| México D.F. Jueves 23 de septiembre de 2004
CIUDAD PERDIDA
Miguel Angel Velázquez
La ley en manos de la tremenda Corte
 Cena de negros en Los Pinos
Lo que se espera de la PGR
CUANDO MENOS seis, de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aceptaron una invitación de Vicente Fox para cenar en Los Pinos mientras estaba en trámite la controversia constitucional que interpuso la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para impedir que se arrebatara el fuero al jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, con lo que habrían quedado impedidos, legalmente, para conocer del asunto.
SIN EMBARGO, esos magistrados decidieron analizar el contenido de la controversia y votar en contra del recurso, aunque pudieran hacerse acreedores de las sanciones penales que se impone a los funcionarios que violan, por ejemplo, la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal.
LA REUNION fue publicitada como si se tratara de un acto más, como un hecho común que al siguiente día sería recogido por los medios escritos sin mayor énfasis.
SE TRATABA de una cena entre el Presidente de la República y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un boletín de prensa fechado el 11 de agosto de este año daba cuenta del encuentro, y nada más. Pero allí, ese miércoles, se discutió la demanda de controversia constitucional 70/2004 promovida por la Asamblea Legislativa del DF.
UNA FUENTE de información que prefiere guardar, por el momento, el anonimato asegura que a la cena ofrecida por Vicente Fox acudieron los ministros Mariano Azuela, Sergio Salvador Aguirre, José de Jesús Gudiño, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Olga María Sánchez Cordero y Juan N. Silva Nieto con sus respectivas esposas y esposo, entre otros.
ERA UNA reunión, aparentemente, de cortesía, cuyos gastos corrieron a cuenta de la Presidencia de la República y a la que también fue invitada, y asistió, la consejera jurídica del Poder Ejecutivo Federal, María Teresa Herrera Tello.
EL TEMA entre los invitados fue el Gobierno del Distrito Federal, el comportamiento de su mandatario, la controversia de la que ya se habló y el juicio de procedencia que se sigue en la Cámara de Diputados en contra de Andrés Manuel López Obrador.
TODOS SABIAN, por aquella fecha, que el mismo Vicente Fox era parte demandada en la controversia 70/2004, que entonces se hallaba en trámite en la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación.
NADA DE esto fue dado a conocer por los canales adecuados de la Presidencia de la República y hasta ahora había permanecido como un punto más de la agenda presidencial.
SIN EMBARGO, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su artículo 131 indica cuáles "serán causas de responsabilidad para servidores públicos del Poder Judicial de la Federación", impide a los ministros y a otros funcionarios judiciales conocer de algún asunto en ciertos casos y establece en su fracción novena:
"ASISTIR, DURANTE la tramitación del asunto, a convites que le diere o costease alguno de los interesados...", en este caso Vicente Fox. Además, el Código Penal Federal, en su artículo 225 establece que son delitos en contra de la administración de la justicia, por ejemplo: "conocer de negocios para los cuales tenga impedimento legal...".
DESPUES DEL convite que les ofreció Vicente Fox, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debieron excusarse de conocer el recurso que había presentado la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para no incurrir en el acto ilícito que posiblemente cometieron.
ELLOS, LOS ministros, sabían necesariamente que no podían aceptar la invitación de Fox, porque la ley se los impedía y, sin embargo, asistieron a la cena. Tres semanas después, aproximadamente, desecharon la controversia.
EL PROBLEMA que podría haberse desatado a raíz de este aparente acto ilícito podría llevar a que los ministros mencionados perdieran la inmunidad que les confiere la ley, para ser juzgados.
LA PENA a que podrían hacerse acreedores, en caso de que se les encontrara culpables, va de los tres a los ocho años de prisión y una multa de hasta mil 500 salarios mínimos.
EL ASUNTO tiene que ser investigado inmediatamente por las autoridades correspondientes, en este caso la Procuraduría General de la República, puesto que se trata de un hecho público del cual podría desprenderse un gecho ilícito.
PERO SEGURAMENTE la PGR esconderá la cabeza y dejará pasar este otro desacierto de la justicia mexicana. Ni modo.
Palabras que matan
ƑSOSPECHA? šNO! Sospechosismo. Soy totalmente Palacio.
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