Ante las protestas del sindicato del IMSS, plantea "profundizar el diálogo"

Levy exige cambios al contrato colectivo

FABIOLA MARTINEZ

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Santiago Levy, planteó que la reforma a la ley del organismo no resuelve "en su totalidad" el problema financiero, por lo que es necesario "profundizar" el diálogo con el sindicato para "realizar los cambios contractuales y legales necesarios y recuperar la viabilidad financiera de mediano plazo".

El funcionario presentó ayer su informe ante la 94 asamblea general ordinaria del IMSS, hecho difundido por la coordinación general de Comunicación Social del instituto a través de un boletín de prensa, ya que no hubo invitación.

Mientras tenía lugar la asamblea, cientos de afiliados al sindicato realizaban un plantón frente al edificio principal del IMSS, en repudio a la reforma y para exigir la renuncia del titular del instituto.

Colocados en la lateral de Paseo de la Reforma, los empleados del IMSS advirtieron que los cambios aplicados son "inconstitucionales" y violentan diversas cláusulas del contrato colectivo. Por ello, señalaron, continuarán con su plan de "resistencia", que incluye diversas movilizaciones el próximo 31 de agosto así como un "paro colectivo" el primero de septiembre, justo el día del cuarto Informe del presidente Vicente Fox.

Como se ha difundido, el sindicato prepara también una solicitud de amparo contra la reforma, que se presentará ante un juez de distrito la próxima semana, como la vía para que el Poder Judicial dé marcha atrás al cambio legal.

Adentro, Levy se dirigía a los integrantes del consejo técnico (integrado por enviados de los sectores obrero, patronal y del gobierno federal), quienes promovieron la reforma y la inmediata aprobación de ésta a cargo de legisladores del PAN y la mayoría del PRI. Ante ellos, reiteró que la situación financiera del instituto es "crecientemente delicada".

De paso, en las observaciones finales, Levy señaló que "es conveniente ponderar si el IMSS debe o puede mantener a futuro actividades y servicios que tal vez otras instancias del Estado mexicano puedan proveer de mejor manera".

Si bien trató de fijar una postura de conciliación con el sindicato, expuso que aunque los esfuerzos realizados por más de 370 mil empleados permiten que los principales proyectos del organismo estén en marcha, hay "claros límites" y no representan la "solución permanente".

Entonces señaló que la reciente enmienda es sólo "un paso decisivo y firme" para construir un nuevo marco legal que sirva de base para generar acuerdos y consensos en busca de resolver problemas pendientes.

Sin embargo, agregó, los desequilibrios ya acumulados, sobre todo el derivado del pasivo laboral, gravitarán sobre la institución en los próximos años y requerirán del esfuerzo de todos para solventar esta situación.

Las prioridades del instituto, prosiguió, han sido marcadas con toda claridad por el Legislativo y corresponde a las autoridades del IMSS y a su sindicato buscar la mejor manera de aplicar estas disposiciones. Expresó su reconocimiento a los legisladores y al Presidente por "esas trascendentes reformas" y ofreció darles cumplimiento puntual.

Insistió en que la enmienda no afecta ninguno de los derechos adquiridos por los actuales pensionados y jubilados y da certeza jurídica a los más de 370 mil trabajadores en activo para respetar las prestaciones establecidas en su régimen de jubilaciones y pensiones (RJP).

Fijó también una lista de objetivos prioritarios, en la que señala que es necesario "realizar los cambios contractuales y legales necesarios para recuperar la viabilidad financiera de mediano plazo". Además, promover "el cambio organizacional en la institución" y acrecentar y profesionalizar el manejo de las reservas.

Otros puntos se refieren a la necesidad de fortalecer la medicina de familia y revalorar la prevención; fomentar la rehabilitación para el trabajo; mejorar y desconcentrar el abasto; aumentar la calidad de la atención médica; expandir el servicio de guardería, y recaudar con mecanismos más modernos, estrictos y eficaces, entre otros puntos.

Admitió que el instituto tiene gran rezago en inversión, conservación, equipamiento y contratación de nuevo personal. En ese punto insistió en que "se deben crear más reservas para su pasivo laboral y sus ramos de aseguramiento".

De acuerdo con los más recientes indicadores financieros difundidos por el IMSS (2001-2003), que fueron destacados en el informe de Levy, se precisa que el pasivo laboral (obligaciones por beneficios proyectados) se ubica actualmente en poco más de 419 mil millones de pesos.

Una vez más planteó que "el problema fundamental es el impacto que el RJP tiene sobre la operación del instituto", de ahí que "aumentar las contribuciones de todos los afiliados al IMSS para financiar el régimen, independientemente de las consideraciones de equidad, reducirá la cobertura de la seguridad social".

En las consideraciones finales del informe, aprobado por la representación obrera y patronal en la 94 asamblea general, el funcionario reitera que "de forma esencial se requiere una modificación al RJP para, con respeto a los derechos de los trabajadores, revertir la actual trayectoria de deterioro operativo y financiero".

Menciona también que se requiere fortalecer la base fiscal del Estado para que éste pueda, a su vez, apoyar al Seguro Social.

"No pueden plantearse modificaciones legislativas que aumenten las transferencias de recursos del gobierno federal al instituto sin simultáneamente plantear sus fuentes de financiamiento", declaró el funcionario.

Equivale a 12% del valor de la economía nacional

Costará $815 mil millones el rescate financiero del ISSSTE

El monto, superior al aplicado para bancos y carreteras

ANGELES CRUZ ENVIADA

Ixtapan de la Sal, Mex., 25 de agosto. A diferencia de lo ocurrido con el régimen de jubilaciones y pensiones (RJP) de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el gobierno federal aportará, con la figura de un "bono de reconocimiento", 815 mil millones de pesos para el rescate financiero del esquema respectivo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el cual es más grande que el realizado con los bancos y las carreteras.

Ese monto de 815 mil millones de pesos debería encontrarse en el inexistente fondo de retiro para solventar las obligaciones laborales del instituto con los más de 2 millones de burócratas, quienes se supone que podrían cobrar esa suma como pensión si hoy cubrieran los requisitos para el retiro.

Ese dinero, cuatro veces superior al pasivo contingente del IMSS en su carácter de patrón, se ha destinado a otras acciones, entre ellas a cubrir las pensiones en curso de pago de los más de 400 mil ex trabajadores del ISSSTE.

Benjamín González Roaro, director del instituto, presentó ante los integrantes de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados la propuesta detallada del gobierno federal para la reforma en pensiones, según la cual sólo se estaría transparentando la deuda ya existente.

El modelo propuesto y coordinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público plantea "cortar la trayectoria explosiva" del déficit financiero generado por la insuficiencia presupuestal para cubrir las pensiones en curso de pago, que este año equivale a 25 mil millones de pesos.

Para lograr una solución definitiva a la crisis financiera del ISSSTE, las autoridades ya cuentan con una propuesta de reforma integral del organismo y por primera vez se presentó de manera pormenorizada ante los diputados, en el encuentro al que también asistió Alonso García Tamez, subsecretario de Hacienda.

Una parte de dicho proyecto tiene que ver con la creación de un sistema de pensiones basado en cuentas individuales -similar al que ya opera para los trabajadores del apartado A, afiliados al IMSS- a las que se incorporarían los empleados de nuevo ingreso y los actuales.

Con el apoyo de José Antonio González, director de Seguros y Valores de Hacienda, González Roaro explicó que para estos últimos se plantea un esquema de transición, por el que el Estado depositará en forma de bono la cantidad de recursos a los que tendrían derecho los empleados si cumplieran los requisitos para el retiro; es decir, el beneficio en valor presente de las pensiones que equivalen a 815 mil millones de pesos, 12 por ciento del producto interno bruto.

Ya no habrá edad mínima de retiro, actualmente de 55 años y 15 de cotización, por lo que los empleados podrán jubilarse cuando hayan ahorrado lo suficiente para tener acceso a una pensión del doble de la mínima que el Estado garantizará a quienes cumplan 65 años de edad, aparte del monto de sus ahorros.

De acuerdo con la explicación de González Roaro, el trabajador elegirá su edad de retiro dependiendo del tamaño de la pensión que desee, que se integrará con el dinero depositado como "bono de reconocimiento" más las aportaciones que se hayan acumulado a partir de la entrada en vigor de la reforma a la ley y los intereses de ambos montos.

Si llegara el momento en que el trabajador activo completase un ahorro que le permitiera disfrutar de una pensión del doble de la mínima garantizada por el Estado (salario mínimo), se podrá retirar independientemente de la edad que tenga.

En caso contrario, mientras no reúna suficiente dinero en su cuenta individual para lograr esas dos pensiones mínimas, el burócrata tendrá que seguir laborando hasta la edad de 65 años, cuando el Estado se responsabilizará de completar la pensión de un salario mínimo mensual.

Los de nuevo ingreso empezarían a laborar en el ISSSTE bajo las nuevas condiciones para el retiro, de tal suerte que su fondo se integraría, igual que el de quienes ya laboran en el organismo, con su aportación de 3.5 por ciento del salario base de cotización, 3.5 por ciento que aportan las dependencias, 2 por ciento del Sistema de Ahorro para el Retiro y 5 por ciento del fondo de vivienda.

Según el proyecto oficial, que se prevé será presentado al Congreso de la Unión apenas se inicie el periodo ordinario de sesiones, los nuevos trabajadores tendrán garantizada la pensión con base en su ahorro, el cual, a su vez, variará dependiendo del nivel salarial de cada uno.

La iniciativa del gobierno federal coincide con lo acordado por la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y con la de la Convención Nacional Hacendaria (CNH), que también apoyan la individualización de los fondos de pensiones.

González Roaro dijo que la administración de los fondos para el retiro estará a cargo de los organismos privados ya existentes. No obstante, los gobernadores del estado de México y Nuevo León, Arturo Montiel Rojas y José Natividad González Parás, respectivamente, comentaron el acuerdo de la Conago, según el cual dicha administración podría ser manejada por algún organismo del sector privado, público o social.

Opinan gobernadores

Los gobernadores estuvieron durante la mañana en la reunión que los legisladores realizaron en esta ciudad. Resaltaron que los trabajadores no tienen responsabilidad en la crítica situación financiera del ISSSTE, pero existe la necesidad de establecer un "modelo nacional de seguridad social que procure la viabilidad financiera, la portabilidad y la comunicación de sistemas de pensiones, así como el establecimiento de una pensión mínima garantizada por el gobierno federal, la universalidad a mediano plazo y, al mismo tiempo, procurar el incremento de la cobertura y la optimización de la infraestructura médica".

Ambos mandatarios estatales expusieron los beneficios obtenidos en sus entidades con las reformas a los regímenes de pensiones de los trabajadores locales, mediante los cuales se conformaron sendos sistemas de cuentas individuales.

La propuesta de la Conago plantea, además, que el Estado mantenga y fortalezca su papel de rector, promotor, regulador y garante de la seguridad social; garantizar la seguridad jurídica de la pensión; dotar de solidaridad y equidad al sistema; que siente las bases para alcanzar la universalidad en el mediano plazo, y dar a las instituciones viabilidad financiera.

Según González Parás, las reformas de corto plazo no requieren que se concrete la reforma fiscal, lo que sí será indispensable cuando se plantee la universalización del esquema de retiro.

Según las previsiones del gobierno federal, transmitidas por el director del ISSSTE, cada año que se pospone la reforma integral a la ley del organismo el pasivo se incrementa en 120 mil millones de pesos, lo que significa que al mes el aumento es de 10 mil millones de pesos.

De ahí que para González Roaro "llegó la hora de la reforma del ISSSTE y avanzar a pasos acelerados", porque los costos financieros y sociales del déficit institucional ya trascendieron a la administración pública y estatal. En poco tiempo, advirtió, el crecimiento de la deuda del instituto "será totalmente impagable".

De acuerdo con el proyecto del gobierno federal, bajo el nuevo esquema para el retiro, el déficit, que este año asciende a 25 mil millones de pesos, tendrá inicialmente un agregado de 13 mil millones de pesos como "costo de la transición". Ambas cantidades se reducirán de manera paulatina hasta que en 2008 empiecen a verse los primeros ahorros, aunque la insuficiencia presupuestal persistirá durante 25 o 30 años, admitió.

Exige el especialista al gobierno "resolver ya" el diferendo con el sindicato del IMSS

Se declara Baltasar Cavazos contra la huelga

ENRIQUE MENDEZ Y ROBERTO GARDUÑO

Baltasar Cavazos Flores, presidente de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo, declaró que "no puede haber huelgas ya en los servicios públicos esenciales ni en las entidades de los trabajadores al servicio del Estado".

Al participar en un foro sobre derecho laboral, convocado por la fracción del PRI en la Cámara de Diputados, Cavazos sostuvo que antes de una huelga debe imponerse un arbitraje obligatorio para no suspender labores.

Tal es el caso de una posible huelga en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), "que sería fatal" para el país. "No nos repondríamos; no es posible que haya huelga en servicios públicos, porque el derecho de cada persona o de cada sindicato o de cada empresa termina donde empieza el derecho de los demás", dijo.

El especialista consideró que "debe haber mano dura", si bien es necesario que los trabajadores tengan buenas condiciones laborales. "Pero si en un momento dado las demandas del sindicato se vuelven contra la población, a través de una huelga, ésta se convierte precisamente en contra del pueblo", agregó.

-De acuerdo con la importancia del IMSS, Ƒpodría prefigurarse la requisa?

-No, la requisa es una tontería, el gobierno no puede manejar nada de eso; que resuelva, que lo haga de una vez. El mexicano es capaz de cualquier heroicidad con tal de no trabajar, por lo que debe haber un acuerdo en el que tengamos confianza en Conciliación y Arbitraje.

-ƑCómo podría aplicarse la "mano dura" desde el gobierno?

-Que resuelva. No hay sindicato que ahora no acepte 8 por ciento de aumento en los salarios.

-ƑDebe desaparecer el minisalario?

-Debe desaparecer la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, cuesta muy cara y no hace nada.

Cavazos dijo también que la huelga "es un derecho muy raro", porque incluso hay algunas por solidaridad, "que es un atraco y no tenemos pantalones para quitarlas, son anticonstitucionales".

Descalifica el recurso que planea el consejo técnico

Impugna directiva sindical el doble discurso del IMSS

PATRICIA MUÑOZ RIOS

Resulta lamentable el doble discurso que están manejando los directivos del Seguro Social, que por una parte invitan a reanudar el diálogo y por la otra insisten en "poner más vallas al camino de la solución", al manifestar su intención de declarar ante los tribunales que el problema que se enfrenta es "de orden económico", apuntó el sindicato del instituto.

La organización señaló estar preparada para responder legalmente a esta nueva embestida del consejo técnico del Seguro Social, en la que se quiere recurrir a una figura prevista en la ley, pero que no se aplicaría al instituto.

La declaración de "conflicto de orden económico" se tiene prevista en la ley cuando una empresa es insolvente para enfrentar sus obligaciones financieras. Sin embargo, el Seguro Social no es empresa, sino una institución de carácter "social", y eso lo han olvidado los que integran la dirección y su consejo técnico. "Otra vez se están equivocando y están errando el camino", declaró el sindicato.

En tanto, hubo protestas en diversos puntos de la ciudad. La Alianza de Tranviarios y la sección 35 del sindicato del Seguro Social realizaron una marcha-mitin que se inició frente a la Unidad Médica Familiar 15 y concluyó en la base del Servicio de Transportes Eléctricos.

Ante integrantes de El Barzón, la Unión Nacional de Trabajadores, el Colegio de Bachilleres y miembros de otras organizaciones, Benito Bahena, dirigente de los tranviarios, advirtió que no cesarán las movilizaciones hasta lograr que el gobierno dé marcha atrás a la campaña que ha emprendido para afectar el régimen pensionario del instituto.

Al tomar la palabra en esta movilización, expuso que esta lucha ya no es sólo de los trabajadores del Seguro Social, sino de todas las organizaciones sindicales independientes, "las cuales se han unido frente a esta injusticia", pero también porque avizoran el ataque a otros contratos colectivos, a la libertad sindical y a la misma Ley Federal del Trabajo.

Más tarde, los trabajadores del IMSS bloquearon Insurgentes Sur, a la altura del Eje 10, después de marchar hacia la clínica 4 en la colonia Atizapán, donde también realizaron un mitin, mientras que empleados del Sindicato Mexicano de Electricistas efectuaron un bloqueo por la tarde frente a las instalaciones de su sede, en Antonio Caso.

Prosiguen las movilizaciones en varios estados

Ante unas 15 mil personas, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Roberto Vega Galina, señaló que si el gobierno federal insiste en su postura de no echar atrás las reformas al régimen de jubilaciones y pensiones del organismo, se verán obligados a efectuar un paro nacional en los próximos días, aunque aclaró que "se hará con responsabilidad" para proteger la integridad de los trabajadores y los derechohabientes.

Luego de una marcha denominada "del silencio" desde el hospital de zona de Monterrey, Nuevo León, hasta la gran plaza, Vega Galina dijo que no se opone a las reformas, pero está por un cambio profundo que beneficie no sólo a los trabajadores o a los derechohabientes, sino a los más de 100 millones de mexicanos.

Además, señaló que los integrantes del SNTSS darán la cara ante los justos reclamos de los derechohabientes, ya que el director de la institución, Santiago Levy, no tiene autoridad moral para hablar de carencias porque gana más de 220 mil pesos mensuales.

Comentó que el sindicato será solidario con los trabajadores del ISSSTE porque "es otro que sufrirá la embestida del gobierno foxista, que ha sido incapaz de general empleos para que con ello aumenten las cuotas del instituto".

Durante la marcha, que empezó al filo de las 8:30 horas de este miércoles, fueron constantes consignas como: "šel PRI y el PAN seguro que se van!"

En Baja California, la dirigencia estatal del SNTSS cerró simbólicamente la línea internacional entre Mexicali y Calexico en protesta por la reforma a la ley de pensiones y jubilaciones. Mientras repartía volantes de información a quienes cruzarían a California, el dirigente Gilberto Núñez Amezcua anunció que hoy jueves tomarán la caseta de la carretera escénica de Ensenada y harán lo propio un día después en la garita Tijuana-San Diego.

Al asegurar que el discurso del sindicato se radicalizó una vez que los legisladores del PAN y del PRI se "quitaron la careta", propuso que se incremente la cuota obrero-patronal para destinarla a la prestación de servicios.

Anunció que convocará a la gran marcha nacional a los 12 mil trabajadores de Baja California y norte de Sonora, así como a los 3 mil 800 jubilados, para que se unan a la protesta "sin afectar el servicio médico".

En Boca del Río, Veracruz, el ex director del IMSS Emilio Gamboa aseguró que no hay temor por la petición de que se auditen las administraciones anteriores, como lo exigen los trabajadores, y rechazó que él y otros ex funcionarios hayan saqueado los fondos de pensiones.

DAVID CARRIZALES, ANTONIO HERAS Y ANDRES T. MORALES, CORRESPONSALES