Las políticas instrumentadas por el gobierno del presidente Luiz Inacio Lula da Silva han estabilizado la moneda y mantenido la inflación bajo control, lo que no es poco en una economía como la brasileña. Pero al mismo tiempo se repite una vieja historia en Latinoamérica: la desocupación aumenta y los salarios reales se reducen.

Jonathan Wheatley, Sao Paulo

Con un líder fundador del movimiento sindical brasileño ahora en la presidencia, uno podría esperar que las relaciones laborales estuvieran entre las prioridades del gobierno. Durante la campaña para la elección presidencial de 2000, Luiz Inacio Lula da Silva y otros dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT) promovieron la meta de crear 10 millones de empleos. Y cuando Lula ganó había un sentimiento entre los sindicalistas de que su momento político había llegado.

Pero la desocupación ha ascendido a niveles récord desde que se inició esta administración a principios de 2003, y Lula mismo ha sido abucheado en los mítines sindicales. Muchos en la izquierda se sienten traicionados por la adherencia del gobierno a las políticas de restricción fiscal y monetaria de su predecesor.

Estas políticas "han estabilizado la moneda y mantenido la inflación bajo control", expresa Luiz Marinho, presidente de la CUT, la mayor confederación sindical, "pero con ello también se ha profundizado la crisis social brasileña, con la reducción de los salarios y el dramático estado del desempleo".

Otros son más elocuentes. "Lula fue electo a partir de la promesa de cambio y creó muchas esperanzas", recuerda Luiz Carlos Prates, conocido como Mancha, líder del principal sindicato automotor. "Ahora están poniendo los intereses del gobierno adelante del interés de los trabajadores."

Las razones del descontento son fáciles de hallar. El "espectáculo del crecimiento" que prometió Lula en su campaña tarda mucho en materializarse. La economía brasileña se contrajo 0.2 por ciento en 2003. El desempleo en la zona metropolitana de San Paulo ­núcleo del sindicato del propio Lula­ alcanzó 2 millones de personas en marzo de este año, más de 20 por ciento de la población económicamente activa.

Al parecer se ha hecho poco para crear plazas. El programa más relevante del gobierno dedicado a los jóvenes, Primer Empleo, ofrece 200 reales ­unos 65 dólares­ al mes durante seis meses a empresas pequeñas, y 100 reales ­32.5 dólares­ al mes a las más grandes, como incentivo para emplear a gente joven. Pero las empresas también deben comprometerse a no eliminar trabajadores durante un año. De acuerdo con el Ministerio del Empleo sólo 725 vacantes se crearon con este programa hasta la primera mitad del año. La preocupación es que, si las restricciones que contiene se relajan, los empleadores simplemente cambiarán sus actuales trabajadores por otros que son subsidiados.

Es igualmente difícil apreciar los beneficios potenciales del programa en un mercado de trabajo que es de los más restrictivos del mundo. Emplear gente es notoriamente caro en Brasil. Los impuestos y los beneficios que cubren los patrones añaden hasta 100 por ciento del salario al costo de contratarlos.

Despedir a alguien es aún más costoso. En muchos países, los trabajadores pueden ser despedidos sólo por una causa justificada que se define para protegerlos de la falta de escrúpulos de los empleadores, al tiempo que se provee de cierta flexibilidad en el mercado laboral. En Brasil es casi imposible despedir a alguien por causa justificada, pero suele ser fácil hacerlo sin justificación, siempre que los empleadores hagan una serie de pagos que equivalen a varios meses de salario y aun por los recientemente contratados.

El resultado es que la mayoría de los trabajadores brasileños se emplea en la economía informal, sin pagar impuestos ni gozar de derechos. Menos de 20 millones de personas laboran en el sector formal y se estima que 40 millones lo hacen en el informal. Los costos sociales y económicos, en términos de beneficios, inversiones perdidas y falta de creación de empleos, son enormes.

El gobierno explica que enfrenta la situación y que las reformas fiscal y del sistema de pensiones que se promovieron en 2003 ya están contribuyendo a ello. El cambio impositivo altera la base de cálculo de algunos pagos por beneficios que hacen los empleadores de la nómina y de las ganancias, una medida diseñada para reducir el costo de contratación de fuerza de trabajo. La modificación de las jubilaciones alienta a la gente a permanecer en los empleos formales, al ofrecer más contribuciones estatales a las pensiones para los que así lo hagan.

Pero Ademar Faljone, consultor en relaciones laborales de San Paulo, opina que ninguna de esas reformas tendrá mucho impacto, ya que el ajuste impositivo hace poca diferencia en el costo neto del empleo y el efecto de la reforma de pensiones es a lo sumo marginal.

"El único modo de reducir la informalidad es bajando de manera drástica en monto de los impuestos sobre el empleo", señala Faljone. "Nadie emplea gente en el sector formal por razones administrativas o éticas. Es un asunto puramente económico. Los impuestos para los empleadores en Brasil deben estar al mismo nivel que tienen los competidores."

El gobierno admite la necesidad de reformar la legislación laboral, copiada de la promulgada por Mussolini en Italia. Pero las propuestas surgen de modo lento y al parecer se concentrarán en las empresas pequeñas y medianas, evitando la confrontación con el movimiento obrero organizado. La afinidad del PT con los sindicatos, aunque no es garantía para lograr su apoyo al gobierno, puede prevenir un motivo de conflicto que afecte las condiciones que enfrentan los trabajadores§