Impunes en BC funcionarios que afectaron
a Paulina
En Oaxaca se negó el aborto legal a joven violada;
es 舠delito de Estado": Micher
-- Exige el Colectivo Huaxyacac investigar y reparar
daños causados a María
Aleyda Aguirre
Cuando aún está pendiente
ejercer acción penal en contra de quienes impidieron que Paulina,
joven de Mexicali, abortara en 1999 de forma legal el producto de una
violación, un nuevo caso se suma a la lista de violaciones al
estado de derecho. En esta ocasión le tocó a Oaxaca, por
lo que organizaciones integrantes del colectivo Huaxyacac demandaron
se investigue, sancione o destituya a aquellos/as que no cumplieron
con el artículo 316 del Código Penal que permite el legrado
en determinadas causales.
En los dos casos, las consideraciones morales intervinieron para impedir
que estas mujeres ejercieran su derecho, establecido en los Códigos
Penales de sus estados. En Oaxaca, según denunciaron organismos
civiles en conferencia de prensa, están involucradas la Secretaría
de Salud, directivos y personal médico del Hospital General 舠Dr.
Aurelio Valdivieso舡; la Agencia del Ministerio Público
Especializada en Delitos Sexuales, y la propia Comisión Estatal
de Derechos Humanos, pues impidieron se hiciera efectivo en hospitales
de salud pública el derecho al aborto que solicitó de
manera voluntaria María.
La joven de 19 años, tiene una discapacidad auditiva; fue violada
por su tío en junio pasado y quedó embarazada. El 10 de
agosto presentó la denuncia penal ante la Agencia del Ministerio
Público Especializada en Delitos Sexuales, así como la
solicitud de interrupción del embarazo.
Luego de múltiples trámites y esperar 21 días para
poder obtener la autorización del aborto, la joven ingresó
el primero de septiembre al hospital Aurelio Valdivieso, donde permaneció
41 horas en vano, pues no se le practicó el aborto debido a que
por "órdenes superiores" el procedimiento médico
había sido suspendido. El tres de septiembre exigió junto
con su madre, salir del nosocomio, y la interrupción legal tuvo
que llevarse a cabo en otro lado.
Durante su internamiento, María "fue sometida a sufrimiento
innecesario" pues antes de que se le negara la práctica
del legrado lícito, los médicos decidieron realizar un
aborto "medicamentoso" y luego intervenir quirúrgicamente.
Se le aplicó syntocinon, sustancia que produce contracciones,
y al mismo tiempo la prostaglandina llamada Prepidil que ocasiona el
reblandecimiento y dilatación del cérvix.
Integrantes del colectivo Huaxyacac denunciaron que de acuerdo con la
opinión de especialistas consultadas por ellas, dicho medicamento
es utilizado en embarazos avanzados y "con ese tratamiento era
de esperarse que no hubiera respuesta efectiva para provocarle el aborto
a María, quien de acuerdo con el ultrasonido que le efectuaron
en el Hospital General sólo tenía 13 semanas de gestación.
Según el documento Manejo de las complicaciones de embarazo y
parto: guía para obstetrices y médicos, del Departamento
de Salud Reproductiva e Investigaciones Conexas de la Organización
Mundial de la Salud, si el embarazo es de menos de 16 semanas -como
en el caso de María- se aconseja utilizar Citotec y Ergotrate
vía intravenosa para acortar el tiempo de la inducción
del aborto y evacuar el útero con la técnica de aspiración
manual endouterina (Ameu).
Huaxyacac no se explica la actuación del sector salud oaxaqueño,
quien fue capacitado y sensibilizado desde 1995 en materia de derechos
sexuales y reproductivos de las mujeres. Además evidenció
la nula información proporcionada a la familia de la joven y
las organizaciones que la acompañaron. Autoridades de distintas
dependencias, "aterrorizaron" a María y a su madre,
buscando el "desistimiento" de la petición legal para
interrumpir el embarazo, argumentando "vacíos legales"
que en todo caso corresponde a las autoridades subsanar y no a la víctima,
aseguraron.
Al visitador de guardia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
(CEDH), Cuauhtémoc Cortés Ramírez, informaron,
se le buscó el 28 de agosto y se negó a levantar la queja.
Vía telefónica "regañó" a la madre
de María y a su abogado por no haber acudido antes. Dijo que
no podía ir a las oficinas a atenderles porque "ya era de
noche" y "no era un caso urgente".
El colectivo también puso en tela de juicio la actuación
de la agente del Ministerio Público Especializado en Delitos
Sexuales, Fulvia Rocío Hernández Cruz, quien retrasó
varias semanas la emisión de un documento en el cual se autorizaba
la interrupción legal del embarazo de María, pese a las
instrucciones recibidas por el Procurador General de Justicia del Estado,
Rogelio Chagoya Romero.
Representantes de cerca de 60 organizaciones civiles oaxaqueñas,
concentradas en el Colectivo Huaxyacac, exigieron la investigación
inmediata, imparcial y a fondo de los hechos, fincar responsabilidades
a los y las funcionarias que resulten culpables de los múltiples
daños causados a María, reparación del daño;
legislar para reformar el Código de Procedimientos Penales y
la Ley Estatal de Salud, a fin de que las mujeres que así lo
deseen puedan hacer real su derecho a interrumpir un embarazo en los
casos permitidos por la ley: por imprudencia de la mujer, violación,
cuando corra peligro la vida de la madre y por causas eugenésicas
graves. Así como la homologación de la ley.
Siguen impunes
quienes impidieron aborto legal a Paulina
Paulina del Carmen Ramírez, la joven de Mexicali a quien las
autoridades de Baja California le negaron en 1999 el aborto legal por
violación al que tenía derecho, en visita a la Ciudad
de México pidió a la Cámara de Diputados su intervención
para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
acepte su caso y se le pueda indemnizar.
Las comisiones unidas de Justicia y Derechos Humanos, Equidad y Género,
Niñez, Adolescencia y Familias, presentaron ante el pleno de
la Cámara de Diputados cuatro puntos de acuerdo para solicitar
al gobierno de Baja California cumpla con dar el apoyo prometido a Paulina
y a su hijo; reforme la legislación en materia de interrupción
legal del embarazo, que las mujeres tengan acceso a este derecho; pedir
a la Comisión Nacional de Derechos Humanos verifique el cumplimiento
de las recomendaciones que emitió en el año 2000 y apoyar
a Paulina en su petición de que la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos acepte el caso.
Desde hace un año, la diputada perredista, Marcela Lagarde había
solicitado a las autoridades bajacalifornianas, restituyeran íntegramente
los apoyos económicos para salud y educación que recibía
Paulina, quien fue violada cuando tenía 13 años -ahora
tiene 19-, sin embargo, esta petición no fue escuchada y la joven
vive en condiciones precarias, con un sueldo de 500 pesos semanales
y no puede continuar con sus estudios por la manutención de su
hijo.
Tanto Paulina como su abogada, Socorro Maya, explicaron que a la fecha
nadie ha sido castigado por haberle impedido su derecho a abortar de
forma legal, solamente dictaron sentencia a uno de sus agresores y el
otro continúa prófugo de la justicia y ni siquiera se
le está persiguiendo.
Diputadas y diputados de las comisiones antes mencionadas, evidenciaron
el nulo compromiso del gobierno de Baja California, de contribuir a
disminuir el daño causado a Paulina, proporcionándole
el apoyo necesario. Han solicitado audiencias con el gobernador, Eugenio
Elorduy, aseguraron, y a la fecha no han tenido ninguna respuesta.
Pareciera que la intención del ejecutivo local, señaló
Maya, es que el delito prescriba. La diputada perredista, María
Elena Micher, propuso por su parte que Paulina se reúna con el
presidente de la República, Vicente Fox, porque es un asunto
de "trascendencia nacional"; es importante dar a conocer qué
es lo que está pasando con el acceso de las mujeres a la justicia
en el país. La negación del aborto legal "es un delito
de Estado", puntualizó.
Nadie de Baja California se interesa en su caso, señaló
Paulina, a partir de que tuvo a su hijo Isaac -el cual ahora tiene cuatro
años- se "olvidaron por completo". Ni siquiera aquellos
que le pasaron videos para que no abortara, ni quienes la amenazaron
con excomulgarla, han estado presentes para apoyarla y ayudarla a mantener
a su hijo.
Paulina se dijo decepcionada de los representantes gubernamentales de
toda la república mexicana: "me sigo dando cuenta de que
siguen habiendo más Paulinas, es algo que no se olvida jamás".
Su hijo, dijo, es como su sobrino, porque es su madre, María
Elena Jacinto quien lo cuida, ya que ella trabaja en una fábrica
de noche y de día descansa.
Por su parte la legisladora perredista, Marcela Lagarde expresó
que no es tan sencillo que la Procuraduría General de la República
atraiga el caso de Paulina, porque no ha podido hacerlo con los asesinatos
de Mujeres de Ciudad Juárez, Chihuahua, sin embargo, señaló
que la Cámara de Diputados debe hacerle un "llamado de atención"
al gobernador de Baja California y exigirle una reunión para
tratar "ya no hablar de reparación del daño",
sino reconstruir el estado de derecho y que las mujeres puedan ejercer
su derecho al aborto en los casos que lo permite la ley.
