En un punto de acuerdo en el Senado exigen también la devolución del dinero defraudado

Piden legisladoras iniciar un proceso penal contra Provida y Serrano Limón

JOSE ANTONIO ROMAN Y ALMA MUÑOZ

Con severas críticas a las secretarías de la Función Pública (SFP) y de Salud (Ssa) por negligencia y tortuguismo en la aplicación de la ley, legisladoras solicitaron, a través de un punto de acuerdo en el Senado, el inicio de procesos penales y administrativos en contra de Provida y su apoderado legal, Jorge Serrano Limón, así como los procedimientos legales necesarios para la devolución del dinero defraudado por esta organización, ligada al Partido Acción Nacional (PAN) y a sectores de la Iglesia católica.

En el Senado de la República, Yolanda Eugenia González, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y Leticia Burgos Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), también pidieron a la SFP que analice la posible inhabilitación del servicio público al panista Luis Pazos, actual director de Banobras, quien como presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados en la anterior legislatura, se excedió en sus funciones al decidir de manera unilateral la asignación de recursos públicos a Provida.

Ambas senadoras lamentaron que a pesar de los datos evidentes y documentación acreditada plena y legalmente de los actos ilícitos cometidos por Provida, la SFP no haya actuado todavía, por lo que tal parece que la dependencia del gobierno federal pretende "limpiar" u "ocultar" las acciones fraudulentas de dicha organización que se ufana de tener fines "humanitarios", pero que coloca los recursos del erario público en el mercado de valores.

En el pleno de la sesión ordinaria, la senadora priísta Yolanda Eugenia González destacó que a dos años de que se etiquetaron y entregaron los recursos; a un año de que se dio a conocer la ilegalidad del caso Provida -denunciado por otras organizaciones civiles- y a dos meses de que se denunció ante la opinión pública, con documentación contundente, la malversación de recursos, la Secretaría de la Función Pública no ha determinado cuáles serán las sanciones.

La también secretaria de la mesa directiva del Senado recordó al titular de la SFP, Eduardo Romero Ramos, su obligación de asumir y actuar con estricto apego a la ley y absoluta transparencia en los procesos, que hasta ahora parece no estar cumpliendo. La dependencia, agregó, ha comunicado que estudiará y cuantificará el daño patrimonial y las posibles responsabilidades en que incurrieron tanto los funcionarios públicos como Provida, pero no ha informado cuánto tiempo invertirá en ratificar lo que la misma ciudadanía ha denunciado ni cuáles serán las sanciones.

La senadora perredista Leticia Burgos mencionó que el Congreso no puede descuidar la responsabilidad de vigilar, de dar seguimiento a la actuación del Ejecutivo, de las funciones del secretario de Salud, así como del secretario de la Función Pública. En este sentido, la también presidenta de la Comisión de Desarrollo Social mencionó que las irregularidades detectadas en la auditoría realizada dan lugar a procedimientos civiles y administrativos para la devolución del dinero y, asimismo, resarcir los daños económicos causados al Estado.

Rechaza "tortuguismo"

El secretario de la Función Pública, Eduardo Romero, rechazó que actúe con "tortuguismo" para sancionar al comité directivo de Provida, a quien se le comprobó desviación de recursos.

"La Secretaría -dijo ante senadores- ha realizado su trabajo en los tiempos que son razonables. Respetamos la opinión de los legisladores, aunque no la compartimos en este caso concreto. Hemos hecho nuestro trabajo con todo profesionalismo y también así se han dado a conocer sus resultados, con la transparencia que el presidente Fox nos pide".

Eduardo Romero señaló: "No puedo anticipar ni especular sobre cuál va a ser el resultado de un proceso legal. No quisiéramos poner fechas fatales. Estos son asuntos que toman su tiempo. Todos los asuntos legales y de justicia tienen de por medio el respeto a la garantía de audiencia, a rendición de pruebas, a espacio de alegatos, a cumplir con la legalidad que en estos casos es fundamental".

Reiteró que después de la auditoría, el jurídico de la Secretaría de Salud debe "evaluar la posibilidad de una acción de otro tipo ante tribunales ordinarios federales".

En el punto de acuerdo referido se solicita el inicio de una averiguación previa contra quienes resulten responsables, sobre todo porque en la confirmación de que la Secretaría de Salud violó su normatividad al entregar recursos a Provida, se pone en tela de juicio la credibilidad de las instituciones y la transparencia en la aplicación de los recursos públicos.