El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Juan Ramón de la Fuente; el director del Instituto Politécnico Nacional, Enrique Villa Rivera, y el director adjunto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Guillermo Aguirre Esponda, coincidieron ayer, en declaraciones separadas, en la necesidad de que el gobierno destine mayores presupuestos, y con mayor regularidad, a la investigación científica y tecnológica, rubro en el que el país ostenta carencias graves y una alarmante y creciente desventaja en relación con otras naciones, ya no se diga desarrolladas, sino de una categoría económica similar a la nuestra, como Brasil o la India. Mientras el país invierte miles de millones de dólares en importar joyas o en mantener bancos extranjeros ineficientes y abusivos, o el gobierno multiplica plantillas de empleados de confianza con salarios principescos, el quehacer de científicos e investigadores es obstaculizado por los recursos miserables y decrecientes que se asignan al rubro.

Quienes diseñan y ejecutan las políticas económicas no pueden, pues, emplear la escasez de recursos como coartada, habida cuenta de que existe mucho dinero en las arcas públicas para ser malgastado. El abandono presupuestal de la investigación, la ciencia y el desarrollo tecnológico no tiene como pretexto posible ni siquiera el eficientismo cortoplacista que domina las mentes gerenciales del grupo que actualmente detenta el poder político. Como señaló Aguirre Esponda, los recursos que se invierten en las actividades referidas pueden recuperarse en sólo un año, porque, ante el impacto económico que generarían los proyectos correspondientes, "con la recaudación de impuestos se recuperaría la inversión". Descontada, pues, la miopía económica, da la impresión de que el desdén oficial hacia estas áreas estratégicas e imprescindibles del desarrollo nacional no tiene más sustento que el designio de anclar al país en el atraso, la dependencia y la miseria, designio que armoniza y se complementa, en todo caso, con las necesidades de expansión y control de los capitales estadunidenses, europeos y japoneses, que son los que modulan las reglas de la globalización en curso.

Ante ese panorama, cobran especial urgencia los reclamos de Villa Rivera y de Aguirre Esponda de dotar al quehacer científico y tecnológico del país de presupuestos estables, sólidos y significativos. Pero ello difícilmente podría lograrse si no es en el marco de una reorganización del sistema científico y tecnológico nacional, como la que propuso el rector de la UNAM, y de una política de Estado que se traduzca en una agencia para el financiamiento de la investigación, la ciencia y el desarrollo tecnológico.

Una tarea fundamental de la reorganización referida debe ser la articulación de los centros públicos de educación superior -en los cuales se realiza 80 por ciento de la investigación nacional- y una dignificación de las universidades del Estado, severamente golpeadas a lo largo del presente sexenio, cuyos administradores no parecen tener más ojos que para los planteles privados. Otros factores importantes de la investigación que deben ser rescatados del abandono y de los afanes privatizadores son los institutos nacionales de salud: Cardiología, Nutrición, Enfermeda- des Respiratorias, Cancerología, Siquiatría, Neurología, Perinatología, Pediatría, y Salud Pública.

No parece fácil persuadir al actual gobierno de que se requiere mucho más que discursos, buenos propósitos y cifras alegres para dar impulso decisivo a la investigación científica y el desarrollo tecnológico nacionales y estructurar ese impulso en el marco de una política de Estado como la que reclama De la Fuente; es posible, sin embargo, demandar al Poder Legislativo que se ponga a la altura de sus responsabilidades y garantice la aprobación de los instrumentos legales y de los presupuestos que se requieren para empezar a remontar un atraso de décadas en esas actividades, sin las cuales el país perderá, tarde o temprano, su viabilidad.