Aprueba comisión legislativa dictamen que permitiría auditar fideicomisos

La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo segundo de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, con objeto de auditar los fideicomisos públicos o privados encargados de administrar recursos. De aprobarse en el pleno camaral, las autoridades del gobierno federal no podrán argumentar el secreto fiduciario como impedimento de revisión de tales entidades.

El dictamen sería la herramienta para que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ejerza el mandato conferido por el Congreso federal y dé cuentas sobre el uso y destino de casi 130 mil millones de pesos destinados a los fideicomisos públicos y privados.

El 3 de marzo, la diputada del PRI Marcela Guerra Castillo presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la iniciativa que reforma la fracción cuarta del artículo segundo de la Ley Superior de Fiscalización. En ese entonces la presidencia de la mesa directiva de la Permanente turnó la iniciativa a la Comisión de Gobernación para su estudio y dictamen.

No obstante, la presidencia de la Comisión Permanente obvió la iniciativa y la dejó en lista de espera. Por esa razón, el 30 de junio la diputada Guerra presentó una excitativa para que la Comisión de Gobernación dictaminara a la brevedad la iniciativa con el argumento de la trascendencia que revestía la reforma propuesta.

Tres semanas después, el 21 de julio de 2004, la Comisión de Gobernación dictaminó en sentido positivo el proyecto de decreto, que determina modificaciones legales para revisar, sin obstáculo alguno, los fideicomisos públicos, como el constituido en la Lotería Nacional y de donde salieron recursos del erario para la Fundación Vamos México, de Marta Sahagún, esposa de Vicente Fox Quesada.

La iniciativa precisa el fincamiento de responsabilidades por daños y perjuicios causados a la Hacienda Pública Federal y a otros organismos, empresas y fideicomisos públicos. También determina los medios de defensa correspondientes y las bases de organización y funcionamiento de la entidad encargada de la fiscalización superior, es decir, de la ASF.

El artículo 2 de la Ley en cuestión advierte que debe entenderse por poderes de la Unión a la Cámara de Diputados, a la Auditoría Superior de la Federación y entidades públicas federales.

De tal forma, la iniciativa presentada por la diputada Marcela Guerra se orienta fundamentalmente a explicar que las atribuciones de revisión y fiscalización de la ASF "comprendan la administración y ejercicio de toda clase de recursos federales, independientemente de quien lo ejerza, de su naturaleza jurídica e inclusive de que cuente o no con personalidad jurídica, como es el caso de algunos fideicomisos y mandatos que reciben y ejercen recursos públicos".

ROBERTO GARDUÑO