| Editorial Debido a la cerrazón de las autoridades militares, el caso de los soldados dados de baja del ejército mexicano por ser portadores del VIH llegó finalmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Secretaría de la Defensa se ha rehusado a afrontar de manera responsable este grave problema de salud que afecta de manera particular a sus integrantes. Primero se negó a reconocer la existencia del problema entre sus filas. Posteriormente, cuando resultó imposible ocultar la epidemia dando de baja de manera ilegal a los soldados infectados, se negó a reportar el número de casos diagnosticados a las autorides de Salud, como marca la Ley. Finalmente, logró reformar su ley de seguridad social para legitimar las expulsiones de militares seropositivos. Sólo la tenaz defensa llevada a cabo en los tribunales por el representante legal de los militares afectados, quien obtuvo un fallo favorable que puede calificarse de histórico en uno de los tribunales, ha logrado ventilar los casos y situarlos en su justa dimensión como actos discriminatorios y violatorios de los derechos humanos. Gracias a los resultados de este trabajo, hasta la CNDH ha tenido que variar en algo su actitud de avalar las bajas de soldados seropositivos. En días pasados emitió una recomendación dirigida al Secretario de Marina por aplicar la prueba del VIH sin el consentimiento de un oficial que resultó positivo a dicha prueba, aunque nada dice sobre la violación de sus derechos laborales, ya que el marino fue dado de baja. No se puede dar una salida a medias al problema. Aceptar que la Secretaría de Salud sea la encargada de la atención de los militares y marinos dados de baja por su seropositivdad, como propone el gobierno federal, significa aceptar la discriminación de que son objeto. La única salida aceptable es reformar la oprobiosa ley de seguridad social de las Fuerrzas Armadas para evitar que se siga discriminando a los militares VIH positivos. |