Presenta informe de labores; soluciona numerosos conflictos, aun entre priístas

Gestión política, tarea básica de la JBG Corazón del Arco Iris de la Esperanza

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

Morelia, Chis., 20 de septiembre. "La junta de buen gobierno (JBG), en cuestión de problemas y conflictos con otros o entre otros, ha servido como mediación para alcanzar la solución pacífica en las comunidades, explicando que la amenaza de muerte, el divisionismo, o llegar a alto grado de pleito alcanzando la muerte, no es el mejor camino para solucionar nuestras diferencias, siendo que somos de la misma sangre". En varias ocasiones "ha sido escuchada la palabra de la JBG" y las partes "la han agradecido".

Para la junta Corazón del Arco Iris de la Esperanza, la gestión política regional resulta compleja y difícil; por algo su informe le dedica la mayor parte de su atención. La región zapatista Tzotz Choj, conformada por siete municipios autónomos desde hace muchos años, comparte el espacio con comunidades del PRI y otros partidos, en un territorio que hasta 1994 fue de los poderosos ganaderos de Altamirano, Comitán, Las Margaritas, Chilón y Ocosingo. Hasta hoy persisten aquí militarización, paramilitarización, presiones económicas y políticas sobre las comunidades en resistencia. Ninguno de estos rubros, por cierto, es mencionado en el informe del primer año de la JBG.

La estructura de gobierno autónomo creada hace un año por los zapatistas ha intervenido en numerosos conflictos agrarios, jurídicos, de transporte, de recursos naturales o de índole familiar, mediando en ocasiones entre dos bandos priístas y muchas otras para intervenir en problemas y agresiones que sufren bases de apoyo zapatistas en Huixtán, Oxchuc, Tenejapa o Altamirano.

Recientemente se presentaron en el caracol de Morelia los enviados de Instituto Federal Electoral (IFE) "para pedir autorización de instalar casillas en pueblos 'controlados' por el EZLN" en las próximas elecciones estatales, a celebrarse el 3 de octubre. La JBG respondió que el IFE "es libre de hacerlo siempre y cuando respete los acuerdos y reglas de los pueblos". De hecho, como notificó el subcomandante Marcos en su serie de comunicados Leer un video, pese a sus diferencias respecto al proceso electoral, las juntas zapatistas permitirán que el organismo realice su trabajo "sin obstáculo alguno".

Esta JBG ha recibido en sus oficinas del caracol Torbellino de Nuestras Palabras a los presidentes municipales priístas de Chanal, Huixtán y Altamirano y, lo más importante, se han alcanzado acuerdos. Fue el caso del conflicto suscitado el 19 de septiembre de 2003 en el ejido San Francisco entre el municipio autónomo Lucio Cabañas y los ayuntamientos oficiales de Chanal y Huixtán.

Otras veces la JBG no obtuvo resultados, por negligencia o complicidad de los alcaldes priístas de Oxchuc, Ocosingo y Chilón. En consecuencia, persisten querellas y amenazas, y al menos un zapatista sigue preso en Ocosingo por un problema en Caoniljá (Oxchuc). Contenidas pero no resueltas, las diferencias con la Organización de Cafeticultores de Ocosingo en los municipios autónomos Che Guevara y Primero de Enero siguen latentes, y los príistas de San Jerónimo Bachajón se han negado a resolver un problema en Xot Xot Já Las Canchas.

En febrero de este año, campesinos priístas de El Vergelito acudieron a la JBG para solicitar su mediación con los también priístas de Rancho Nance. Las partes se reconciliaron gracias a la gestión de la junta zapatista.

El pasado 12 de julio, la JBG logró un acuerdo entre miembros de la familia Montoya Oceguera, de Altamirano, quienes no sólo no son zapatistas, sino que han tenido serios problemas con ellos, pues un miembro de dicha familia está acusado de participar en el asesinato de un indígena zapatista en 2002. Resulta que Gabriel Montoya Oceguera y su padre Crecencio Montoya Gómez negociaron unas propiedades con la Asociación Rural de Interés Colectivo-Independiente sin la autorización de Damián Montoya Oceguera. La junta logró que el problema se resolviera "de manera pacífica, y las partes alcanzaron comprensión".

La junta también logró distender las fricciones entre la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos independiente y la oficial de las comunidades Graciano Sánchez y San Miguel, en la zona de Comitán y Las Margaritas, y en estos momentos sigue el arreglo, "en proceso", entre miembros de la Organización Campesina Emiliano Zapata por tres predios en Santa Rosalía (Comitán).

El municipio rebelde Lucio Cabañas alcanzó un acuerdo con la alcaldía de Tenejapa por intercesión de la JBG, y el de Miguel Hidalgo acudió ante las autoridades judiciales del estado en el penal de San Cristóbal de las Casas para la liberación inmediata de unos indígenas zapatistas encarcelados por presunta tala ilegal; los detenidos poseían un permiso del municipio rebelde, donde además se comprometían a sembrar seis árboles por cada uno que cortaran.