Caótica entrega del paquete económico; llegan a San Lázaro documentos sin firma presidencial

Propone Fox IVA de 12 por ciento a cambio de aplicar 4 en alimentos

Aumentar el impuesto a gasolinas, otra opción Posible afectación al presupuesto educativo del DF

ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MENDEZ

El gobierno del presidente Vicente Fox propuso a la Cámara de Diputados disminuir la tasa general del IVA de 15 al 12 por ciento, y compensar esa caída en la recaudación con la aplicación de una tasa de 4 por ciento de ese gravamen en alimentos o, en su caso, incrementar el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) a gasolinas y bebidas alcohólicas.

El presidente de la Comisión de Hacienda, Enrique Madero, confirmó que la única opción para compensar la pérdida de ingresos por el ajuste en la tasa de IVA es que se aplique la tasa de 4 por ciento de ese impuesto en alimentos, como lo propuso la Convención Nacional Hacendaria (CNH) en sus recomendaciones, que el presidente Fox asumió como propias. "Es la única opción", reconoció.

Inclusive, el paquete económico del Ejecutivo federal advierte que se eliminará el "blindaje" a los programas sociales, los cuales serán susceptibles de recortes presupuestales y sólo ofrece "procurar no afectarlos".

En duda, entrega de $9 mil millones al gobierno capitalino

Además, la administración foxista contempla no entregar los 9 mil millones de pesos en el ramo de educación destinados al Gobierno del Distrito Federal, a pesar de que la iniciativa respectiva aún no ha sido aprobada en el pleno camaral. El endeudamiento para la capital del país se ubicó en 2 mil 500 millones de pesos.

El paquete económico para 2005 plantea un presupuesto de egresos recesivo, de un billón 774 mil millones de pesos, que será en términos reales 4.5 por ciento menor al de este año.

La entrega del paquete degeneró en un caos, porque las autoridades de las secretarías de Hacienda y de Gobernación presentaron seis documentos, tres de los cuales no estaban firmados por el presidente Fox. Al percatarse de ese hecho, el presidente de la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, advirtió a los funcionarios foxistas que sólo recibiría el proyecto de Presupuesto de Egresos, la iniciativa de Ley de Ingresos y los Criterios Generales de Política Económica: "No daremos por recibidos los demás, porque no vienen firmados por el Presidente de la República y eso atenta contra la Constitución", les dijo.

Y es que los representantes del Ejecutivo incluyeron en el paquete una iniciativa de reformas al artículo 115 constitucional, que establece la relección de los presidentes municipales, a quienes ampliaría sus facultades en la relación con el gobierno federal; incluso se presentó otra iniciativa sobre alumbrado público.

Visto el enredo constitucional, los funcionarios de Hacienda y de Gobernación también recibieron el reproche de los diputados, porque los 500 discos compactos que llevaban para cada uno de los legisladores sólo incluían el Presupuesto de Egresos, la iniciativa de Ley de Ingresos y los Criterios de Política Económica; faltó la miscelánea fiscal.

Ante ello, la documentación en su totalidad fue llevada a los estacionamientos de la Cámara de Diputados para extraer los documentos no firmados por Vicente Fox y regresar los paquetes a la mesa directiva. Dos horas más tarde, a las 22:15, se entregó la miscelánea fiscal, que incluía la Ley de Derechos.

Después de ese desorden, la Cámara se dio por enterada de la documentación oficial e inició el análisis del presupuesto. La administración foxista prevé incrementar los fondos para el Poder Legislativo de 5 mil 438 millones de pesos a 6 mil 586 millones; al Poder Judicial se le otorgará un incremento de 20 por ciento, porque sus recursos pasarán de 19 mil 404 millones de pesos a 26 mil 537 millones; el Instituto Federal Electoral también verá incrementado su presupuesto, porque de los 5 mil 468 millones que se le destinaron para este año, en 2005 ascenderán a 6 mil 198 millones.

En el sector energía, el presupuesto se reducirá en 10 por ciento. Pero por lo que hace a los servicios personales, ese rubro cubrirá casi en su totalidad los ingresos petroleros (575 mil millones de pesos), porque el pago para los funcionarios y trabajadores del gobierno federal sumará 556 mil millones.

El programa de apoyo para el campo, que se ubica en el anexo 17 del proyecto de presupuesto, se incrementará tan sólo en 5 mil millones de pesos, al pasar de 120 mil millones en este año, a 125 mil para 2005.

Mientras, en los ramos administrativos, para la Presidencia de la República se contempla una reducción de 21 millones de pesos, al pasar de mil 645 millones a mil 624; para la SEP, el monto considerado para 2005 será de 120 mil 90 millones de pesos, 6 mil 500 millones más que los autorizados para el presente año.

En los ramos generales, por lo que se refiere a aportaciones a seguridad social, el proyecto de presupuesto establece un monto de 150 mil 679 millones de pesos, superior a los 127 mil 265 millones de este año.

En educación básica y normal en el Distrito Federal, de los 29 mil 762 millones ejercidos para 2004, el gobierno de Vicente Fox contempla cero de presupuesto; en aportación federal para las entidades federales y municipios, se incrementará el presupuesto de 251 mil 201 millones a 298 mil 16, y para el rubro de entidades, el ISSSTE obtendría un presupuesto de 68 mil 500 millones de pesos; el IMSS, 204 mil 700 millones; la CFE, 129 mil 400 millones, cifra menor a los 133 mil 625 millones ejercidos en el presente año; a Luz y Fuerza del Centro se destinarían 25 mil 700 millones de pesos, 5 mil millones más a los autorizados para 2004, y en Petróleos Mexicanos se contempla un presupuesto de 108 mil 800 millones, cifra inferior a los 113 mil millones del presente año.

Dentro del proyecto, el Ejecutivo planteó a los legisladores crear un artículo 21 en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el reparto de ingresos excedentes derivados de los aprovechamientos de rendimientos excedentes (ARE), que serán distribuidos "en tres partes iguales" al gasto de inversión de Pemex, de los programas y proyectos de dependencias y entidades, ''y al gasto de programas de inversión en infraestructura y equipamiento de los estados".

La entrega de esos recursos se realizaría mediante anticipos trimestrales, pero con ello se excluiría a los estados de los excedentes por derechos sobre la extracción de petróleo e hidrocarburos, que se utilizarían para el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, el balance económico del sector público y el gasto de inversión en Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios.

Respecto de la estabilidad de las finanzas públicas, la Secretaría de Hacienda advierte que en caso de una disminución de ingresos por la venta de hidrocarburos, ésta se compensará con el fondo de estabilización, mientras que en el caso de los no petroleros se hará con ajustes al gasto, "de forma selectiva, en el orden siguiente: ahorros y economías, servicios personales, comunicación social y gasto no vinculado directamente a atención de la población".

Sin embargo, se establece más adelante que se eliminará el "blindaje" de los programas sociales, "a los cuales se podrá recortar en caso necesario".

Se conserva en general el esquema de flexibilidad y de autonomía de gestión de Petróleos Mexicanos, pero se propone eliminar trámites de la paraestatal ante la Secretaría de Hacienda "a cambio del cumplimiento de su balance financiero".

Respecto del Instituto Mexicano del Seguro Social, los criterios generales indican que el gobierno federal cubrirá a la institución las aportaciones respectivas de seguros y de las pensiones en curso, así como los recursos necesarios para garantizar el pago de beneficios, prestaciones y obligaciones laborales.

También plantea una serie de medidas de austeridad, cuya aplicación deberá reportarse trimestralmente. No habrá aumento en los salarios de mandos medios y superiores, y la Secretaría de la Función Pública emitirá un manual de percepciones de la administración pública federal, que incluirá un tabulador de ingresos y sus reglas de aplicación, que deberá publicarse a más tardar en mayo.

Con sustento

La contratación de asesorías deberá sujetarse a la Ley de Adquisiciones, y el gasto por congresos y convenciones deberá sustentarse documentalmente y sólo se pagarán las cuotas a organismos internacionales cuando estén incluidas en el presupuesto; además se cancelan adquisiciones y nuevos arrendamientos de inmuebles, a menos que sea "estrictamente indispensable".

Continuará el programa de separación voluntaria y se obligará a las dependencias y entidades suspender la aportación de recursos públicos federales a programas o fideicomisos en los cuales se promueva la imagen de funcionarios públicos de los estados o sus municipios.

Asimismo, y ante las irregularidades detectadas por el Congreso de la Unión en la transferencia de recursos públicos a fideicomisos, el gobierno federal planteó una serie de reglas para "transparentar" la entrega de partidas presupuestales y donativos a esos entes.

Para ello se requerirá la autorización del titular de la dependencia o entidad, las aportaciones -que no serán mayores al 50 por ciento del saldo en el patrimonio neto de los fideicomisos- se realizarán por medio de partidas específicas y éstos deberán contar con registro vigente, además de que en los informes trimestrales se deberán incluir los ingresos de recursos públicos federales otorgados a los fideicomisos, incluyendo rendimientos financieros, y los egresos realizados durante el periodo y su destino.

"La Auditoría Superior de la Federación fiscalizará a dichas organizaciones en los términos de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación", atribución vigente para el órgano superior, y que hasta el momento no ha ejercido porque las entidades del gobierno federal se niegan a proporcionar alguna información.