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México D.F. Miércoles 11 de agosto de 2004

El embate, "por miedo e irresponsabilidad de Fox": Linares Zapata y Garrido

Alertan expertos sobre la gravedad del desafuero

BERTHA TERESA RAMIREZ

Luis Linares Zapata, articulista de esta casa editorial, consideró que los verdaderos enemigos del jefe del Gobierno del Distrito Federal (GDF) todavía no aparecen pero "ahí están y son poderosísimos, tanto que mueven las instituciones nacionales y las supranacionales para inducir y consolidar sus intereses".

batres_lamm_forAl participar en un foro convocado por La Jornada y Casa Lamm, dijo que aun cuando el desafuero del jefe de Gobierno sería una conducta reprobable, la posibilidad de que esto suceda es real, pues obedecería a un impulso de la derecha para actuar de manera directa ante uno de los obstáculos que se le están presentando para mantenerse en el poder, sin importar que tenga que pasar sobre el derecho. "Esta ha sido la lógica descarnada del poder; a eso nos vamos a enfrentar."

Señaló que otro de los motivos por los cuales el gobierno va a actuar de esa manera es la defensa de sus intereses, "porque quizá ellos en lo personal van a ser enjuiciados". El Presidente tiene miedo de parar en los tribunales una vez que haya dejado de ejercer el poder, dijo.

Por su parte, Luis Javier Garrido, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), opinó que el juicio contra López Obrador no procede porque no hubo delito y tampoco responsabilidad del jefe de Gobierno. Lo más grave es que nadie cree que "esta acusación tan burda" tenga un origen jurídico, sino político, es decir, "el miedo de Fox, Marta Sahagún y Santiago Creel al 2006".

El Presidente ha involucrado mediante Rafael Macedo y la PGR a los poderes Judicial y Legislativo. "Los tres están en entredicho por una acusación fraguada por un irresponsable jefe de Estado. Lo mejor que podría pasar a Fox y al régimen es que no prosperara esa acusación."

Agregó que el juicio de procedencia en México, como en todo el mundo, tiene su origen en la necesidad de proteger la función constitucional que desempeñan los funcionarios públicos de alta jerarquía respecto de obstrucciones o agresiones con fines políticos por parte de otros funcionarios, así como de protegerlos de represalias y acusaciones temerarias.

Sin embargo, constituye una paradoja que el juicio de procedencia sirva actualmente para que el jefe de Gobierno sea objeto de agresiones con fines políticos.

A su vez, Miguel Cobián, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, señaló que la Constitución establece que para que haya un procedimiento de declaración de procedencia, cualquiera que sea la decisión de la sección instructora camaral, es indispensable que se haya iniciado un proceso penal, de lo contrario no tiene sentido discutir si se retira el fuero.

"Lo que tendría que hacer la Cámara sería resolver con toda objetividad, diciendo: 'yo no puedo pronunciarme por algo que formalmente no ha sido iniciado, no hay ningún juez que tenga en este momento la acusación formal de la procuraduría en el caso de López Obrador'. Consecuentemente no hay materia."

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