Pedro Rivas Monroy *

El foro de la discordia

Hace unas semanas se realizó otro foro sobre la reforma electoral capitalina, en el cual el diputado panista Jorge Alberto Lara, en su calidad de presidente de la Comisión de Asuntos Políticos Electorales de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), buscó consensuar la toma de decisiones en el interior de las fracciones parlamentarias, pero en esta ocasión me temo que el foro resultó fallido.

Hay que recordar que hace unos seis meses atrás, esa comisión invitó al instituto y al tribunal electorales locales a participar en el foro con el objetivo de conocer y tomar en cuenta las distintas visiones que tienen estos órganos autónomos sobre el contenido de las posibles reformas que harían más eficaz el sistema electoral en la capital. En esa ocasión, los diputados se comprometieron, junto con estas instancias electorales, a instalar mesas de trabajo sobre el tema, situación que nunca se dio.

En ese marco de intentos fallidos se realizó el foro, pero el Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF) ya no fue convocado, tal vez porque el diputado Lara, con un pensamiento pasado de moda, consideró que invitar al presidente de un órgano colegiado, donde todos son pares, sería como si hubiera invitado a todo el tribunal, esto sin menoscabo de la investidura del titular de esta instancia jurisdiccional. Sin embargo, más allá de la intención o la distracción del legislador de Acción Nacional de no convocar a los impartidores de justicia electoral locales, se hubieran evitado las rabietas magistrales y se podrían haber discutido, con argumentos jurídicos, las ocurrencias consejiles que de repente se emiten de manera pasional, lo que no abona en beneficio del fin que se persigue, que es dotar a la ciudad de México de una mejor normatividad electoral.

Más allá del anecdotario, considero que hay un número importante de temas que la ALDF debería tomar en serio, haciendo a un lado esa febril discusión tribal en la que se han pasado meses, por ejemplo: cómo lograr una justicia electoral más expedita, convirtiendo en un verdadero juicio lo que hoy se tramita como mero recurso administrativo. Esto desde luego modificaría la estructura administrativa tanto del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) como del TEDF: el primero quedaría como la instancia encargada de toda la logística electoral, recayendo la parte jurisdiccional en el tribunal, lo cual tiene que ver con la preocupación de algunos consejeros que se quejan de este órgano jurisdiccional, el cual, a su juicio, no hace caso de las pruebas que ellos aportan y reduce las sanciones a los partidos políticos con resoluciones ligeras.

Pero en esas quejas existen verdades a medias. Si bien no comparto la posición de solapar la indolencia de los partidos en el uso de los recursos públicos, tampoco estoy de acuerdo con el hecho de que todas las pruebas aportadas por el IEDF se hubieran presentado de manera correcta. Esto tiene que ver con el diseño normativo, pues el TEDF trabaja con un informe justificado y la mayoría de las veces deficientemente estructurado, sobre todo en cuestiones periciales contables. Si se optara por convertir la sustanciación de los recursos en un verdadero juicio, toda la integración del expediente correría a cargo del órgano jurisdiccional, y tanto la parte actora como el IEDF aportarían los elementos de prueba necesarios para poner el asunto en estado de resolución, evitando un paso administrativo que ha demostrado, en los hechos, ineficiencia.

Otro asunto de suma importancia tiene que ver con las relaciones laborales, pues en el ámbito electoral se vive un verdadero estado de excepción. Siguiendo un ejemplo bastante trasnochado de la Corte, en el mundo electoral no hay ninguna garantía del trabajo y en el instituto el caso no es tan exótico, pero en el tribunal es realmente extralógico al no existir una mínima pirámide procesal, ya que el TEDF es juez y parte cuando se trata de resolver conflictos con sus empleados. Lo mismo pasa en el ámbito federal, aunque esto no es argumento suficiente, ya que el dislate se podría corregir enviando los asuntos laborales al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, sin que pasara nada a la autonomía del tribunal electoral local.

Además, otro aspecto trascendente que preocupa tanto a consejeros como a magistrados es el actuar de los partidos políticos, toda vez que son entes de interés público y manejan fondos del erario. En este sentido, nadie habla de una ley de partidos y de un derecho sancionador electoral y, hasta el día de hoy, las normas con que se castiga a los institutos políticos, tanto en el ámbito federal como en el local, son muy deficientes.

Por éstos y otros temas, que comentaremos en otra oportunidad, era pertinente invitar a los magistrados capitalinos a participar en el foro de la discordia, conjuntamente con los diputados y consejeros. Desde luego doy por descontado que todos los involucrados en las tareas electorales queremos mejorar la convivencia democrática de nuestra ciudad.

* Magistrado del Tribunal Electoral del Distrito Federal.