México no ha ratificado estatutos
internacionales para catalogar como crímenes de guerra y lesa
humanidad violaciones a los derechos humanos de las mujeres
A la fecha, México no ha ratificado
los estatutos de la Corte Penal Interamericana con los cuales se podría
catalogar como crímenes de guerra y de lesa humanidad a la violación,
el abuso sexual, la tortura, la prostitución forzada, la trata
de personas, el secuestro, el acoso sexual en el lugar de trabajo, la
esterilización y el embarazo forzado.
Es una pena, expresó Gabriela Rodríguez Huerta, directora
de la licenciatura de Derecho en el ITAM, "pues a pesar de que
ha habido avances en los ámbitos político y civil, el
caso de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, representa una
violación grave y masiva a los derechos humanos", lo anterior,
durante su intervención en la conferencia: Acuerdos internacionales
en materia de derechos reproductivos de las mujeres y su implementación
en México.
Aunque México ha signado acuerdos internacionales para que las
mujeres tengan acceso al ejercicio libre de sus derechos sexuales y
reproductivos, el Estado se "desatiende" de prestar los servicios
médicos y de atención sanitaria a las mujeres más
necesitadas. Durante muchos años, "las mujeres fuimos internacionalmente
ignoradas por la comunidad mundial para recibir el reconocimiento y
protección otorgado por los instrumentos internacionales",
pero ahora que se cuenta con ellos, los poderes de la Unión y
la sociedad no deben "seguir tolerando" la discriminación
femenina por pobreza, enfatizó la ministra de la Suprema Corte
de Justicia, Olga Sánchez Cordero.
Las mujeres necesitan conocer y ejercer sus derechos consagrados en
los instrumentos internacionales y exigir la inclusión de la
perspectiva de género en la interpretación y aplicación
de las normas; buscar la eliminación del lenguaje sexista y los
estereotipos de género que ponderan al sexo masculino y devalúan
a las mujeres. Asimismo, los jueces, legisladores y el poder Ejecutivo,
también deben conocer esa normatividad y aplicarla, agregó
Gabriela Rodríguez Huerta, directora de la licenciatura de Derecho
en el ITAM.
Marta Lamas, presidenta del Grupo de Información en Reproducción
elegida (GIRE) dijo que es necesario que los grupos de la sociedad civil
promuevan e informen sobre los derechos reproductivos, como una forma
de "democratización" de las políticas públicas.
No basta, aseguró, con reconocer que los derechos reproductivos
son derechos humanos, tiene que acompañarse con mecanismos que
permitan la protección real de sus contenidos normativos y la
apropiación y vivencia de estos derechos por las personas. (Aleyda
Aguirre)
