Miguel Concha

Relevo en la CNDH

Una de las instituciones constitucionales que marcan con relativa solidez nuestros atropellados cambios democráticos -atropellados por el uso faccioso de muchas de ellas- es, indudablemente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La otra es el Instituto Federal Electoral, cuyos peligrosos retrocesos ya todos conocemos, por la forma como se designó a su último presidente y a los integrantes de su Consejo General. Pues bien, el Senado de la República se enfrenta ahora a la grave responsabilidad de decidir si la consolida, pensando en el futuro de la nación y en las expectativas de la sociedad, o si, como en la Cámara de Diputados, la negocia por intereses partidarios.

En efecto, luego de reiterados reclamos de las organizaciones sociales, con el fin de establecer un procedimiento abierto, transparente y participativo, el pasado 23 de septiembre aprobó por fin un punto de acuerdo para que su Comisión de Derechos Humanos le proponga al pleno una terna de candidaturas para suceder al actual presidente, o de lo contrario, privilegiándolo, no religiéndolo, como dice el artículo 102, apartado B, de la Constitución, simplemente se le ratifique.

Felizmente nos hemos enterado que, siguiendo el precepto constitucional y lo que recomiendan para estos casos las organizaciones internacionales de protección a los derechos humanos, muchos senadores están dispuestos a considerar con atención otras candidaturas que de manera fundamentada les están proponiendo muchas organizaciones, representativas de los distintos sectores de la sociedad. Ello hará que la decisión que tomen esté legitimada socialmente, por la equidad en la contienda y la voluntad genuina de responder a las demandas de la ciudadanía, pues son muchas las candidaturas alternas, como se ha informado, que se les están presentando.

Para asumir una decisión madura requieren no únicamente de nombres y currícula, que ciertamente los hay, y muy buenos, sino sobre todo de criterios cualitativos, pensando antes que nada en el bien de la institución y en el futuro democrático del país. Es por ello muy importante que con la misma o mayor atención consideren las evaluaciones que distintas organizaciones sociales, como FUNDAR, la Academia Mexicana de Derechos Humanos, el Proyecto Atalaya, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y el propio diagnóstico de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre la Situación de los Derechos Humanos en México, etcétera, les están presentando sobre los últimos cinco años de gestión en la CNDH, teniendo en mente el marco jurídico del país, el sentir de la población, las competencias de la institución y lo que exigen a este tipo de instituciones los estándares internacionales de protección a los derechos humanos.

Es por ello, también, muy importante que con base en esto consideren con igual cuidado el perfil de las candidaturas que se necesitan, y no únicamente se queden en una evaluación superficial de nombres y opiniones. "La participación civil, y en especial la de la comunidad de defensoras y defensores de derechos humanos -les escribió el pasado 5 de octubre a este respecto Amnistía Internacional, desde Londres-, no debe ser una simple presentación formal de posibles candidatos, sino un proceso abierto y dinámico para discutir y acordar los criterios de selección de los candidatos idóneos. Esta interlocución es fundamental para lograr el fortalecimiento e independencia de una institución tan importante en materia de derechos humanos como lo es la CNDH". Y por ello les recomendó que en sus análisis tengan en mente los principios relativos al estatuto y funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos, aprobados por la Asamblea General de la ONU el 20 de diciembre de 1993, y las recomendaciones que para el mismo efecto y sobre el mismo tema publicó Amnistía Internacional el 1Ɔ de octubre de 2001. Con muchas otras organizaciones civiles, pienso que quien encabece la CNDH en los próximos cinco años debe llenar al menos los siguientes requisitos:

1. Amplia trayectoria y experiencia probada en la defensa y protección de los derechos humanos. 2. Conocimiento probado del derecho internacional de los derechos humanos. 3. Cercanía y conocimiento de las comisiones estatales de derechos humanos, con una propuesta de coordinación y apoyo para un sistema público eficiente de protección a los mismos. 4. Cercanía, conocimiento y colaboración profesional con las organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos, con la misma estrategia de fortalecer un sistema público de protección a los mismos. 5. Contar con una propuesta de trabajo coherente para fortalecer a la CNDH como un instrumento fundamental de Estado para el desarrollo justo, pacífico y democrático del país