| .. | | | México D.F. Miércoles 6 de octubre de 2004 |
Asambleístas en San Lázaro
 La
irrupción de asambleístas capitalinos en el salón
de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro es un acto deplorable
y ajeno a la civilidad republicana que debiera normar la interacción
entre las instituciones del país. Pero, sin afán de justificarlo,
es también una pequeña muestra de las consecuencias, en el
ámbito de la gobernabilidad, del uso faccioso de esas mismas instituciones
por la alianza entre panistas y priístas que constituye un cogobierno
de facto.
En efecto, el atropello perpetrado por los diputados locales
en el recinto de los federales no puede entenderse si no se pone en el
contexto de la campaña de hostigamiento contra el actual jefe de
Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador,
por el grupo gobernante y de sus aliados priístas. Ante el impacto
de los episodios mediático, propagandístico y judicial de
ese acoso, suele olvidarse la ofensiva presupuestal de panistas y priístas
contra la autoridad capitalina; tal ofensiva empezó, precisamente
en San Lázaro, desde los inicios del gobierno de Cuauhtémoc
Cárdenas, en 1998, con recortes presupuestales injustos e injustificados
y con drásticas reducciones a los límites permitidos de endeudamiento.
No se trataba, como no se trata ahora, de racionalizar el gasto ni de establecer
términos más equitativos en los recursos que se destinan
a las entidades federativas: tales recortes fueron y siguen siendo intentos
por disminuir políticamente a los sucesivos gobernantes perredistas
del Distrito Federal. Poco ha importado a panistas y priístas que,
en el camino, se afecte gravemente la calidad de vida, la seguridad y el
bienestar de los capitalinos. El mensaje para ellos pareciera decir, en
todo caso, que se merecen el castigo por haber desairado en las urnas los
logos albiazul y tricolor.
El más reciente intento en este hostigamiento presupuestal
pasa, incluso, por una reforma constitucional (al artículo 122,
que norma las potestades institucionales del Distrito Federal) que pretende
trasladar al gobierno capitalino todas las responsabilidades de la educación
básica y media, pero sin entregarle los recursos presupuestales
correspondientes. Se busca, de esta forma, colocar a la administración
capitalina en una encrucijada: desviar a la educación recursos de
obras viales o sociales, o bien de las acciones de seguridad pública;
dejar a una parte de la población sin servicios escolares o decretar
un drástico aumento de impuestos.
Aunque el propósito real de la intentona sea obstaculizar
una eventual candidatura presidencial del actual jefe de Gobierno, PRI
y PAN recurren en el discurso a una supuesta desigualdad presupuestal que
favorecería a la capital de la República en detrimento de
las otras entidades. De esa forma se azuzan las animadversiones de éstas
contra aquélla, se impulsa en forma por demás peligrosa la
confrontación entre mexicanos y se alienta la percepción
de un mapa nacional dividido por preferencias partidarias.
Semejante irresponsabilidad es ilustrativa, a su vez,
del creciente y palpable desdén de los representantes populares
federales por los intereses y las necesidades de sus representados. Ajenos
al principio de rendición de cuentas y a la consideración
de que son, en rigor, empleados a sueldo de la ciudadanía, los diputados
muestran más entusiasmo en defender los intereses de los banqueros
que en preservar la unidad nacional; más interés en atentar
a cualquier costo contra los regímenes de pensiones que en cuidar
el bienestar de la población; más empeño en golpear
y destruir a los reales o presuntos rivales políticos de sus partidos
que en forjar los consensos que el país necesita.
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