Concepción Castañeda, también diputada del PRI, justifica una "revisión a la ley"

Se pliega liderazgo sindical del ISSSTE

Varios grupos inconformes llaman a movilizarse y rechazar reformas en sus pensiones

FABIOLA MARTINEZ

El Sindicato Nacional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) dio su aval para el inicio del proceso de reforma a la ley de este organismo, la cual debe incluir el sistema de pensiones pero también el fondo médico, ambos rubros en déficit progresivo.

Concepción Castañeda Ortiz, secretaria general del gremio y diputada federal priísta, justificó esa postura al advertir que "la situación económica del instituto es difícil, por lo que es necesaria una revisión a su ley".

Más de 450 mil jubilados y pensionados dependen de la citada normatividad y tienen derecho a los servicios médicos del instituto, lo mismo que casi 2 millones de empleados públicos adscritos a las dependencias de Estado -incluidos cuerpos policiacos- así como otros organismos y entidades vinculados al nivel federal.

El año pasado este diario publicó el anteproyecto de reforma, elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el cual se propone hacer una normatividad "espejo" a la del Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir, incorporar a los empleados públicos en administradoras de fondos para el retiro (Afore) y aumentar la edad y antigüedad laboral necesarias para aspirar a una jubilación.

En tanto, una corriente opositora del sector de empleados públicos, denominada Foro Sindical del ISSSTE, manifestó su desacuerdo con la postura que han asumido los dirigentes sindicales, quienes "ya están dando su visto bueno pero no han convocado a ninguna asamblea, por lo menos informativa, para recabar la opinión de los trabajadores".

Integrantes de este grupo disidente señalaron en cambio que es urgente que los empleados públicos se sumen a la lucha del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social y participen en la movilización convocada para el próximo 31 de agosto y en el paro del primero de septiembre, justo en el lapso en que el presidente Vicente Fox rinda su cuarto Informe de gobierno.

Ramón Armando Velasco, de la sección 35 del sindicato de la Secretaría de Desarrollo Social, señaló que la intención del proyecto gubernamental para que los trabajadores se hagan cargo de sus propias pensiones resulta inclusive una medida de corte fascista: "Eso no lo hizo ni (el italiano Benito) Mussolini ni (el chileno Augusto) Pinochet, pero sí lo está haciendo Vicente Fox", expresó.

Mientras el sindicato del ISSSTE proponía una reforma integral a la ley de ese organismo, empleados de diversas secciones de las secretarías de Desarrollo Social, Salud y Educación Pública exigieron frente al edificio central del instituto una consulta a la base antes de avanzar hacia una enmienda legislativa.

"Aquí los funcionarios han dicho sí a la reforma, pero no han consultado a los trabajadores. Pretenden aplicar, una vez más, una decisión unilateral y lo que menos les interesa es tomar en cuenta a los involucrados", manifestaron los grupos opositores.

Para abundar en torno a este tema se intentó hablar con el presidente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala, pero en su oficina informaron que el dirigente se encuentra de vacaciones; en tanto, la presidencia colegiada de la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos no había emitido hasta ayer postura oficial sobre la eventual reforma, programada por la Secretaría de Hacienda desde julio pasado.

El sindicato del ISSSTE, agregó Castañeda, está preparado para plantear su propuesta sobre "una inminente" reforma a la ley del instituto, en la cual se establezca "que los derechos de los servidores en activo deben permanecer intocables".

El instituto y su sindicato han señalado que el costo para el pago de jubilados y pensionados sumará al cierre de este sexenio 140 mil millones de pesos; de no aplicar inmediatamente un cambio, se alerta, ese nivel será igual a las reservas internacionales del país, toda vez que a partir de 2012 el pasivo laboral sumará 330 mil millones, y en los siguientes seis años, 970 mil millones de pesos.

En ese contexto, la dirigente sindical llamó a la FSTSE a participar en el proceso de discusión para la elaboración de una eventual iniciativa de ley y, en particular, presionar a fin de que los sindicatos tengan un asiento en la posible mesa de negociación de la reforma.

De hecho esta organización ha realizado actos para analizar las modificaciones aplicadas en otros países y en entidades como México, Aguascalientes y Nuevo León, "donde han ensayado políticas y acciones para revertir las tendencias negativas de sus sistemas estatales".