Investigadores

El sector energético, campo abierto al capital trasnacional

ANTONIO CASTELLANOS

El gobierno federal ha reducido la inversión en Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro para debilitarlas y abrir el espacio al capital trasnacional. La privatización del sector energético es un hecho y sólo falta la legalización con las reformas a la Constitución que pretende la administración pública, afirmó Sarahí Angeles, del Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la UNAM.

Dijo que el mayor avance del capital extranjero se ha dado en el presente gobierno vía contratos asignados a la iniciativa privada foránea. En 2003, la inversión particular fue de 25 mil 247 millones de pesos frente a sólo 10 mil 902 millones del gobierno en esas dos empresas. El financiamiento a la CFE a través de Pidiregas es de 210 mil millones de pesos.

Arturo Bonilla, ex director del IIE, por su parte, afirmó que la soberanía de México se pone en creciente peligro por el enorme endeudamiento del país y de la industria petrolera, así como por su dependencia del mercado de Estados Unidos para la colocación de las exportaciones de crudo.

Privatización desde el inicio del TLCAN

Los dos participaron en el seminario Economía mexicana organizado por el IIE. Sarahí Angeles afirmó que desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se privatizó una parte importante de la industria eléctrica, que dejó de llamarse de servicio público para dar paso a la inversión trasnacional.

A partir de esos proyectos, actualmente las firmas transnacionales llevan ya la mitad de toda la generación. En el caso de Pemex, dijo, la paraestatal tenía todo el proceso, pero a partir de 1995, a raíz del contrato marco con Estados Unidos para que le prestaran 20 mil millones de dólares para salir de la crisis, se privatizaron cuatro fases del proceso de la cadena productiva del gas: el transporte, la distribución y la comercialización y el almacenamiento.

Falta la extracción, pero ésta ya se hace a través de los contratos otorgados a las empresas extranjeras. No se puede hablar de falta de capacidad porque Pemex tenía la infraestructura, pero se quedaron paradas las plantas petroquímicas y se fueron destruyendo por abandono, porque se bajó la inversión. Ahora sólo falta legalizar la privatización del sector energético.

Nos queda la Constitución para impedirlo porque una decisión en tal sentido nos llevaría a una situación similar a la de Argentina. El propósito gubernamental es privatizar todo el sector energético, aún cuando no resuelve que hará sin los recursos que ahora le dan las empresas vía impuestos y que se destinan a pagar la deuda interna y externa, subrayó Angeles.

Bonilla afirmó que México no decide su situación en el mercado financiero internacional pero sí está sujeto a los efectos negativos; también tiene una posición desfavorable frente al incontrolado y rápido proceso de expansión de la especulación financiera.

Además, con el propósito de obtener en el menor tiempo posible la mayor cantidad de divisas duras abasteciendo al mercado de Estados Unidos, se han sobre explotado los yacimientos del país, hasta el punto en que se han ido agotando sus reservas probadas de petróleo.