Ricardo García Sainz

La mentira impide avanzar

El presidente Fox miente en el fundamental tema de la reforma a la Ley del Seguro Social, y lo hace a sabiendas de que con ello está lesionando nuestra incipiente democracia. El mismo señala, al principio de su mensaje, que "... la democracia exige hablar de frente y con verdad a los ciudadanos". Esta cita es reiterativa en su supuesta convicción de crear "... una vida pública de manos limpias y verdades claras".

Miente al afirmar que la decisión del Congreso de aprobar la reforma a la ley del IMSS constituye el primer paso para asegurar la viabilidad financiera de este organismo, así como para elevar la calidad de sus servicios. Al reiterar a continuación su "compromiso de respetar todos los derechos de las y los trabajadores de este instituto", confirma su propósito estratégico de desmantelarlo o exhibe el ser acompañante inconsciente de quienes pretenden destruirlo y quienes por cierto lo están logrando.

El modificar el régimen de pensiones para los trabajadores que ingresen al Seguro Social a partir de la entrada en vigor de la reforma, es absolutamente trivial para la salud financiera de la institución. Sus primeros efectos se verán dentro de 28 años para las mujeres y 30 para los hombres, cuando los trabajadores que actualmente prestan sus servicios adquieran el derecho a jubilarse y lo hagan al amparo del día de la publicación de la reforma.

La formidable corrección, fruto de la reforma, surtirá sus primeros efectos en 2034, después de 20 años del inicio del desastre tan anunciado por el doctor Levy, consistente en que a partir de los primeros años de la próxima década la totalidad de los ingresos del IMSS serán destinados a cubrir sólo los salarios y las jubilaciones del personal sin tener un centavo para el resto de los insumos necesarios para prestar el servicio. A medida que transcurran los meses y los años, la totalidad de los ingresos será insuficientes para cubrir salarios y jubilaciones, iniciándose un proceso de canibalización entre trabajadores y jubilados para arrebatarse los despojos. La reforma no toca ninguno de los elementos determinantes de este grotesco escenario.

A continuación, el Presidente dice que la reciente reforma elevará la calidad de sus servicios. Esta afirmación carece de fundamento; el deterioro de los servicios del instituto se debe desde hace más de 10 años a la insuficiencia de cuotas para poder proporcionarlos con eficiencia y oportunidad. Este problema, ocasionado fundamentalmente por la caída del valor real de los salarios, por la falta de crecimiento económico y por mayores expectativas de vida, fue determinante para la modificación de 1997. Esa reforma zedillista ha sido el gran engaño privatizador: no se aumentó el monto de las contribuciones al instituto, pese a que el gobierno federal asumió estúpidamente un costo presupuestal que este año alcanza 40 mil millones de pesos, sin que la seguridad social reciba un solo centavo. Esta falta de recursos determina y seguirá determinando un ininterrumpido deterioro de los servicios, por insuficiencias crecientes de personal, de instalaciones, de materiales de curación y de medicamentos, y así crea las condiciones para entregar al mercado la población asegurada con capacidad económica.

La reforma ni eleva los ingresos ni corrige elemento alguno de los costos, en tanto el número de asegurados, al decir de datos oficiales, continúa creciendo. La terca realidad sigue y seguirá acreditando que los servicios del IMSS no elevarán su calidad como el Presidente afirma, por el contrario, continuarán deteriorándose.

La reiteración presidencial del compromiso de respetar todos los derechos de las y los trabajadores del instituto declara intocable el régimen de jubilaciones y pensiones (RJP) para los actuales trabajadores y jubilados, y confirma su propósito, o el de sus asesores, de desmantelar la institución, pues ese régimen no es sustentable.

Para evitar el colapso del IMSS es necesario modificar el RJP, imponiendo gradualmente a los actuales trabajadores una edad mínima para disfrutar de la jubilación, acotando las bases de cálculo de la pensión, eliminando conceptos que ahora la integran, vinculando el factor dinámico de actualización a la inflación y no a los incrementos de los salarios de los trabajadores en activo y elevando las aportaciones de los trabajadores al fortalecimiento del fondo, incluso con la consolidación total o parcial de contribuciones dispersas como las hechas a las Afore y al Infonavit.

La gran medida urgente e indispensable para evitar el colapso del IMSS es elevar las aportaciones restituyendo en favor de la institución el valor de las contribuciones que hasta la reforma zedillista venían haciendo empleadores y trabajadores; sin embargo, este incremento no podrá darse mientras exista el actual RJP, por lo oneroso y por la convicción general exagerada y sobrepublicitada de que no habrá dinero que alcance para cubrir los "privilegios" de los trabajadores del IMSS.

Por contraste, el Presidente de la República ignora, supongo que deliberadamente, el incumplimiento del gobierno federal de cubrir, como establece la ley vigente, el costo de los servicios médicos proporcionados a los jubilados. En el año pasado su costo alcanzó, según cifras de Levy, 14 mil millones de pesos y la deuda acumulada desde 1997 rebasa los 50 mil millones de pesos, ya que esta obligación nunca se ha cumplido como parte del costo de transición del régimen solidario al régimen de ahorro individual, costo asumido con cargo al presupuesto federal, como inicio al proceso de conversión de las instituciones de política social a meros instrumentos financieros.

Fox agrega un renglón más en esta parte de su inolvidable mensaje, invitando a todas las partes a una tregua, a remprender el diálogo y a alcanzar acuerdos. El diccionario de la Real Academia dice: "Tregua. Cesación de hostilidades por determinado tiempo entre enemigos que están en guerra". Esta parece ser la acepción aplicable al IMSS, ya que encubierta por verbalizaciones gubernamentales del continuismo zedillista, confirmando la no privatización y el fortalecimiento institucional, se está librando la gran batalla para sustituir el régimen solidario por la concepción neoliberal de eliminar al Estado por ser mal administrador, de desresponsabilizarlo del bienestar colectivo para sustituirlo por el esfuerzo individual, de eliminar a los grandes sindicatos por ser los mayores obstáculos a la imposición del neoliberalismo y la de mantener el equilibrio financiero no por la vía del desarrollo, sino por la del incumplimiento de las responsabilidades sustantivas.

Esta guerra se ha librado en el IMSS desde el inicio de la administración de Zedillo de manera implacable, y exacerbada en la actual administración. Las treguas se usan para recoger muertos y heridos, pero no sirven para resolver las causas que determinaron el conflicto.

El diccionario también define: Dar tregua o treguas, interrumpirse a intervalos cierto dolor o cualquier otra cosa que mortifica; dar tiempo, no ser urgente. Esta otra acepción tampoco es aplicable, ya que no hay medida alguna que garantice interrumpir el implacable desmantelamiento cotidiano de los servicios médicos, lo que desde hace años ha provocado dolor y muerte crecientes entre los trabajadores y sus familias. Por ello y por el correr de los términos para interponer los recursos legales, las acciones del sindicato tienen que ser urgentes, o sea, tampoco es aplicable esta definición de la tregua.

Al señalar que remprendemos el diálogo, ni la burla perdona. En el proceso de elaboración y aprobación de la reforma no hubo diálogo alguno, luego no hay nada que remprender. La presentación de la iniciativa de Beltrones fue sorpresiva, la urgencia inexplicable, la aprobación de las comisiones por mayoriteo, los debates parlamentarios inexistentes; en la Cámara de Diputados se anotaron siete diputados para hablar en contra, ninguno para hablar a favor, en ambas cámaras se aplicó la consabida fórmula de suficientemente discutido para pasar a votar la aprobación pactada desde semanas antes. Durante este lapso, el director del IMSS -operador estrella de Zedillo- se negó a discutir la propuesta sindical, la descalificó con su connatural dogmatismo, ya que de haber aceptado la discusión hubiera regresado a su cauce legal las negociaciones obrero-patronales.

Entusiasma la invitación a alcanzar acuerdos, para ello identificamos el camino que debemos transitar. El proceso requiere confirmar la finalidad de la seguridad social definida por la ley vigente de garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que en su caso será garantizada por el Estado.

Debe confirmarse que la realización de la seguridad social está a cargo de entidades públicas federal o locales, entre las que ocupa un primerísimo lugar el IMSS, organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios.

Si coincidimos con los anteriores principios, se debe reformar la ley para entregar, por vía de incremento de cuotas, los suficientes ingresos para que esté en condiciones de prestar servicios eficientes y oportunos.

Se debe cumplir con la obligación federal de cubrir el costo creciente de los servicios médicos a todos los jubilados. Se deben corregir los excesos de gastos, entre los que ocupan un lugar importante el RJP, la errática política de compras y el desabastecimiento de medicamentos, la insuficiente capacidad instalada que además de malos servicios provoca grandes dispendios, el mantenimiento siempre diferido y el ya dramático rezago tecnológico que limita la eficacia y la calidad de la atención médica.

Para enfrentar la tarea de alcanzar acuerdos, el Ejecutivo tendría que cumplir lo ordenado por el Poder Legislativo desde la reforma a la ley del 20 de diciembre de 2001, que en su artículo 25 transitorio dice: "... El Ejecutivo Federal deberá presentar al Congreso de la Unión un estudio sobre la suficiencia financiera de los seguros y coberturas que conforme a la ley administra el IMSS y las propuestas que sean necesarias para que la medicina social brinde servicios eficientes y oportunos y se fortalezca el régimen de pensiones, a fin de dar mayor protección a los trabajadores con el menor costo social, a más tardar el 15 de octubre del 2002".

Esperemos a ver si lo anterior se cumple antes de su segundo aniversario y así tengamos elementos para avanzar.