Se propicia más la corrupción, advierte
La Ley de Cultura Cívica debería castigar el proxenetismo no a las sexoservidoras: Azaola
* Ese ordenamiento contradice un proyecto político de izquierda
* Profundiza la exclusión de sectores vulnerables

María Esther Espinosa Calderón

La ley de Cultura Cívica es una ley desafortunada que contradice lo que uno podría suponer de un proyecto político de izquierda, asegura la investigadora Elena Azaola Garrido, 舠tiene que ver con las recomendaciones que hizo el ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, se inscriben dentro del marco de las políticas de cero tolerancia. Las propuestas para reformar a la policía son en general adecuadas, sin embargo, están muy lejanas de nuestra realidad, habría que dar como cien pasos previos para poder establecer los cambios recomendados舡.

Autora también del libro Mujeres olvidadas, Azaola Garrido afirma que esa ley va en contra de los grupos más vulnerables 舠es terrible pensar que haya niños, niñas y jóvenes viviendo en las calles, esa es una realidad muy dramática a la que nunca debimos acostumbrarnos, todavía aún más pensar que haya una ley que imponga sanciones a estos sectores que han tenido muy pocas o ningunas oportunidades en la vida舡.

En el caso de las mujeres prostitutas particularmente -aunque ya se dijo que iba a ir contra todas-, las de la Merced que son las que se encuentran en las peores condiciones, lo último que uno podría pensar como una política adecuada es que se impongan sanciones, antes de resolver la raíz del problema, señala la investigadora.

No se trata de prohibir la prostitución, asegura Azaola Garrido, lo que se debería combatir es a las personas que explotan a las sexoservidoras, las que obtienen ganancias como son los padrotes, hoteleros, inspectores, policías, toda una red que opera de manera impune apoyada por autoridades. 舠Son cadenas enormes que obtienen beneficios a partir del trabajo de esas mujeres舡.

Se deben buscar otras alternativas porque 舠ellas mismas lo dicen, no pueden abandonar ese trabajo porque no tienen otro, si a ellas se les diera otro empleo donde pudieran ganar lo mismo, por supuesto que dejarían esta actividad. No están por gusto, están porque las obligaron, porque las trajeron, o porque con eso mantienen a sus hijos, a sus familiares, es absurdo que tras de que ellas viven esa situación vengan las sanciones舡, que son de 10 salarios mínimos y máximo de 20 días, así como arresto de 6 a 36 horas, dependiendo del caso. Aquella persona que incurra en una falta por segunda vez será acreedora a un arresto inconmutable de 36 horas.

Es injusto que para las personas a las que se refiere la ley como son franeleros, grafiteros, niños de la calle, limpiaparabrisas, sexoservidoras, no exista una forma positiva de cómo incluirlos en la sociedad: darles oportunidades de educación, de empleo. 舠Excluirlos con la fuerza pública no es conveniente es confrontar a la sociedad en lugar de cohesionarla舡, dice Azaola Garrido.

Con respeto a la prostitución, la investigadora señala que hay experiencias más apegadas a nuestra realidad que debieron tomarse en cuenta, como la de Uruguay que contempla mejores condiciones de vida de las sexoservidoras, así como la formación de un consejo que vigila y apoya las formas en que se ejerce, políticas ciudadanas que realmente las incluyen y que buscan medidas para lograr el orden.

Enfatiza que nadie esta en desacuerdo con los propósitos de la ley, que es cierto que la ciudad es un caos, que se requiere orden, que se requiere respeto a la legalidad, pero no se trata de hacerlo por la vía de las sanciones.

Es un juego absurdo porque al tratar de eludir las sanciones se propicia más la corrupción. Todo mundo pierde, poner una ley que se sabe que en el fondo no se va a respetar y que a lo único que da lugar es a exacerbar la extorsión por parte de los policías, les da un poder más grande para cometer abusos, no es una manera de conciliar y de buscar salidas de fondo a los problemas, ni siquiera son tampoco paliativos, porque no resuelven nada, es crear mayores problemas, mayor confrontación entre autoridades y ciudadanos, es agrandar la exclusión de determinados sectores, afirma la autora de El delito de ser mujer.

Agrega que el gobierno de Manuel López Obrador es un modelo que esta poniendo medidas contradictorias, que manifiesta preocupación por los sectores vulnerables a veces en ciertas políticas, por ejemplo con los ancianos, pero por otro lado, toma medidas para sancionar a otros grupos marginados. 舠No es coherente, esta enfrentándose a una situación de una guerra política que mantiene entretenidos a toda una clase política en lugar de ocuparse realmente de gobernar舡.

La prostitución continúa porque esta fincada en relaciones desiguales de género y para que eso se modifique se requiere de cambios muy profundos en la cultura, en las relaciones entre los sexos en todos los planos, concluye la autora de Infancia Robada.

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