Cambio normativo

Penas severas a traficantes de órganos

ENRIQUE MENDEZ Y ROBERTO GARDUÑO

La Cámara de Diputados aprobó ayer modificaciones a la Ley General de Salud, con objeto de evitar el tráfico de órganos y sancionar a quien lucre con trasplantes, así como establecer la obligación de los médicos de guardar el secreto profesional y promover una instrucción especializada para paramédicos y conductores de ambulancias, con la finalidad de garantizar una atención prehospitalaria de calidad a quienes sufren accidentes.

Asimismo, aprobó dos puntos de acuerdo: el primero para que se restituyan los apoyos económicos a la joven Paulina Ramírez Jacinto -a quien el gobierno de Baja California obligó a continuar con su embarazo, producto de una violación, cuando ella pretendía abortar-, y el segundo un exhorto al Centro Mexicano de Escritores para que en lo sucesivo respete los derechos de maternidad de sus becarias y no vuelva a repetirse el caso de la escritora Ninett Torres, a quien le fue retirado el apoyo por estar embarazada.

En la sesión ordinaria, el pleno cameral aprobó sin discusión los dictámenes de reformas a diversos artículos de la Ley General de Salud. Así, se acordó modificar los artículos 333, 461, 462 y 462 bis y adicionar el artículo 329 para reglamentar la donación de órganos y castigar con mayor severidad a quien pretenda lucrar con trasplantes.

Los diputados aprobaron sanciones de cuatro a 15 años de prisión y multas de 300 a 700 días de salario mínimo general vigente, a quien saque o pretenda sacar del territorio nacional órganos, tejidos o partes extirpados de seres humanos vivos o de cadáveres.

Si el responsable es un profesional, técnico o auxiliar de la salud, serán sancionados con la suspensión de su ejercicio médico hasta por siete años, y al responsable o empleado de un establecimiento donde ocurra el deceso de una persona y se le extraiga un órgano, se le impondrán de cuatro a nueve años de prisión y multa de 5 mil a 12 mil días de salario mínimo.