355 ° DOMINGO 10 DE OCTUBRE DE 2004
355 ° DOMINGO 10 DE OCTUBRE DE 2004|
De braceros a "trabajadores huéspedes" Mexicanos en la lista negra ARTURO CANO Y ALBERTO NÁJAR Los jornaleros con visa H-2A son apenas
una pequeña porción de la mexicanizada agricultura estadunidense,
que emplea entre 2 y 2.5 millones de trabajadores nacidos en territorio
nacional. Marginales en número, representan el modelo que muchos
poderosos preferirían en Estados Unidos. El esquema es sencillito:
que vayan, trabajen allá con los menores derechos posibles y regresen
a México al terminar las cosechas.
Joel, un duranguense de 41 años, ha dejado los pulmones y los kilos en los campos de Estados Unidos. De Carolina del Norte volvió cargado de insultos pero con sólo 54 kilogramos de peso. En abril, en su pueblo a 60 kilómetros de la capital de Durango, Joel pesaba 76. Ahora anda en Kansas, en las yardas (de jardinero), quizá un poco más flaco. Joel Quiñones va y viene cada año. Nunca, sin embargo, ha arriesgado el pellejo en el desierto ni le ha pagado a un pollero. Bueno, no al menos a un pollero de indocumentados. Joel pasa con papeles y empleo seguro, igual que cerca de 80 mil usuarios de las visas de "trabajadores huéspedes", privilegio de las empresas que demuestran que ningún estadunidense quiere los puestos de trabajo que ofrecen. Ocho mil 500 de esos "huéspedes" van a Carolina del Norte, el estado que ocupa mayor número en el campo y donde coinciden decenas de ellos entrevistados por Masiosare, reciben los peores tratos. La historia comienza en las decenas de poblados mexicanos hasta donde llegan los hilos de la North Carolina Growers Association (Asociación de Granjeros de Carolina del Norte, o NCGA, por sus siglas en inglés), que fija las reglas y decide los destinos de miles de jornaleros. La NCGA gana en ambos lados. En Estados Unidos, los granjeros al mismo tiempo sus socios y representados pagan 500 dólares por trabajador. En México un jornalero desembolsa al menos una cantidad similar para conseguir el puesto temporal. En un número incontable de casos, sin embargo, los campesinos gastan mucho más porque deben sobornar al enganchador para ser incluidos en las listas de quienes obtendrán las visas. El pago llega a los mil 500 o hasta 2 mil dólares. Unos 35 mil campesinos mexicanos viajan a Estados Unidos con visas llamadas H-2A (la otra parte, de visas H-2B, es para trabajadores de servicios). Son apenas una pequeña porción de la mexicanizada agricultura estadunidense, que emplea entre 2 y 2.5 millones de jornaleros nacidos en México, como la mitad indocumentados, según cifras oficiales (se calcula que 81% de los trabajadores agrícolas en Estados Unidos nacieron en el extranjero y, de ellos, 95% son mexicanos). Marginales en número, los trabajadores con visa H-2A con duración de seis a 12 meses representan el embrión de un modelo migratorio que preferirían muchos en Estados Unidos. El esquema es sencillito: que vayan, trabajen allá con los menores derechos posibles y regresen a México al terminar las cosechas. La propuesta migratoria que el presidente George W. Bush esbozó, sin llegar siquiera a presentarla al Congreso, supone una fórmula similar. Por lo pronto, las visas H-2A se conceden a condición de que los patrones den a los jornaleros, entre otras cosas, vivienda y alimentación, un salario por arriba del mínimo federal (8.06 dólares contra 5.50), y la garantía de laborar al menos tres cuartas partes del tiempo estipulado en el contrato. Los jornaleros con visa son, en este sentido, trabajadores "caros", por lo que muchos empleadores siguen prefiriendo a los indocumentados. ¿Por qué entonces más de mil rancheros de Carolina del Norte un estado con largo historial de abusos laborales que le viene desde el esclavismo prefieren a los "trabajadores huéspedes"? "Simplemente porque son más disciplinados, porque si quieren regresar el año siguiente tienen que cumplir su contrato", dice Jorge Sicsik, un contratista duranguense que trabajó 13 años para la NCGA en ambos países. Es una explicación parcial. Los cultivos intensivos de Carolina del Norte, ciertamente, requieren muchas manos, pero, por otro lado, los granjeros viven presionados por las grandes agroindustrias que compran sus productos y les imponen estrictas condiciones de calidad y tiempos de entrega. Aquí entra la NCGA, la cual garantiza a cambio de los 500 dólares por cabeza que al cliente nunca le faltará mano de obra. Si un ranchero requiere 15 trabajadores para su cosecha de tabaco, contará con ellos toda la temporada, aun cuando los despida a todos. La NCGA se los repondrá siempre, por otros más sumisos, menos cansados o simplemente más a su gusto. Claro, para que ese modelo funcione es preciso excluir a los "inservibles". Eso lo sabe bien Daniel García Benítez vecino del municipio Francisco I. Madero, Durango, igual que Quiñones, quien a pesar de su mala experiencia en Carolina del Norte porta una cachucha con la leyenda "Kelly Farms. Broadway, NC". Los Kelly cosechan tabaco. Un día, a mediados de 2002, Daniel y otro jornalero recibieron la orden de cargar una mesa de metal que normalmente deben alzar cuatro personas. Su compañero no pudo y un pico de la mesa terminó encajado en la quijada de Daniel. Lo llevaron a una clínica rural. Daniel pidió ir al hospital, pero el médico, luego de coserlo, no lo consideró necesario. "Está bueno", coincidieron los patrones. En los días siguientes Daniel tuvo malestares y pidió a sus patrones que llamaran al seguro médico, que por obligación deben contratar los granjeros. "¿Cuál aseguranza? No hay", respondía la señora Kelly. Comúnmente, dice el contratista Sicsik, los rancheros se niegan a llamar al seguro para evitar que la temporada siguiente "les suban la prima". A Daniel García le faltaban dos meses de contrato. Los pasó "cargando tabaco de ladito, así, torcidillo, con dolores en el cuello y la espalda". Se levantaba a trabajar, a pesar del dolor, dice, "porque oía a mis chavalitos llorando de hambre". Cuando se dio cuenta de que los patrones jamás llamarían al seguro, Daniel pidió asesoría jurídica y se negó a firmar la "renuncia voluntaria". "No quería dinero, sino que me dejaran como llegué", dice ahora, en su pueblo de Durango, donde sobrevive haciendo trabajos de albañilería. Solicitar la intervención de Ayuda Legal una oficina que atiende casos de personas de escasos recursos y se sostiene con fondos públicos es un pecado que la NCGA no perdona. "Lo tratan a uno como una cosa que ya no
sirve", resume el jornalero.
"No conozco de una lista negra más grande en la historia de Estados Unidos", dijo Lori Elmer, abogada de la oficina de Ayuda Legal en Carolina del Norte, y representante de nueve jornaleros que el 19 de abril pasado presentaron una demanda contra la Asociación y más de mil patrones. "La lista de la NCGA eclipsa incluso a la infame lista negra de Hollywood en su tamaño, alcance, y de seguro, en el sufrimiento que causa", completó entonces la abogada. Unos 15 mil jornaleros, a lo largo de los años, han sido incluidos en esa lista, clave de las ganancias millonarias de Stan Eury, el dueño de la NCGA. Una parte de los trabajadores van a dar a la lista negra porque no terminan su contrato. "Es muy pesado y estoy malo de la cintura. A los dos meses le avisé al patrón que me iba", confiesa, por ejemplo, José Román, residente en la capital de Durango, y cuyo nombre y teléfono aparecen en una de las partes de la lista de la cual Masiosare tiene copia. Sin embargo, muchos otros jornaleros van a la lista negra simplemente por quejarse de las condiciones de trabajo, solicitar explicaciones sobre descuentos en sus pagos o pedir consejo legal. No es extraño, tampoco, que los jornaleros terminen en la lista por enviar paquetes a través de una empresa "no autorizada" o sólo porque a un granjero o un empleado de la NCGA se les da la gana. Del mismo modo, los trabajadores pueden salir de la lista si llegan a un arreglo con los enganchadores. De una de las hojas de la lista negra, por ejemplo, fue borrado el nombre de Roberto Briceño Núñez. En la hoja correspondiente aparece su nombre escrito a mano, seguido de esta palabra: "Perdonado". En hoja aparte se anota el significado de las claves: T para Terminated, NOP para "se regresó en transporte no autorizado" y X para "terminado para siempre". Por supuesto, el transporte es otro negocio de la Asociación. El negocio tiene su maña. La NCGA infla el número de trabajadores requeridos y el periodo en que habrá empleo para ellos. Así consigue que a sus socios nunca les falte mano de obra. Cuando baja el ritmo de las cosechas, la NCGA ofrece a los trabajadores la opción de firmar la "renuncia voluntaria". Esa fórmula "permite a la NCGA eludir el pago del transporte de regreso (a México) y otras garantías del contrato", pues la condición es que los jornaleros lo completen, según un informe de la Oficina del Inspector General del Departamento del Trabajo de Estados Unidos, fechado el 31 de marzo pasado. Como los granjeros ya han pagado el transporte a la NCGA, en la demanda presentada en abril se asegura que con esta triquiñuela la Asociación ha ganado ilícitamente cientos de miles de dólares. El "sistema de ganancias ilícitas" de la NCGA, dicen los demandantes, viola la Ley contra el Crimen Organizado de Carolina del Norte. Las ganancias de los enganchadores contrastan con las penurias de miles de trabajadores que piden préstamos para los gastos de la visa y que, al no ser recontratados, se quedan sin empleo y con deudas que los consumen. Daniel García, por ejemplo, debe ya, con intereses, 80 mil pesos de los préstamos que pidió para el viaje y luego para las consultas médicas. No tiene manera de pagar y ya está pensando en entregar a la prestamista del pueblo, la maestra Lucita, su única herencia: un terrenito que le dejó su padre. Por eso lamenta, con su voz aguda y apresurada, no poder regresar al norte: "Ya nunca me van a pedir porque les eché a la Ayuda Legal". A unos pasos, sus tres hijos comen "con los 20 o 30 pesitos que me pasa mi suegro para las tortillas". Cuando la cuña aprieta
Señores, ustedes no cumplen su contrato hasta que regresen acá. Si no vienen, no son elegibles para regresar dice el hombre desde el balcón, en un video del que Masiosare posee copia también. Abajo, un grupo de recién llegados escucha atentamente las instrucciones, las amenazas y las quejas: Cada año gastamos 300 mil dólares en defendernos de los Servicios Legales; así que cuando les lleguen los abogados, ¡aguas!, porque quieren quitarles a ustedes su trabajo. La NCGA distribuye entre los jornaleros folletos en los cuales se explica ampliamente que la intervención de las oficinas de Ayuda Legal ha "matado" el programa de visas H-2A en Nueva York, Maryland y Florida. Una advertencia más, sobre el regreso: sólo se valen una maleta y una mochila pequeñas. "Los meten en camionetas hechos bolas, cachete con cachete", explica Sicsik. Y, además, en sus vehículos. Los directivos de la NCGA lo son también de NTEX Transit, una compañía de transporte que hace el viaje de Carolina del Norte a la frontera. ¿Y si el jornalero decide irse en otro más barato? Pues simplemente va a la lista negra. Ah, y por último, la NCGA recomienda que hagan sus envíos de dinero a través de Amerimex, "que está pagando el dólar a mejor precio". En ese galerón, los más viejos saludan a un conocido y los nuevos escuchan por vez primera los regaños de Santos Orellana, un empleado de la NCGA de origen salvadoreño, quien suele anticipar a los jornaleros el trato por venir: "¡Muévanse, pinches mexicanos, que aquí no están en su país donde pueden tirar una cáscara de banana y patearla en el suelo!". Para que la cuña apriete ha de ser del mismo palo, o de uno parecido. Los cigarros y los arbolitos Los agricultores de Carolina del Norte tienen el tercer ingreso agrícola más alto de Estados Unidos (2 mil 36 millones de dólares en 1998). En los campos de ese estado se cultivan tabaco (primer lugar nacional, con más de 83 mil hectáreas y una producción con valor de casi 800 millones de dólares en 1999). También tienen el primer lugar nacional en producción de camote, el segundo en pepino y arbolitos de Navidad, y el cuarto en cultivos de invernadero. En 1991, el Departamento del Trabajo sólo aprobó 2 mil 245 visas H-2A para esa entidad. En 2000, de la mano del crecimiento del enganche en México, fueron aprobadas 10 mil 608. Los primeros trabajadores llegan en febrero, aunque el grueso lo hace entre abril y junio. Su estancia se prolonga hasta las últimas cosechas, a principios de noviembre, con excepción de un pequeño grupo que trabaja en los arbolitos de Navidad. Las visas H-2A iniciaron en 1986 y Carolina del Norte tiene el mayor número de trabajadores huéspedes en la agricultura. Un patrón enojado CHAHUATITLA, HGO. El patrón llegó de malas. Dan Honeycutl, propietario de una extensa finca tabacalera en Vass, Carolina del Norte, recorrió las filas donde un centenar de mexicanos hacía pacas de 700 libras de tabaco. No cesaba de quejarse ni de repartir regaños por la lentitud de los trabajadores y el dineral así decía que le costaba contratarlos. En ese grupo no había indocumentados de a 5.50 dólares la hora, sino puros jornaleros con visa (que el año pasado ganaban, por ley, 7.75 dólares la hora). Por eso Honeycutl andaba emberrinchado: nadie parecía hacer caso de sus instrucciones en inglés. Claro, del grupo de mexicanos sólo un par entendía algunas palabras. Leoncio Acosta Guerrero comprendió que era mejor apurarse. Sin embargo, la mujer con quien hacía las pacas mantuvo el ritmo de revisión minuciosa de las hojas de tabaco. El patrón se acercó a la pareja y jaló el fardo con violencia. "Le quise ayudar y empujé el tabaco con la pierna, recuerda Leoncio tres años después, pero el gringo estaba tan encabronado que soltó la prensa y me machucó". Leoncio sintió que la bota se llenaba de sangre, pero sigiuió en lo suyo porque "había mucho jale y el patrón quería todo rapidito". Al anochecer, en el dormitorio, uno de los capataces vio el charco rojo. "Me llevaron a una clínica particular, pero nomás me pusieron una gasa y me dieron una pastilla para el dolor", cuenta. "El patrón nomás levantaba los hombros, ni siquiera una disculpa me dio". Leoncio Acosta, de Chahuatitla, Hidalgo, una comunidad de 70 casas en el sur de la Huasteca, trabajó con el dedo fracturado tres meses más, hasta el fin de la temporada de tabaco de 2000. Por ese sacrificio esperaba por lo menos una recomendación para trabajar en el corte de árboles de Navidad, lo cual significiaría un mes más de ingresos y posibilidades de cobrar tiempo extra. No fue así. Sin indemnización ni disculpa, Leoncio fue enviado a México. Las remesas de la sobrevivencia En Chahuatitla todos recuerdan el 2001 como el año en que Leoncio estuvo a punto de quedarse inválido. Leoncio fue el primero en irse con visa H-2A, hace nueve años, y gracias a sus contactos otros 50 jóvenes lo hicieron. Los dólares sirvieron, a cinco familias, para construir casas de cemento y ladrillo. Dos más compraron camionetas para transporte colectivo. Hasta ahí. A los demás el dinero se les fue en pagar los préstamos para financiar el viaje, a los usureros de la zona, con un 25% de interés mensual. Las remesas de la sobreviviencia, pues. El pueblo no tiene agua potable ni teléfono. El aparato más cercano está en Hacienda de Cahuazas, a una hora montaña abajo. Tampoco hay médicos: los enfermos son llevados cuando hay vehículo disponible hasta Chapulhuacán, a dos horas de una terracería frecuentemente bloqueada por deslaves y niebla. En este panorama los dólares son la única alternativa. Por eso la urgencia de ser contratados. Y por eso la tragedia de Leoncio. "Daba lástima verlo caminando con un palo, con la cara arrugada por el dolor", recuerda su hermano Luis. Los remedios caseros no sirvieron, recuerda el campesino. "Tenía el dedo negro sin poderlo mover, tomé un té y me puse una yerbita pero me quemó la piel". No había para más. De Estados Unidos le mandaron decir que ya no iba a ser contratado porque, enfermo, no servía para el trabajo. Por si fuera poco, el agiotista le exigía los 7 mil pesos del viaje del año anterior. "Y eso que es mi cuñado". ¿Y qué hizo? Le pedí un plazo para pagar, pero el siguiente año tampoco aparecí en las listas. Entonces me acordé de los abogados de Ayuda Legal y les llamé. Cada año, los abogados distribuyen entre los jornaleros cartillas en las cuales se explican, en español, los derechos que tienen al ser contratados con la visa H-2A y se da un número telefónico al cual llamar en caso de problemas. Pocos lo hacen: en cuanto las cartillas son repartidas, los finqueros obligan a los campesinos a entregarlas, so pena de no volver a ser contratados. El castigo del camote En la siguiente temporada de tabaco de abril a septiembre las acciones de Ayuda Legal obligaron a la NCGA y al finquero Honeycutl a llevar de regreso a Leoncio y pagar sus tratamientos médicos. La Asociación, sin embargo, no permitió que regresara al tabaco y lo envió a levantar camote, un cultivo que tiene una temporada muy corta. El castigo apenas empezaba. Leoncio Acosta presume que es capaz de levantar hasta 50 cubetas de camote en una hora, el doble que otros jornaleros. Cada cubeta de 15 kilos se paga a 45 centavos. Los rancheros miden la productividad con las cubetas y los jornaleros deben llenar al menos 20 para recibir 7.75 dólares por hora. Leoncio fue enviado a tres patrones diferentes, con la consigna de fregarlo. "Me daban los surcos con menos camote para que rindiera menos y tener pretexto para decir que no trabajaba; luego mandaban al mayordomo y si encontraba cualquier cosita me descontaba la cubeta entera". Por si fuera poco "a los patrones les daba gusto patearme las cubetas y obligarme a recorrer todo el surco para levantar de nuevo el camote; y no es poco, son como 60 metros en cada uno". El resultado es menos dinero al final de la semana, lo cual se suma a otra práctica común entre los granjeros de Carolina del Norte: descontar hasta cuatro horas trabajadas a cada uno de los jornaleros. "Somos como 10 mil y a cada uno le quitan ese tiempo. Es un dineral el que nos roban". Todo patas arriba
Baldemar Velásquez conoce bien esas cifras y no se hace ilusiones. Con George Bush o John Kerry las cosas seguirán igual, dice. Este hombre nacido en Texas, organizador sindical desde hace 37 años, que comenzó a trabajar en un campo de algodón antes de cumplir los 10, define así las condiciones de los indocumentados mexicanos en los campos estadunidenses: "Son trágicas y vergonzosas". Con todo, ahora Velásquez anda optimista, aunque pragmático como siempre. Acaba de firmar un contrato con los mismos rancheros que lo mandaron a la cárcel en 1998, igual que hicieron con dos compañeros suyos apenas hace tres meses. Velásquez, hijo de una migrante potosina, es presidente del Comité de Organización del Trabajo Agrícola (Farm Labor Organizing Committee, o FLOC, por sus siglas en inglés), un sindicato afiliado a la AFL-CIO, la central sindical más grande del vecino del norte. Hace unos años, Velásquez organizó un boicot contra la compañía Campbells. La enlatadora de sopas aceptó finalmente pagar un seguro médico a los jornaleros del jitomate de Ohio. Con el mismo esquema, hace cinco años se lanzó contra la Mount Olive Pickle Company, la principal vendedora de pepinillos en escabeche del sur de la costa este de Estados Unidos y segundo lugar nacional en pepinillos no refrigerados. Y volvió a ganar. La empresa se había ido doblando conforme los promotores del boicot lograron apoyos significativos, como el del Concilio Nacional de Iglesias. Pero el golpe decisivo llegó en junio, cuando consiguieron el respaldo de la asamblea nacional de la iglesia metodista, a la cual pertenece Bill Bryan, dueño de la Mount Olive Pickle. Luego de tres rondas de votación debido a la resistencia encabezada por los delegados de Carolina del Norte, "que son muy racistas" los sindicalistas ganaron con 55% de los votos. El acuerdo se firmó el pasado 16 de septiembre en una iglesia de Raleigh, Carolina del Norte, como informaron en La Jornada Jim Cason y David Brooks al día siguiente. Junto a Bryan y Velásquez estuvo otro personaje central de esta historia: Stan Eury, el poderoso dueño de la NCGA. La Mount Olive Pickle comercializa los pepinillos cosechados por 60 miembros de la NCGA y es muy exigente, como todas las grandes procesadoras de alimentos clientes de los granjeros, con la calidad y oportunidad de la cosecha. Claro, esta y otras grandes empresas fijan los precios. La decisión de la empresa de pepinillos con la que se firmó un acuerdo complementario orilló a la NCGA a aceptar el primer contrato colectivo en la historia de los "trabajadores huéspedes". A partir de la firma, 8 mil 500 jornaleros pueden afiliarse al sindicato. En dos semanas, el FLOC obtuvo 2 mil afiliaciones. "Este contrato es comenzar de nuevo, hemos puesto todo patas arriba", dice Baldemar Velásquez, en México, donde estuvo esta semana para entregar a Zoyla, una indígena de la Montaña de Guerrero, los 110 mil dólares que ganó en una demanda por la muerte de su marido, Urbano Ramírez Miranda, en los campos de Carolina del Norte, y hablar sobre su reciente victoria. Una victoria que, por cierto, tiene sus críticos incluso en el mundo sindical estadunidense, donde muchos dirigentes ven a los trabajadores temporales como ladrones de los empleos y al modelo de contratación como una forma moderna de esclavitud. "Me cuestionan si ahora apoyo el programa de visas H-2A, y les respondo que apoyo solamente a los que están sindicalizados", dice Baldemar Velásquez. El triunfo cobra una relevancia mayor dada la tradición antisindical de Carolina del Norte, donde solamente 3% de los trabajadores pertenecen a una organización gremial. "Hasta John Sweeney (el presidente de la AFL-CIO) me estaba preguntando cómo le hicimos". Curiosamente, entre los más felices con el acuerdo, al menos en lo que toca a los pepinillos, están los propios granjeros. La explicación es simple: la Mount Olive se comprometió a elevar el precio de los pepinillos 10% a lo largo de los próximos tres años. Los granjeros que extiendan el beneficio a los jornaleros recibirán una prima de 3% sobre el precio del producto. En el pepino, los jornaleros reciben 44% del valor de lo que recogen. Con el acuerdo ganarán alrededor de 12 dólares por hora. Mexican Union Aunque todavía no tiene clara su estrategia, Baldemar Velásquez anunció esta semana que abrirá una oficina en Monterrey. Se trata, dice, del primer paso para la eliminación de vicios en la contratación de trabajadores en México, que conduzca a la eliminación de la lista negra. Según el acuerdo firmado con la NCGA, se contratará preferentemente a los jornaleros con antigüedad. La NCGA y el sindicato buscarán el respaldo de autoridades mexicanas para eliminar las mordidas que los jornaleros pagan para ser incluidos en las listas. Que se sepa, ninguna autoridad mexicana ha investigado siquiera estos casos. El convenio también prevé la creación de comités tripartitas granjeros, autoridades y sindicato para supervisar y mejorar las condiciones de vida, trabajo y salud de los jornaleros. Igualmente, el sindicato se comprometió a trabajar en el aumento de la productividad. "Somos un sindicato, pero tenemos que pensar en la forma como está estructurada la industria. Es una estrategia para ganar el apoyo de los granjeros", dice Velásquez. Para el líder sindical, las cifras oficiales sobre la presencia de mexicanos en el vecino país se quedan cortas. El calcula que en el sur de Estados Unidos hay 3 millones de indocumentados y 400 mil sólo en Carolina del Norte. El principal logro del contrato, en la mirada de Velásquez, no está escrito: su firma establece "un estándar para el resto de la industria agrícola", en especial para aquellos rancheros que siguen contratando sólo indocumentados. Una tarea que se antoja titánica, pues aunque el programa de "trabajadores huéspedes" es pequenísimo comparado con el universo de los jornaleros en Estados Unidos, en sólo tres semanas el FLOC ya recibió mil quejas. A Baldemar Velásquez no se le disipa el optimismo: "Ahora vamos contra los competidores y contra las compañías de tabaco, para que creen un fondo de pensiones". Demanda binacional La Farmworker Justice Fund, Inc., y la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) presentaron, en febrero de 2003, una demanda ante la "oficina administrativa nacional de México al amparo del TLC". En la demanda afirman que "los gobiernos federal y estatal (de Estados Unidos) no han observado ni aplicado efectivamente las legislaciones laborales pertinentes a los trabajadores agrícolas bajo el programa H-2A." Según el documento, Estados Unidos viola los artículos 3 y 4 del Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (ACLAN), al privar, total o parcialmente, a los trabajadores con visas H-2A de los más elementales derechos que tienen otros trabajadores del campo. Los jornaleros con visa, dicen por ejemplo, quedan "explícitamente excluidos de la Migrant and Seasonal Agricultural Worker Protection Act (AWPA), la legislación federal más importante para los trabajadores agrícolas". Una ley que ofrece garantías de empleo, salarios, vivienda y transporte seguro. La larga espera Elisa Lozano es la enganchadora en Hidalgo. Lleva tres años en el negocio y cobra 3 mil 800 pesos, que los campesinos deben pagar por adelantado. Ella dice que su labor sólo es revisar los documentos y poner en contacto a los trabajadores "con la organización que los lleva con los granjeros". A ojo de buen cubero selecciona la "gente de campo, que conozca de las tareas agrícolas y que aguante las jornadas". Los campesinos deben tener además pasaporte y dinero para los trámites y para los viajes a Monterrey y Estados Unidos. Claro, todo eso no garantiza una visa. Además hay que caerle bien a Elisa Lozano o lograr que ella cumpla sus promesas. Cualquier día, afuera de la casa que le sirve de oficina en Pachuca, es posible toparse con campesinos que esperan ser incluidos en la lista de contratados. Dos de ellos contaron que llevaban un año en busca "de la licenciada", a quien 12 meses atrás pagaron la cuota. "Antes tenía una oficina en la central (de autobuses) pero luego se fue y no supimos dónde, hasta que nos dijeron que andaba por acá. Y aquí estamos, a ver si este año sí salimos en la lista". Las manos sangran, pero sólo
los primeros días
Presume Joel su capacidad de trabajo: "Los haitianos son muy buenos para la sandía, muy fuertes, pero yo les aguantaba el paso". Joel ha cosechado melón en Indiana. Se le hace agua la boca cuando recuerda la comida que le daban en el rancho Melon Acres Inc., y habla maravillas de su patrón en ese estado. En Carolina del Norte, en cambio, todos los días había pleitos por la estufa, los baños, las lavadoras y los ventiladores. De Indiana sólo recuerda la "buena comida, el buen alojamiento, los baños suficientes; y había jabón y cloro en abundancia para lavar la ropa". Por esas razones Joel quiso volver a Indiana el año pasado. Logró que el patrón lo pidiera, con todo y su hijo, además. Joel entregó 400 dólares y sus papeles a la enganchadora de la NCGA, pero nunca se pudo ir. El 9 de junio de 2003 entregó su pasaporte a Guillermo Morales, en Monterrey, y se lo retuvieron hasta el 27 de agosto, cuando ya la visa de ocho semanas había expirado. Aunque hizo innumerables llamadas a Durango y Monterrey no logró que le entregaran su pasaporte. Que el consulado se había quedado con el documento, le decían. Fue una hazaña que le devolvieran su dinero. Hizo dos viajes a Monterrey, pagó hotel y comidas para nada. En Durango capital, la esposa del contratista Matus había sido clara con él: "Aquí podemos hacer lo que queramos con nuestros trabajadores". Cuando se lo devolvieron, su pasaporte tenía anotados los datos del ranchero en la parte de atrás: "Michael Horral (el nombre del patrón). Joel Quiñones Medina. 13406. Melon Acres, Inc. MOA. Zona 2". Le devolvieron su dinero dos meses y medio después. "Casi se los tuve que sacar a golpes". Joel sólo está encanijado con la NCGA y los rancheros de Carolina del Norte. Ahora anda en Kansas, como se dijo al principio. Otra vez con la visa H-2A, que en su última incursión a Indiana le permitió mandar a su familia 3 mil 600 dólares. "Y todavía regresé con mil 500". Eso recuerda Joel de Indiana. Porque de Carolina del Norte se queda con el patrón que los levantaba al grito de "buenos días, hijos de la chingada", en su traducción del "good morning, motherfuckers". En México, cierto, Joel Quiñones
jamás ganaría el dinero que suda en los files. Aquí
gana en un día lo que allá en una hora. Los jornales del
campo mexicano hacen pensar que quizá sólo haya una diferencia
esencial: en Carolina del Norte le mientan la madre en inglés.
Al frente de la oficina en Monterrey está Mike Bell, de 42 años, quien se describe a sí mismo como un paladín de los jornaleros mexicanos. Dice que fue voluntario en los Cuerpos de Paz en Honduras, enseñó inglés cinco años en Corea del Sur y a su regreso a su natal Carolina del Norte se dio cuenta de que algo había cambiado: aquello estaba lleno de mexicanos y trabajó para ellos en los servicios estatales de empleo y de salud. Pero, sigue, se dio cuenta de que necesitaban más y decidió "ir allá, a ayudarles". Y vino. Llegó a Monterrey, jura, con sólo mil dólares en la bolsa. Creó en 2000 la empresa Manpower of America (MOA) para reclutar campesinos mexicanos. Claro, antes de venir a México había trabajado para Stan Eury, el dueño de la NCGA, quien ahora es, dice, sólo uno de sus clientes. "Tengo una compañía mexicana en México", insiste Bell. Para el duranguense Jorge Sicsik, quien trabajó como agente de la NCGA en ambos países durante 13 años, Bell no tiene sino una fachada en México de la Asociación de Granjeros de Carolina del Norte. "Es su negocio, ellos son los dueños". Sicsik sostiene que a través de su empresa en México, la NCGA maneja unas 13 mil 500 visas temporales al año. La mayor parte de sus clientes está en Carolina del Norte, pero también envía trabajadores a Georgia, Indiana, Mississippi, Texas y Ohio. Bell asegura que su empresa cobra 105 dólares por realizar todos los trámites ante el consulado y por otros gastos, en tanto que los enganchadores en los estados reciben una comisión de 40 dólares por trabajador. Los jornaleros entrevistados coincidieron en que pagan a MOA entre 400 y 500 dólares por cada visa de trabajo. El consulado se queda con 200 dólares, 100 por la entrevista y 100 por expedir la visa. Si la aritmética vale, la NCGA se lleva cada ciclo agrícola un millón 300 mil dólares, con lo que cobra aquí y allá. Esto, claro, sin contar las mordidas que muchos jornaleros pagan para ser incluidos en las listas. La errada visión de los "idealistas gringos" ¿MOA ha tenido alguna vez problemas con los trabajadores? Por ejemplo, ¿con jornaleros que hayan sufrido maltratos en Carolina del Norte? "We dont have any relation with that", dice Bell, quien campechanea sus dos idiomas y responde en inglés las preguntas incómodas. A su lado siempre, su empleado René Urbano completa la respuesta: "Lo único que hacemos es el papeleo. Ya lo que pasa allá no es cosa nuestra". Tiene razón. Trabajadores, abogados y organizaciones campesinas sostienen que uno de los principales vicios de la madeja de contratistas de la NCGA es que, a la hora de los problemas, nadie es el patrón responsable. Héroe de los campesinos mexicanos al fin, Bell afirma que lo que ellos ofrecen "es mucho mejor de lo que tienen aquí (sus condiciones de vida en México), pero hay un servicio de abogados (Ayuda Legal) que creen que no es bueno, es un problema ideológico". Urbano, quien siempre insiste en explicar a su jefe, dice que "desde el punto de vista de los idealistas gringos" los jornaleros la pasan mal. Pero la gente que "se manda" vivía antes "en casas de palitos, en la tierra" y cuando llegan allá tienen lavadora, bóiler y estufa cuando en sus lugares de origen "cocinan con leña". "Los idealistas gringos van a decir que les estamos mandando esclavos, porque un gringo vive en la alfombra, tienen televisión y ven los muchachos trabajando y lloran, mucha gente hace colectas para regalarles cosas", completa Urbano. Aunque asegura que la mayoría de los jornaleros son gente que sólo va a trabajar, Bell se queja de que algunos usan la visa sólo para cruzar la frontera y que, una vez del otro lado, se fugan. "Es contra la ley. La migra dice: Este contrato dice que vas para allá a trabajar con este buey, con esta asociación, si no, si sale de este trabajo, usted, señor, es un ilegal, es una felonía. Pero nadie investigar eso, ellos son criminales". ¿Lista negra? Claro que no existe. Bell reconoce que cuando el jornalero es bebedor, peleonero o no termina el trabajo, sus clientes dicen: "Esta persona es terminada, y reportada al consulado, y el consulado dice que no va a dar visa esta persona porque no termina contrato y lo regresan México, pero no hay lista negra". Hablar de una lista negra, para Bell "es una técnica que usan para gente que no les gusta el programa, como Servicios Legales, eso es socialismo". Minucias ideológicas aparte, Bell admite que exigen a los trabajadores la firma de pagarés: "Necesitamos algo, porque es muy fácil para ellos mentir y decir al agente: voy a cumplir todo". Son tantas sus ganas de ayudar a los más desprotegidos, que Bell ha querido enviar a los campos de Estados Unidos a indígenas del sur de México. Se ha topado con dos problemas. Uno, que los granjeros no quieren pagar los pasajes desde lugares tan lejanos como Oaxaca o Chiapas. El otro lo enuncia así: "Tengo mucho interés, pero el problema es que no tienen dinero. Mucha gente sale de Oaxaca para cruzar la frontera ilegal. ¿Dónde consiguen dinero para pagar los polleros? Yo pensé que lo tenían". Bell, finalmente, jamás ha tenido
problemas con autoridades mexicanas e incluso ha visitado Los Pinos. Hace
lo mismo que antes, dice, pero ahora le pagan: "Esto es un negocio, no
soy Madre Teresa, podría hacer otro tipo de negocio, pero no me
gusta, para mí es lo mismo que Cuerpo de Paz, pero en Cuerpo de
Paz no tenía ningún dinero, y es mucho mejor que la gente
cruce la frontera así que con los coyotes. No sé por
qué la gente quiere buscar a Stan Eury diciendo que es malo".
Sus vecinos de Francisco I. Madero lo sabían y un día le pidieron un favor: que llamara al patrón para el que habían trabajado en Estados Unidos. Desde entonces la gente no paró de llegar. Luego lo visitaron los patrones estadunidenses y Sicsik comenzó a pagar anuncios radiofónicos. El negocio marchó tan bien que Sicsik envió a su hermano Jesús a Guanajuato y a su cuñado a San Luis Potosí, a reclutar trabajadores. El año pasado, la empresa enganchadora le dejó de pagar sus comisiones y Jorge Sicsik se volvió su adversario, luego de más de 13 años de colaborar con la NCGA. Ahora, por ejemplo, es testigo contra la NCGA en una demanda emprendida por Ayuda Legal a nombre del trabajador Antonio Martínez, quien se animó a demandar porque no le devolvieron el importe del pasaje. Sicsik vive en la cabecera municipal de Francisco I. Madero, Durango. Su labor de contratista no le ha impedido ser presidente municipal (de 1995 a 1998) y candidato perdedor (por el Partido Acción Nacional, al que pertenece desde 1986) en los recientes comicios. En la planta baja de su casa funcionan una zapatería y su oficina de contratista, pues lo sigue siendo aunque en menor escala. Conocedores de las entrañas de la NCGA, Jorge y Jesús Sicsik tienen incontables historias sobre los abusos en Carolina del Norte. Cuando algún jornalero se enferma o queda incapacitado temporalmente, cuentan, los rancheros solían decirles: "Llévatelo, ya no sirve. Has de cuenta que son apestados", dice Jesús, quien incluso vivió allá cuatro años, trabajando para la asociación. Los hermanos Sicsik recuerdan especialmente a algunos granjeros. A Robert Ham, por ejemplo, porque "le teníamos que reponer la gente a cada rato; con nadie estaba contento". Una mañana, Jesús le llevó a un grupo de recién llegados. Ham ordenó que lo esperaran a la sombra de un árbol. A las siete y media de la noche, los jornaleros al fin se animaron a llamar por teléfono a Jesús: Aquí seguimos esperando dijeron, después del largo viaje desde México y sin haber comida en todo el día. A ese mismo ranchero tuvieron que obligarlo a cambiar los colchones de la barraca, porque ya tenían los resortes de fuera. Dadivoso, fue a una tienda del Ejército de Salvación por unos usados. Peor les sucede a los jornaleros que provienen de zonas frías y osan meterse al tabaco. Apenas llegan a los plantíos, dice Jorge Sicsik, "se sueltan vomitando". Para ellos, "no hay medicina ni nada". Simplemente los corren y los reportan a la Asociación, que se encarga de no echarlos de vuelta. Otras veces los obligan a firmar una "renuncia voluntaria" y los amenazan con "llamar al sheriff" o de plano a la migra. Sicsik sigue enviando trabajadores a Estados Unidos, gracias a los contactos que hizo durante más de una década. Por eso también ve las cosas desde el punto de vista de los rancheros. En 1990, dice, ellos pagaban 4.25 dólares por hora. En este ciclo pagan 8.06 dólares. "Pero la producción de los ranchos no ha crecido". Al final, quienes pagan el precio son los
jornaleros, porque "ahora, en lugar de contratar cinco, un ranchero contrata
tres para el mismo trabajo".
"Si alguien es reclutador es su negocio. Nuestro interés es que no les cobren demasiado para que no tengan la tentación de quedarse", decía Adam P. West, vicecónsul estadunidense en Monterrey, en una entrevista a principios de este año. La lógica consular simplemente indica que si un trabajador dice en la entrevista que ha pagado más de lo que puede ganar en un mes, el jornalero tendrá la tentación de quedarse en Estados Unidos para pagar la deuda que contrajo en México. El único castigo posible a la empresa enganchadora sería no darle más visas. Pero, al parecer, el consulado suele ser muy laxo a la hora de verificar los antecedentes de los enganchadores. "Generalmente nos basta la palabra de la compañía" que solicita los trabajadores. En la temporada de cosecha, el consulado en Monterrey concede unas mil entrevistas diarias y rechaza entre 5 y 15% de los solicitantes. Daniela Bove, responsable del área de fraude del consulado, admite que hay enganchadores que cobran hasta 500 dólares por un lugar en la lista. O más, porque llegan a cobrar hasta 3 mil dólares. Aceptan un adelanto de 800, dice, y al llegar a Estados Unidos todavía deben 2 mil 200. Los contratados "tienen que trabajar sin sueldo hasta que han pagado todo". También del otro lado se cuecen habas, porque en algunos casos, los jornaleros llegan al lugar de trabajo y no les dan ni el hospedaje ni la alimentación prometidos. Entonces, dice, se ven "forzados a salir de ese trabajo para buscar otro y pagar la deuda". Pero las denuncias de fraudes, dice Bove, son muy pocas. "La gente tiene miedo de hablar con nosotros, pero creo que hay muchos más de los que hemos detectado".
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