Parientes y dependencias coordinan acciones contra la Patrulla Fronteriza

Demandas de justicia en el sepelio de tres mexicanas que se ahogaron en el Bravo

En lo que va de 2004, 253 guanajuatenses han sido asesinados o han fallecido al intentar ingresar sin documentos a territorio estadunidense, según cifras del gobierno

MARTIN DIEGO RODRIGUEZ CORRESPONSAL

Cortazar, Gto., 29 de septiembre. Este miércoles fueron sepultados en el panteón municipal de esta localidad los cuerpos de María Guadalupe Gómez Patiño, Adriana Martínez Gómez y Carmen Bustamante, las tres indocumentadas que hace una semana fallecieron ahogadas en el río Bravo, cuando presumiblemente fueron apedreadas y obligadas a regresar a territorio mexicano por agentes de la Patrulla Fronteriza de Eagle Pass, Estados Unidos, una vez que ya habían penetrado a territorio estadunidense.

El objetivo de las tres mujeres, junto con otros habitantes de La Gavia, comunidad de Cortazar, era llegar a Tennesse, donde se reunirían con familiares para trabajar en labores domésticas y de servicio. "Ya iban con el trabajo asegurado, pero no pudieron llegar", se comenta en la ranchería.

Durante el cortejo fúnebre los cuerpos fueron transportados hasta el cementerio y una pequeña comitiva acompañó a los deudos, mientras pedían justicia: "no tenían razón para tratarlas así, no eran delincuentes".

Entre música de viento, los cuerpos de las migrantes fueron depositados en las gavetas compradas con la cooperación de los pobladores.

Irma Bustamante Aguirre, hermana de Carmen, insistió en que "este caso no se puede quedar así, porque, por ejemplo, ella dejó tres hijos, ¿quién los va a mantener? Nosotros no podemos, si los policías no hubieran actuado así ella no hubiera muerto y una parte de nosotros tampoco".

Otros familiares manifestaron su intención de interponer una denuncia penal contra la Patrulla Fronteriza y para los trámites legales han solicitado el apoyo de la Dirección de Atención a Comunidades Guanajuatenses en el Extranjero, de la Secretaría de Gobierno estatal.

Cifras de esta dependencia indican que en lo que va del año han muerto 253 guanajuatenses por homicidios o en su intento por cruzar la frontera.

En este ambiente, Enrique Martínez Cárdena, vocero de la presidencia municipal, confirmó que la delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) solicitó el traslado de Mario Ortega Villanueva y Gerardo Cerritos Ortega para que funjan como testigos en caso de establecerse un juicio contra los agentes que apedrearon a las mujeres.

Por separado, el secretario de Desarrollo Humano y Social del gobierno estatal, Justino Arriaga Silva, confirmó que se solicitó a la Oficina Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos, mediante la SRE, que profundice las pesquisas para identificar a los responsables del "despiadado y cruel acto contra nuestros connacionales; estamos pidiendo que se realice una investigación abierta con la Patrulla Fronteriza para deslindar responsabilidades".

Finalmente, el mandatario de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks, insistió en que solicitó a la Conferencia Nacional de Gobernadores el apoyo para que se elabore una protesta conjunta contra las acciones que se toman contra los connacionales "no lesionando los tratados internacionales, pero sí exigiendo un trato más humano y digno para los mexicanos".