Equivale a 12% del valor de la economía nacional

Costará $815 mil millones el rescate financiero del ISSSTE

El monto, superior al aplicado para bancos y carreteras

ANGELES CRUZ ENVIADA

Ixtapan de la Sal, Mex., 25 de agosto. A diferencia de lo ocurrido con el régimen de jubilaciones y pensiones (RJP) de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el gobierno federal aportará, con la figura de un "bono de reconocimiento", 815 mil millones de pesos para el rescate financiero del esquema respectivo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el cual es más grande que el realizado con los bancos y las carreteras.

Ese monto de 815 mil millones de pesos debería encontrarse en el inexistente fondo de retiro para solventar las obligaciones laborales del instituto con los más de 2 millones de burócratas, quienes se supone que podrían cobrar esa suma como pensión si hoy cubrieran los requisitos para el retiro.

Ese dinero, cuatro veces superior al pasivo contingente del IMSS en su carácter de patrón, se ha destinado a otras acciones, entre ellas a cubrir las pensiones en curso de pago de los más de 400 mil ex trabajadores del ISSSTE.

Benjamín González Roaro, director del instituto, presentó ante los integrantes de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados la propuesta detallada del gobierno federal para la reforma en pensiones, según la cual sólo se estaría transparentando la deuda ya existente.

El modelo propuesto y coordinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público plantea "cortar la trayectoria explosiva" del déficit financiero generado por la insuficiencia presupuestal para cubrir las pensiones en curso de pago, que este año equivale a 25 mil millones de pesos.

Para lograr una solución definitiva a la crisis financiera del ISSSTE, las autoridades ya cuentan con una propuesta de reforma integral del organismo y por primera vez se presentó de manera pormenorizada ante los diputados, en el encuentro al que también asistió Alonso García Tamez, subsecretario de Hacienda.

Una parte de dicho proyecto tiene que ver con la creación de un sistema de pensiones basado en cuentas individuales -similar al que ya opera para los trabajadores del apartado A, afiliados al IMSS- a las que se incorporarían los empleados de nuevo ingreso y los actuales.

Con el apoyo de José Antonio González, director de Seguros y Valores de Hacienda, González Roaro explicó que para estos últimos se plantea un esquema de transición, por el que el Estado depositará en forma de bono la cantidad de recursos a los que tendrían derecho los empleados si cumplieran los requisitos para el retiro; es decir, el beneficio en valor presente de las pensiones que equivalen a 815 mil millones de pesos, 12 por ciento del producto interno bruto.

Ya no habrá edad mínima de retiro, actualmente de 55 años y 15 de cotización, por lo que los empleados podrán jubilarse cuando hayan ahorrado lo suficiente para tener acceso a una pensión del doble de la mínima que el Estado garantizará a quienes cumplan 65 años de edad, aparte del monto de sus ahorros.

De acuerdo con la explicación de González Roaro, el trabajador elegirá su edad de retiro dependiendo del tamaño de la pensión que desee, que se integrará con el dinero depositado como "bono de reconocimiento" más las aportaciones que se hayan acumulado a partir de la entrada en vigor de la reforma a la ley y los intereses de ambos montos.

Si llegara el momento en que el trabajador activo completase un ahorro que le permitiera disfrutar de una pensión del doble de la mínima garantizada por el Estado (salario mínimo), se podrá retirar independientemente de la edad que tenga.

En caso contrario, mientras no reúna suficiente dinero en su cuenta individual para lograr esas dos pensiones mínimas, el burócrata tendrá que seguir laborando hasta la edad de 65 años, cuando el Estado se responsabilizará de completar la pensión de un salario mínimo mensual.

Los de nuevo ingreso empezarían a laborar en el ISSSTE bajo las nuevas condiciones para el retiro, de tal suerte que su fondo se integraría, igual que el de quienes ya laboran en el organismo, con su aportación de 3.5 por ciento del salario base de cotización, 3.5 por ciento que aportan las dependencias, 2 por ciento del Sistema de Ahorro para el Retiro y 5 por ciento del fondo de vivienda.

Según el proyecto oficial, que se prevé será presentado al Congreso de la Unión apenas se inicie el periodo ordinario de sesiones, los nuevos trabajadores tendrán garantizada la pensión con base en su ahorro, el cual, a su vez, variará dependiendo del nivel salarial de cada uno.

La iniciativa del gobierno federal coincide con lo acordado por la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y con la de la Convención Nacional Hacendaria (CNH), que también apoyan la individualización de los fondos de pensiones.

González Roaro dijo que la administración de los fondos para el retiro estará a cargo de los organismos privados ya existentes. No obstante, los gobernadores del estado de México y Nuevo León, Arturo Montiel Rojas y José Natividad González Parás, respectivamente, comentaron el acuerdo de la Conago, según el cual dicha administración podría ser manejada por algún organismo del sector privado, público o social.

Opinan gobernadores

Los gobernadores estuvieron durante la mañana en la reunión que los legisladores realizaron en esta ciudad. Resaltaron que los trabajadores no tienen responsabilidad en la crítica situación financiera del ISSSTE, pero existe la necesidad de establecer un "modelo nacional de seguridad social que procure la viabilidad financiera, la portabilidad y la comunicación de sistemas de pensiones, así como el establecimiento de una pensión mínima garantizada por el gobierno federal, la universalidad a mediano plazo y, al mismo tiempo, procurar el incremento de la cobertura y la optimización de la infraestructura médica".

Ambos mandatarios estatales expusieron los beneficios obtenidos en sus entidades con las reformas a los regímenes de pensiones de los trabajadores locales, mediante los cuales se conformaron sendos sistemas de cuentas individuales.

La propuesta de la Conago plantea, además, que el Estado mantenga y fortalezca su papel de rector, promotor, regulador y garante de la seguridad social; garantizar la seguridad jurídica de la pensión; dotar de solidaridad y equidad al sistema; que siente las bases para alcanzar la universalidad en el mediano plazo, y dar a las instituciones viabilidad financiera.

Según González Parás, las reformas de corto plazo no requieren que se concrete la reforma fiscal, lo que sí será indispensable cuando se plantee la universalización del esquema de retiro.

Según las previsiones del gobierno federal, transmitidas por el director del ISSSTE, cada año que se pospone la reforma integral a la ley del organismo el pasivo se incrementa en 120 mil millones de pesos, lo que significa que al mes el aumento es de 10 mil millones de pesos.

De ahí que para González Roaro "llegó la hora de la reforma del ISSSTE y avanzar a pasos acelerados", porque los costos financieros y sociales del déficit institucional ya trascendieron a la administración pública y estatal. En poco tiempo, advirtió, el crecimiento de la deuda del instituto "será totalmente impagable".

De acuerdo con el proyecto del gobierno federal, bajo el nuevo esquema para el retiro, el déficit, que este año asciende a 25 mil millones de pesos, tendrá inicialmente un agregado de 13 mil millones de pesos como "costo de la transición". Ambas cantidades se reducirán de manera paulatina hasta que en 2008 empiecen a verse los primeros ahorros, aunque la insuficiencia presupuestal persistirá durante 25 o 30 años, admitió.