Iván Restrepo

Cuidar especies, no burocracias

Los funcionarios responsables de cuidar el ambiente y los recursos naturales de México proclaman frecuentemente que somos de los países con mayor biodiversidad en el mundo y que el gobierno se esfuerza por conservar. Además, que esa riqueza, bien utilizada, puede y debe convertirse en fuente permanente de ingresos para la población rural, hoy con serios problemas sociales y económicos.

En aras de proteger tan invaluable patrimonio existe una red de Areas Naturales Protegidas con diferentes grados de conservación y aprovechamiento: parques nacionales, marinos, reservas de la biosfera, zonas de protección de flora y fauna, etcétera. Pero no siempre se tiene el conocimiento preciso sobre cada área natural, pese al importante papel que ha jugado la comunidad científica.

Con recursos magros y escaso apoyo institucional, esa masa crítica aporta conocimiento básico sobre la biodiversidad y contribuye a diseñar los planes de manejo que permitan conservarla y utilizarla racionalmente, así como a que los beneficios y el conocimiento queden en el país, en su gente, no en poder de las trasnacionales. Hay al respecto directrices claras establecidas por la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas (Conanp).

Parte importante de la labor para evitar mayores desastres tiene que ver con la protección de las especies en peligro de desaparecer. La lista es extensa de acuerdo con la Norma Oficial 059, aunque tiene sus limitaciones: no todas las especies enlistadas necesitan protección y no figuran otras que la requieren, aunque existen mecanismos apropiados para que las especies entren y salgan de ella.

Además de la Norma 059 en el sexenio pasado se creó un Comité Consultivo Nacional de Especies Prioritarias, que provee a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de opiniones técnicas calificadas sobre el tema. En el comité se han formado subcomités que buscan proteger, por ejemplo, al lobo mexicano, el águila real, el oso negro, las palmas, el borrego cimarrón, las cactáceas, el cóndor de California, la vaquita marina, el manatí. Ausentes: los manglares (protegidos por ley mientras el propio gobierno alienta su destrucción), los peces de agua dulce o las orquídeas.

En este sexenio el Instituto Nacional de Ecología (INE) se transformó en grupo de investigación. Como fruto, la unidad de las áreas naturales protegidas se convirtió en Conanp, mientras la Dirección General de Vida Silvestre (DGVS) depende ahora de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental. Su papel parece limitarse a servir para tramitar permisos de colecta, colección, liberación y caza.

Además de los cambios administrativos en la Semarnat, la mentalidad empresarial emanada del Tecnológico de Monterrey invadió a la conservación, que bajo la nueva óptica también debe ser redituable. Así, la Conanp administra las áreas naturales y atrajo bajo su responsabilidad algunas de las especies carismáticas incluidas en el programa de protección (águila real y lobo mexicano, entre ellas) y seis más que Canadá, Estados Unidos y México consideran de interés común, como la tortuga laúd. La Conanp dedica parte de su escaso presupuesto a la atención de tales especies. Este modelo ha probado su éxito en organizaciones no gubernamentales auspiciadas por empresarios con conciencia ecológica, pero no necesariamente es la mejor opción para la política oficial de conservación.

El titular de Semarnat quiere que las especies prioritarias sean reconocidas por el público. Dice que el reparto entre la Conanp y la DGVS les dará relevancia. Pero tal división ocasionó que esta última dependencia herede y busque resolver añejos problemas sin que cuente con los medios indispensables. Además, el reparto de especies y tareas parece arbitraria, sin criterios técnicos válidos, y una falta de respeto hacia quienes se han esforzado en formular planes de conservación para las especies. Dichos planes se elaboran con el fin de que la Semarnat impulse las mejores acciones en la materia. Pero no, como parece ser, para propiciar recompensas y enfrentamientos político-burocráticos sexenales que a fin de cuentas amenazan la integridad de nuestra biodiversidad.