Frenk atiza el escándalo en Provida, dice ONG

Elude la Ssa enfrentar la problemática del aborto

ANGELES CRUZ MARTINEZ

El aborto es un problema de salud pública de alto impacto social, pero no puede ser atendido directamente por la Secretaría de Salud (Ssa). Así respondió la dependencia a la tercera comisión de la Comisión Permanente del Senado de la República, con lo que lejos de resolver la demanda de las organizaciones civiles en torno al mal uso de los recursos públicos por parte de Provida, "lo ha complicado más".

Pilar Muriedas, presidenta de Salud Integral para la Mujer, calificó de grave que el secretario de Salud, Julio Frenk Mora, reconozca en un documento oficial que se desentiende de su responsabilidad de garantizar el derecho a la salud de las mujeres y que prefiere delegar esa responsabilidad en organismos como Provida, cuyo principal objetivo con los Centros de Apoyo a la Mujer (CAM) era, supuestamente, evitar que las mujeres interrumpan sus embarazos, sin importar la razón de los mismos ni las consecuencias para la vida de las mujeres y sus hijos.

El pasado 30 de agosto, Frenk Mora compareció ante legisladores para explicar el caso Provida y la presunta malversación de los 30 millones de pesos que le fueron asignados en 2003. Por falta de tiempo algunas preguntas se quedaron pendientes con el compromiso del funcionario que en fecha posterior enviaría sus respuestas por escrito, lo cual ya ocurrió.

Una de dichas respuestas tiene que ver con la explicación del procedimiento y los criterios para la asignación de los recursos a Provida. Ahí, el secretario nuevamente refiere que dicha entrega se dio en acatamiento a las instrucciones del Congreso de la Unión, en particular del entonces presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Luis Pazos.

Enseguida asegura que el proyecto de los CAM se "alinea" con el Programa Nacional de Salud del sexenio. Dice que se aprobó el financiamiento porque "el citado proyecto es considerado de alto impacto en materia de salud y que el tema específico sobre el cual se desarrolla no es susceptible de ser atendido por la Ssa de manera directa derivado del carácter jurídicamente perseguible del aborto clandestino en nuestro país".

Con su respuesta, aseguró Pilar Muriedas, el secretario deja ver claramente que la Ssa carece de la capacidad y del interés para resolver el problema del aborto que de manera legal e ilegal se practica en el país, y además que no existe ninguna estrategia del gobierno federal para hacer efectivo el derecho a la interrupción del embarazo en los casos permitidos por la ley, cuando es producto de violación, por ejemplo.

Por su parte, Daphne Cuevas, integrante del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, resaltó que con la entrega del presupuesto a Provida, el gobierno federal asume que la mejor manera de resolver el problema del aborto clandestino -que además de ser un delito pone en peligro la vida de las mujeres- es evitar su realización, convenciendo a las mujeres con mentiras, violando sus derechos y la normatividad sanitaria en la materia, la cual establece el derecho de las usuarias de los servicios de salud a disponer de información verídica, oportuna y confiable.