia, responsable del Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero, informó a legisladores que había 14 mil 200 millones de pesos derivados de una caja inicial de 819 millones de pesos, y recursos propios por 13 mil 379 millones de pesos.

"Los ingenios operan con recursos propios que han autogenerado, los cuales sirven de capital de trabajo para financiar reparaciones, inversiones y para la operación de esas agroindustrias; no tienen costo presupuestal directo sobre el erario", aseguró.

La expropiación de los ingenios, recordó, fue la respuesta del gobierno a la situación precaria en éstos, la cual amenazaba con transformarse en problema social de proporciones considerables, ya que el sector arrastraba recurrentes crisis económicas.

En cuanto a los juicios de amparo interpuestos por los grupos Consorcio Azucarero Escorpión (Caze), encabezado por Enrique Molina Sobrino, y Grupo Machado, de Teresita Machado, están en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolverá en definitiva si proceden. La Sagarpa subrayó en un comunicado que tiene plena seguridad de que los fallos de la Corte estarán plenamente apegados a la ley, con lo cual se evitará que por posibles criterios diferenciados en tribunales de circuito se emitan fallos encontrados en dichos juicios.

Los juicios que promovió el Grupo Santos, de Alberto Santos de Hoyos, siguen bajo la jurisdicción de los jueces de distrito correspondientes.

Los ingenios expropiados del Grupo Caze fueron: Atencingo, Casasano, La Abeja, El Modelo, El Potrero, Emiliano Zapata, La Providencia, Plan de San Luis, San Cristóbal y San Miguelito. Los del Grupo Machado: Central Progreso, Pablo Machado, La Margarita (Llosas), Santo Domingo, Zapoapita, La Gloria y José María Morelos. Los del Grupo Santos: Bellavista, Pedernales, Alianza Popular, Plan de Ayala, Cuatotolapan y San Gabriel, que junto con los siete del Grupo GAM (devueltos al propietario por haber ganado el juicio de amparo), tenían una deuda de 19 mil millones de pesos.

Las investigadoras Gisela Espinosa, de la UAM Xochimilco, y Blanca Olivia Acuña Rodarte, de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, consideran que la "salud financiera de los ingenios no está garantizada; la viabilidad de las fábricas y los cañaverales sigue en jaque". En el análisis Cañeros y cañaverales a la deriva: entre la privatización y las expropiaciones de la industria azucarera, asientan que la expropiación fue "más un parche que salvó a un puñado de industriales, pero dejó sin respuesta asuntos estratégicos (...). El ramo sigue sin un plan integral y los cañeros siguen a la deriva entre la privatización y las expropiaciones".

Ambas recomiendan la regulación y ordenamiento del mercado interno mediante un plan que acople oferta y demanda, una intervención comprometida de industriales y del Estado y su actuación para desmantelar el contubernio y la corrupción. El Estado, destacan, tiene que asumir su responsabilidad en la protección de las fuentes de empleo e ingreso de los 158 mil cañeros y 190 mil trabajadores ocupados en los campos y en los ingenios; del éxito o fracaso de ello depende también el bienestar de los consumidores y contribuyentes.

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